El PP obtiene en el Parlamento de Galicia documentación para atacar a ayuntamientos de izquierda
En el año que ha transcurrido de la actual legislatura gallega los grupos de la oposición han ejercido en 174 ocasiones su derecho a reclamar documentos a la Xunta. Como informó este diario, hasta finales de noviembre algo menos de la mitad de las solicitudes formuladas por En Marea, PSdeG y BNG habían sido atendidas, mientras que el resto seguían en tramitación y de ellas, tres de cada cuatro excedían ya el plazo reglamentario de un mes para acercar los papeles o explicar formalmente las razones legales que impiden entregarlos. En el mismo período el PP, como suele suceder con los grupos que sustentan al Gobierno, formuló muchas menos peticiones de documentación a la Xunta. Fueron cinco, y ninguna de ellas se refieren a áreas de gestión del Ejecutivo gallego, sino que todas afectan a ayuntamientos con gobiernos de izquierda.
Tres de esas cinco peticiones fueron firmadas por la viceportavoz de los conservadores, Paula Prado, y las tres se refieren al Ayuntamiento de Santiago, gobernado ahora por Compostela Aberta y donde la parlamentaria fue concejal y portavoz del gobierno municipal del PP en la polémica etapa de Gerardo Conde Roa. La primera petición la formuló el pasado abril junto a la diputada María Antón, actualmente también edil de la oposición en la capital gallega, y fue para reclamar el expediente del servicio de ayuda en el hogar. Este documento fue solicitado a principios de abril, el PP lo recibió en el plazo reglamentario, a finales del mismo mes, y le sirvió para acusar al Ayuntamiento de no emplear todas las horas de ayuda a personas dependientes que la Xunta financia. Según señaló el gobierno de Compostela Aberta, esta limitación se producía porque el gobierno local debía ajustarse hasta este año al contrato heredado del gobierno local del PP. El nuevo, anunció, incluye el doble de horas.
En el mes de mayo Prado formuló la siguiente solicitud, también referida a Santiago. Fue para pedir las “memorias del Centro de Información a la Mujer del Ayuntamiento de Santiago” correspondientes a 2014 -año en el que Feijóo sustituyó al frente de la alcaldía al popular Ángel Currás por su hasta entonces conselleiro Agustín Hernández-, 2015 -año de las municipales- y 2016. El Gobierno gallego le entregó la respuesta en el mes de agosto y Prado la empleó públicamente el pasado noviembre, para cargar con dureza contra la campaña 'En negro contra las violencias machistas' y asegurar que el consistorio compostelano “no atiende a las víctimas” de las agresiones de género porque en dicho expediente constan fondos destinados a obras de instalaciones de la Concejalía de Igualdad y para campañas de sensibilización en este campo.
Según los datos a los que ha tenido acceso este diario, la última solicitud de documentación firmada por Prado es también sobre Santiago, de nuevo fue realizada conjuntamente con la diputada y concejal María Antón y está datada el pasado 9 de agosto. La petición ya fue respondida y en ella ambas diputadas pidieron los expedientes “de las áreas de rehabilitación integral del Ayuntamiento de Santiago” ligadas al Plan Estatal de Vivienda 2013-2016 “y la previsión de prórroga para 2017”.
Documentos de ayuntamientos gobernados por el BNG
Las otras dos peticiones de documentos formuladas por el PP en el Parlamento de Galicia en el primero año de legislatura se refieren a ayuntamientos gobernados por el BNG. Una de ellas la formuló en mayo el actual vicepresidente de la Cámara y líder de los populares en la provincia de A Coruña, Diego Calvo, para pedir a la Xunta una copia del expediente del servicio de ayuda en el hogar del Ayuntamiento de San Sadurniño, que el Bloque gobierna con mayoría absoluta tras obtener casi el 60% de los votos en las últimas municipales. El departamento de Política Social atendió esta solicitud con celeridad en un contexto en el que el PP venía acusando al gobierno local de no atender a todas las personas en situación de dependencia que precisan esta ayuda. Desde el consistorio se había instado los populares a aclarar “cómo obtuvieron los datos de horas y listas de espera”, toda vez que es información personal y no disponible “para consulta pública”.
La que, hasta el momento, es la última petición de papeles firmada por el PP tiene fecha de septiembre y la firma del diputado y también portavoz del partido de la derecha en el Ayuntamiento de Pontevedra, Jacobo Moreira, que pidió documentación “sobre el número de toneladas de residuos, por cómputo mensual y tipo de residuo”, que había remitido el ayuntamiento pontevedrés a Sogama, la sociedad de gestión de residuos participada por la Xunta, “de enero de 2015 a agosto de 2017”. En el pleno municipal pontevedrés de noviembre el propio Moreira esgrimió esta información sin señalar de dónde la había obtenido para censurar que aumentasen las toneladas de desechos enviadas a esta planta de tratamiento, lo que a su juicio es un “claro ejemplo de la deriva del BNG con el compostaje”.
La obtención de documentos sobre ayuntamientos en los que no gobierna no es, en todo caso, una conducta implantada por el PP en esta legislatura, sino que ya la había aplicado en mandatos anteriores. Así, por ejemplo, en el primero año del anterior período legislativo gallego los populares utilizaron la Cámara para obtener un expediente de talleres de empleo del Ayuntamiento de Ribadeo -solicitado por José Manuel Balseiro, actual delegado de la Xunta en Lugo-; la portavoz del PP en Monforte y también diputada, Julia Rodríguez, había obtenido documentos sobre “el estado de la red de saneamiento” de ese municipio y varios parlamentarios conservadores habían pedido, también, “análisis e informes vinculados con los puntos de vertido incontrolado” en el río Gafos, en Pontevedra.
