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Dimite el director general de Alu Ibérica tras un mes en el cargo y en plena investigación por la venta de las plantas de A Coruña y Avilés

Detalle de una de las fachadas de la factoría de Alu Ibérica en A Coruña.

El director general de Alu Ibérica, Carlos Núñez Zorrilla, ha dimitido solo un mes después de asumir el cargo y después de que, hace dos semanas, agentes de la Policía Nacional entrasen en las plantas de la empresa en A Coruña y Avilés para hacer registros. La Audiencia Nacional está investigando la venta de estas instalaciones, que eran propiedad de la multinacional Alcoa y que fueron adquiridas primero por el fondo Parter en 2019 y luego por el grupo Riesgo menos de un año después.

La policía registra las fábricas de Alu Ibérica en A Coruña y Avilés dentro de una investigación de la Audiencia Nacional por su venta

La policía registra las fábricas de Alu Ibérica en A Coruña y Avilés dentro de una investigación de la Audiencia Nacional por su venta

Núñez Zorrilla comunicó su decisión a la plantilla a través de un escrito, informa Europa Press. No explica los motivos de su marcha, pero sí asegura que entre el 15 de febrero, cuando fue nombrado, y la actualidad se ha avanzado para reforzar las bases para que el de estas dos plantas sea un proyecto de futuro, "como así está planteado".

Tras los registros del 4 de marzo en una decena de inmuebles de A Coruña y Avilés, los agentes detuvieron a cuatro personas, que posteriormente quedaron en libertad con medidas cautelares. La investigación trata de determinar si hubo una despatrimonialización fraudulenta de estas dos fábricas, dedicadas a producir aluminio. Los detenidos fueron el presidente de Riesgo, Víctor Domenech; su socia Alejandra Camacho; el administrador único del grupo, Diego Peris, y el administrador de System Capital, la sociedad administradora de Alu Ibérica, Luis Losada Gómez.

Las instalaciones eran propiedad de Alcoa hasta 2019. La multinacional de origen estadounidense conserva dos plantas de aluminio primario y alúmina en el municipio de Cervo, en Lugo. Su intención de cerrar la primera de ellas y aplicar un expediente de regulación de empleo (ERE) para para más de 500 personas abrió un conflicto con los trabajadores. Tras anular la Justicia el ERE al apreciar mala fe de la empresa, se abrió en enero de este año un nuevo periodo de negociaciones para vender la planta a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

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