El sindicato CIG avisa de que las empresas pueden saber si una baja es por aborto o menstrual: “Hay riesgo de discriminación”

Fue una casualidad la que hizo que una trabajadora gallega que se encontraba de baja descubriese que su empresa -y la asesoría de esta- sabían el motivo por el que tenía una incapacidad temporal. Había tenido un aborto, una cuestión de su intimidad que no deseaba que fuese conocida por su empleador. La mujer consultó con el sindicato al que está afiliada, la CIG, que le aclaró que en ningún caso puede la empresa tener acceso a ese dato si ella misma no lo da de forma voluntaria. Al tirar del hilo, el sindicato se encontró con que las comunicaciones que envía la Seguridad Social contienen un código que permite saber qué causa la baja cuando esta se debe a una interrupción del embarazo, a una regla dolorosa, a que la mujer ha entrado en la semana 39 de gestación o a que tiene COVID no considerado accidente laboral.

La secretaria confederal de Organización de la CIG, Susana Méndez, explica a esta redacción que han registrado ya una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos y han remitido un escrito al Instituto Nacional de la Seguridad Social para pedir que cambie el sistema para comunicar estas situaciones. “Se está produciendo una vulneración del derecho a la intimidad, pero no es la única consecuencia: puede haber una discriminación por motivos de salud y por razón de sexo; una empresa puede decidir no contratarte si cree que vas a tener una incapacidad temporal cada mes o que vas a buscar un embarazo después de un aborto”, expone.

Méndez considera que la situación es “gravísima e intolerable”, en especial porque quien revela datos privados es la propia administración. En el momento de elaborar esta información, el Ministerio de Seguridad Social no había respondido a las preguntas sobre los motivos para trasladar la información de esta forma a las empresas ni posibles cambios en el sistema.

La sindicalista explica que la mujer que puso sobre aviso a la CIG está “muy afectada” por lo ocurrido y, de hecho, ha preferido no narrar directamente su historia. Está estudiando hacer una reclamación patrimonial por el daño. Ella se enteró, según cuenta Méndez, porque “de casualidad” pasó por sus manos una documentación que la asesoría había remitido a su empresa. Allí vio que las dos partes sabían qué le había pasado porque un código identificaba que se trataba de un aborto.

“Las cuestiones de salud están protegidas y la empresa en los partes de incapacidad temporal no tiene conocimiento de los diagnósticos”, insiste Méndez, que señala que elevaron una consulta para conocer si había habido algún cambio al respecto que había pasado desapercibido con la entrada en vigor el pasado mes de junio de la reforma de la ley del aborto, en la que se reconoce por primera vez el derecho a baja por regla dolorosa. Así llegaron a una instrucción de la Seguridad Social derivada de esa ley. Méndez dice que interpreta que la intención legislativa era dar una mejora a las mujeres al considerar situaciones especiales las de las menstruaciones dolorosas, los abortos o entrar en la semana 39 de embarazo. Tienen un tratamiento diferente en el subsidio por incapacidad temporal: normalmente en las contingencias comunes no se cobra ni salario ni prestación en los primeros tres días, pero en estos casos especiales sí se ingresan las cuantías del propio día o a partir del siguiente.

Dado que es la empresa la que paga, aunque de forma delegada, la Seguridad Social incluyó en sus procedimientos de comunicación -el llamado fichero FIE- un código específico para cada uno de estos casos. Pero eso lleva a que, ante la empresa, queden identificadas “clara y expresamente estas situaciones” y que, por lo tanto, le llegue información que pertenece a la intimidad de la trabajadora, advierte la sindicalista. Se vulnera, añade, el propio artículo 20 de esa misma ley, que habla del derecho a la intimidad.

Méndez destaca que se ven expuestas cuestiones “delicadas”: “En el caso de las menstruaciones incapacitantes, es una cuestión muy estigmatizadora y, de hecho, sabemos que fue objeto de burla y mofa cuando la ley reconoció este derecho. Y en el del aborto es evidente que es una situación complicada”.

La CIG confía en que, como consecuencia de la denuncia ante Protección de Datos, la Seguridad Social introduzca cambios para impedir que las empresas puedan conocer el motivo de la baja. “Mientras tanto, se exponen a diario datos de mujeres”, protesta. Considera “increíble” que ninguna de las partes que intervienen se haya dado cuenta en estos meses, “pero especialmente la administración”. Agrega que las trabajadoras lo tenían difícil porque no tienen acceso a esos ficheros en los que aparecen los códigos identificativos. Cuenta que la afiliada que dio el aviso “está muy afectada”: “Que una cuestión que ella no quería que nadie supiese la conociese no solo la empresa, sino la asesoría, le ha supuesto un shock”.