La portada de mañana
Acceder
El nuevo perfil del paciente en las UCI: joven, sano y con cuadros más graves
La oposición de gobierno e hinchas hace descarrilar la Superliga
Opinión - Guantadas te da la vida, por Elisa Beni

Condenada a dos años de cárcel una alto cargo de la Xunta por una subvención concedida para unas obras que estaban en fase de finalización

Luisa Piñeiro y Rafael Louzán durante el juicio por la adjudicación de una subvención para unas obras en el campo de fútbol de Moraña

El Juzgado de lo Penal número 3 de Pontevedra ha condenado a dos años de cárcel y a ocho de inhabilitación para cargo o empleo público a la delegada territorial de la Xunta en Pontevedra, Luisa Piñero, y al que fue presidente de la Diputación provincial Rafael Louzán. Los delitos por los que se les impone la pena son prevaricación y fraude en el caso de Louzán y el de cooperación necesaria para prevaricación y el de fraude, en el de la alto cargo del Gobierno gallego. La jueza considera que estuvieron de acuerdo para conceder una subvención para unas obras que en realidad estaban ya a punto de finalizarse.

Los hechos sucedieron en 2013. La sentencia considera probado que la Diputación había adjudicado dos años antes a una constructora las obras para instalar hierba artificial en el campo de fútbol de Moraña (Pontevedra) y otras actuaciones en unas edificaciones anexas. Piñeiro era entonces la alcaldesa de este municipio. La empresa incrementó el coste de las tareas en 86.816 euros por una certificación. El fallo indica que la obra estaba siendo ejecutada ya con una subvención, por lo que la ley impedía exceder el importe consignado para pagar esa cantidad a mayores.

Los condenados idearon entonces "un sistema artificioso, en fraude de ley" para entregarle a la constructora el dinero, de acuerdo con la sentencia, que indica que en 2013 se adjudicó de forma irregular otra obra a la misma empresa por ese importe. El fin que se hizo constar era el de mejorar el vestuario y las bancadas del mismo campo de fútbol. En aquel momento, parte de estos trabajos ya estaban finalizados.

Todo ello se hizo "con el acuerdo" de Louzán, actual presidente de la Federación Galega de Fútbol, y de la exalcaldesa y actual delegada de la Xunta en Pontevedra. También participaron en el plan el director de Infraestructuras del ente provincial, condenado a dos años de prisión y ocho de inhabilitación; y el administrador de la constructora y un arquitecto, a los que la jueza impuso dos años de cárcel. Este último no podrá acceder a ayudas públicas en cuatro años.

La lista de condenados incluye a un empleado de la empresa, con una pena de dos años de cárcel, y a los dueños de otras dos constructoras, que accedieron a participar en el procedimiento, negociado y sin publicidad, cuando sabían que no era más que "un mero trámite" para que la constructora adjudicataria recibiera los 86.816 euros que reclamaba. Para ellos la pena es de un año de prisión y dos de inhabilitación para obtener ayudas públicas.

La jueza considera que, cuando los condenados comprobaron que no podían aumentar el coste de las obras iniciales, buscaron "alternativas" para pagar esa certificación y crearon el segundo proyecto para los vestuarios y las bancadas. A esa conclusión llega tras conocer el contenido de las escuchas y de los documentos aportados en el proceso judicial. Louzán, asegura la sentencia, "sabía de primera mano" que la mayor parte de las obras para las que aprobó la nueva subvención estaban ya ejecutadas. Él mismo, agrega, había visitado el campo con ocasión del primer proyecto, que también subvencionó la Diputación. Esta conducta "evidencia una voluntad manifiesta en contra de la legalidad, sabiendo que la subvención que concede es claramente arbitraria y contraria a derecho", indica el documento.

Piñeiro y el que era director de Infraestructuras de la Diputación están condenados como cooperadores necesarios. La exalcaldesa pidió la subvención pese a que sabía que las obras estaban ya terminadas en su mayor parte, indica la sentencia, que considera que el papel del cargo del ente provincial fue buscar "el encaje de la operación". Para ello, "indicó incluso a qué arquitecto como firmante del proyecto debían acudir".

La jueza ordena decomisar la cantidad que la constructora cobró por el segundo proyecto, que es de 86.311 euros, y lo que recibió el arquitecto. La sentencia se puede recurrir ante la Audiencia Provincial de Pontevedra.

Etiquetas

Descubre nuestras apps

stats