Un juez de Vigo archiva la causa contra el autor del 'tamayazo' y el líder de Manos Limpias por participar en una trama de extorsión

Un juzgado de Vigo ha decidido sobreseer provisionalmente y archivar la causa por supuesta extorsión en la que estaban siendo investigados Eduardo Tamayo, el parlamentario que protagonizó en 2003 un golpe que impidió la investidura de Rafael Simancas (PSOE) como presidente de la Comunidad de Madrid, y el que fue secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard. Junto a ellos, estaban siendo investigadas otras cuatro personas dentro de una presunta trama en la que reclamaban el pago de una deuda a un empresario vigués relacionado con el sector pesquero, que negó la existencia de la misma.

El documento judicial expone que no se puede concluir que haya habido “connivencia” entre los denunciados con el fin de extorsionar a este empresario, quien denunció que estaba siendo amenazado por personas que habían sido socios suyos en distintas empresas. Le exigían, dijo, entregar dinero para evitar que se publicasen informaciones “falsas” que perjudicarían su prestigio profesional y personal, “al relacionarlo con negocios fraudulentos en Guinea”. Implicarían también a cargos políticos.

El resultado de las diligencias practicadas lleva al juez a considerar que los comportamientos de los investigados no son de “intensidad suficiente” para encuadrarlos en la violencia o intimidación necesarias para considerar que se ha producido un delito de extorsión. El auto no aprecia “indicios sólidos de criminalidad” ni en los mensajes recibidos por el empresario en los que se le reclamaba la deuda ni en las llamadas de un periodista que también figura en la causa ni en las conversaciones con otro de los investigados en las que este “invita” a buscar un acuerdo.

El documento, del Juzgado de Instrucción número 8 de Vigo, hace referencia a un mensaje en el que se decía: “Si no pagas, tú sí que sabrás de mí de forma implacable”. Considera que “no se puede descartar” que se refiera a recursos jurídicos. Respecto a los contactos con el periodista, señala que no se puede desechar que se deban a un trabajo de investigación para el medio de comunicación en el que trabaja y, en cuanto a las recomendaciones de buscar un acuerdo de otro de los implicados, podrían ser un “consejo prestado a una persona de su confianza”. Estos son, agrega, los argumentos para exculparse de los propios investigados.

Sobre otros dos denunciados, el documento manifiesta que “no se ha podido acreditar” que sean “el último eslabón de la trama delictiva” y rechaza que se haya pretendido sustentar la intimidación “en consideraciones sobre su aspecto físico”. Contra esta decisión de sobreseimiento y archivo cabe recurso.

Tamayo se enfrentaba, además de a esta causa ahora archivada, a una orden de búsqueda y captura de los tribunales de Guinea Ecuatorial, país en el que figura como residente. El proceso se inició tras la denuncia interpuesta por este empresario vigués, que le acusa de falsear documentación para desacreditarle como parte de la estrategia de extorsión.

Por su parte, Miguel Bernard, ya fue llevado ante la Justicia por prácticas similares. En 2016 fue detenido por la Policía, acusado de extorsiones impulsadas desde Manos Limpias consistentes en exigir dinero a cambio de retirar querellas previamente interpuestas desde el pseudo sindicato. Ingresó en prisión preventiva ese mismo año por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. A principios de año arrancó el juicio en el que la fiscalía pedía la pena de 24 años de cárcel.