Fiscalía y afectados recurren el archivo del caso de la hepatitis C al ver “claros indicios” para juzgar a dos cargos de la Xunta

El pasado 27 de noviembre, más de tres años y medio después de la denuncia de la Fiscalía, el juez instructor archivó la causa de investigación penal por las muertes de varios enfermos de hepatitis C por las que fueron acusados varios cargos de la Xunta de homicidio por “razones presupuestarias”. El magistrado Andrés Lago Louro consideró que no hay indicios de que los investigados fueran responsables de los fallecimientos en un auto que ya ha sido recurrido.

La Plataforma Galega de Afectados pola Hepatite C (PGAH) y la Fiscalía coinciden, aunque por diferentes vías de recurso, en las deficiencias que desde el punto de vista técnico tendría la fundamentación del juez y, sobre todo, en el convencimiento de que hay indicios “de sobra” para la apertura de juicio oral, momento en el que la actuación de los investigados debería ser valorada, nunca antes.

El recurso de apelación que interpuso la Fiscalía ante la Audiencia Provincial se basa en la convicción de que “la actuación de los investigados debe ser valorada en el acto de juicio oral con todas las garantías para las partes” y que, por lo tanto, “tal valoración no debe de ser anticipada por el juez instructor, por corresponderle al órgano de enjuiciamiento”, tal y como destacan fuentes del Ministerio Público.

La Fiscalía pide a la Audiencia que “deje sin efecto el auto impugnado y abra procedimiento abreviado contra los investigados”. Fuentes judiciales conocedoras del recurso recuerdan que hay ocasiones en la que los jueces instructores cierran las causas al entender que no hay indicios de delito. Tanto la PGAH como la Fiscalía creen que, en este caso, los hay más que suficientes para considerar que pudo haber retraso en la aprobación de los medicamentos “por razones presupuestarias”, tal y como había denunciado el Ministerio Fiscal en su denuncia. Y en todo caso, no entienden que no se sustanciase en una fase oral.

Esa es la base del recurso de la Fiscalía, que es amplio --unas 25 páginas-- y que analiza en detalle cuestiones técnicas que considera que no fueron correctamente tratadas por el juez instructor. “La fiscal conoce en profundidad la causa y muchos de los detalles de manera exhaustiva”, advierten fuentes judiciales sobre un recurso que, según la plataforma de afectados, tiene visos de ser aceptado.

Desde la PGAH, su portavoz, Quique Costas, cree que el auto de archivo de la causa “comete un error claro porque prácticamente deja juzgado el caso y absuelve a los acusados alegando que no eran competencia de ellos los hechos que se investigan al ser entonces director general de Asistencia Sanitaria y subdirectora general de Farmacia”, dice, tras advertir, en referencia a Félix Rubial y Carolina González-Criado, de que “no fueron sometidos a este procesos por esos cargos, sino porque eran miembros de la subcomisión que decidía sobre los tratamientos, algo que se obvia”.

“Estamos en instancia instructora y no juzgadora; no estamos en el momento de juzgar y decidir la culpabilidad, sino en la de determinar se hay indicio de comisión de delitos”, insiste Costas, que asume cierta “decepción” por el archivo, pero también “confianza”, al coincidir los recursos de la plataforma con las de la Fiscalía, que advierte también en su recurso de que la actuación de los investigados debe ser valorada en el acto de juicio oral y no debe ser valorada antes por el juez instructor.

El colectivo de afectados presentó un recurso de reforma ante el juzgado instructor, mientras que el Ministerio Público lo hizo con uno de apelación. En el caso de la plataforma, y de ser rechazado el recurso de reforma, presentará otro de apelación también ante la Audiencia.

“No podemos afirmar que la muerte o fallecimiento de los pacientes les sea imputable casusalmente a los investigados”, indicaba el juez Andrés Lago Louro en el auto, donde subrayaba que “el fallecimiento sobrevino por causas ajenas a la demora, omisión o dilación en la tramitación de las peticiones o solicitudes de aplicación de los nuevos fármacos”.

Desde la PGAH confían en que lo que ellos consideran “errores” sean “subsanados” a través de estos recursos. Así, la plataforma recuerda que cada vez que su colectivo o la Fiscalía tuvo alguna diferencia con el juez instructor, la Audiencia ha acabado por darles la razón, como cuando el juez consideró que los investigados no debían ser juzgados por homicidio imprudente y solo por prevaricación.

En cuanto a las reacciones políticas al último auto, Feijóo llegó a instar a la oposición a pedir “disculpas” por poner en entredicho la actuación de dos cargos del Sergas. La plataforma de afectados recuerda que “fue la Fiscalía quien presentó la denuncia que permitió la apertura de este proceso”.

“Desde la Xunta siempre se ha dejado caer una premisa falsa, un relato, aquel que parece indicar que es la oposición o nuestra plantaforma la que denuncia, cuando es rotundamente falso. Me pregunto si cuando Feijóo insta a rectificar se está refiriendo al Ministerio Público”, concluye Costas.