Dimite la alto cargo de la Xunta condenada a dos años de cárcel por una subvención para unas obras que estaban en fase de finalización

Luisa Piñeiro atiende a los medios en Pontevedra

Apenas unas horas después de que se conociese la sentencia que la condena a dos años de prisión y a ocho de inhabilitación para ocupar un cargo público, la delegada territorial de la Xunta en Pontevedra, Luisa Piñeiro, ha presentado su dimisión. Además, se ha dado de baja en el PP y ha anunciado que recurrirá la decisión judicial para defender su "honorabilidad" y su comportamiento mientras fue alcaldesa de Moraña (Pontevedra).

Condenada a dos años de cárcel una alto cargo de la Xunta por una subvención concedida para unas obras que estaban en fase de finalización

Condenada a dos años de cárcel una alto cargo de la Xunta por una subvención concedida para unas obras que estaban en fase de finalización

Piñeiro ha comparecido en la sede provincial del Partido Popular en Pontevedra y ha dicho estar "sorprendida" por la sentencia. La decisión de renunciar a su actual cargo, para el que estaría inhabilitada con esta condena, la toma para "no perjudicar a las instituciones".

El Juzgado de lo Penal número 3 de Pontevedra la condenó por fraude y como cooperadora necesaria para un delito de prevaricación. La sentencia impone la misma pena a Rafael Louzán, que fue presidente de la Diputación de Pontevedra y ahora está al frente de la Federación Galega de Fútbol, por prevaricación y fraude.

La empresa a la que la Diputación le había concedido en 2011 una subvención para unas obras en el campo de fútbol de Moraña reclamó 86.816 euros más para hacer una certificación. En 2013, se hizo un nuevo proceso de adjudicación por ese importe para unas tareas que en aquel momento ya estaban prácticamente finalizadas, con el fin de dar a la constructora el dinero que pedía, según el fallo. El plan fue ideado, de acuerdo con la jueza, con con la participación de Louzán y Piñeiro, que era entonces la alcaldesa.

Louzán comunicó también este viernes su intención de recurrir el fallo. Defiende su inocencia y sostiene que se le considera responsable de lo ocurrido "por el mero hecho de ser la máxima autoridad" en la Diputación en aquel momento, pero no porque "haya pruebas" que evidencien que él conocía el plan.

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