El PP rechaza que el Consello de Contas audite las finanzas de los ayuntamientos con cargos imputados
El Parlamento gallego debatió esta mañana las recomendaciones que se le formulan desde el poder legislativo al plan anual del Consello de Contas. Entre otras propuestas, Alternativa Galega de Esquerda pidió que este organismo realizara una auditoría de las cuentas de los ayuntamientos con cargos públicos imputados por distintos delitos e inmersos en investigaciones judiciales en la actualidad, una petición que fue rechazada por la mayoría absoluta del Partido Popular.
El diputado de AGE, Ramón Vázquez, destacó el caso del Ayuntamiento de Lugo, donde funcionan un total de 40 servicios privatizados, entre los que se incluye la recaudación municipal, la grúa, la ORA, las escuelas infantiles, el servicio de ayudas a mayores o el transporte urbano, entre otros, y que le suponen un coste de más de 30 millones de euros anuales a las arcas públicas. Vázquez destacó que muchas de estas áreas están siendo investigadas por distintas irregularidades. El diputado también se centró en el Ayuntamiento de Santiago, con siete ediles sentados actualmente en el banco de los acusados sin que existiera respuesta alguna por parte del PPdeG.
Vázquez calificó de “impresentable” que el PP se niegue a que el Consello de Contas fiscalice estos ayuntamientos “que manejan millones de euros públicos y que están siendo investigados en la actualidad”. Para el diputado de AGE, “queda claro que el PP es cómplice de la corrupción en los ayuntamientos de Galicia” pues “ya no sólo evita tomar acción alguna contra sus imputados sino que impide incluso que se fiscalicen las cuentas para comprobar que no existan realmente irregularidades tal y como se están investigando por parte de los juzgados gallegos”. Ramón Vázquez concluyó que los populares “blindan su engranaje corupto en el que los responsables públicos privatizan servicios municipales a través de concesiones por las que reciben a cambio dinero y regarlos, al tiempo que emplean estas empresas como agencias de colocación de amigos, parientes y allegados. Una cadena de favores para mantenerse en el poder y financiar tanto sus cargos como su partido”.
El BNG pide investigar Sogama o la Cidade da Cultura
Por su parte, el BNG, a través de su portavoz, Francisco Jorquera, propuso ocho líneas de investigación, entre las que destacó la necesidad de elaborar un informe de fiscalización sobre la situación financiera y gestión de Sogama, la Cidade da Cultura y el Igape. El diputado destacó que resulta necesario auditar la situación financiera de Sogama y comprobar si la gestión de los residuos se ajusta a los principios y programas de tratamiento; y recordó el informe correspondiente al ejercicio 2004 que destacaba el “incumplimiento” de la política de gestión de residuos. Diez años después, dijo, “el desastre es aún mayor, el modelo Sogama hizo crack”.
En cuanto a la Cidade da Cultura, el BNG pide “comprobar si la actividad se ajusta a sus fines fundacionales y normas internas, evaluar su eficacia y políticas de gastos”, entre otros fines creada para gestionar los contenidos de “dos edificios que no se van a hacer”, recordó el nacionalista. Jorquera tachó de “zombi” la Fundación que se está usando para costear otras actividades de la Cidade da Cultura y reiteró que “hace falta evaluar la actividad de la fundación y el retorno que está teniendo para Galicia”.
En su intervención, además, propuso fiscalizar las diputaciones provinciales con el fin de analizar la eficiencia en la gestión de gastos e ingresos así como la “legalidad en los procedimientos de contratación”. Por otra parte, destacó que los datos indican un bajo nivel de ejecución con un mayor “presupuesto en el gasto corriente y menor inversión”. El diputado del BNG se refirió a la deuda pública de Galicia, “triplicada” desde la llegada de Feijóo al Gobierno gallego y reclamó la fiscalización de la actividad contractual del SERGAS con un informe especifico de la concesión de obra del Hospital de Vigo para analizar, entre otros aspectos, el incremento de costes derivado del “fracaso del modelo de colaboración público-privada”. El parlamentario concluyó su intervención solicitando una auditoría sobre la eficiencia del recurso a la externalización de servicios contra el fuego y en particular, “de los contratos de la Xunta con la empresa Natutecnia S.L.”.
