Armengol cree que el Govern “no funciona” y acusa a PP de “abrazar el discurso” de Vox “por miedo”

La secretaria general del PSIB-PSOE y presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha considerado que el Govern balear “no funciona” y ha acusado al PP de que, pese a la decisión unilateral de Vox de romper los 110 puntos de acuerdo de gobernabilidad, haya decidido “abrazar el discurso” de esta formación “por miedo a que le quite votos”.

Armengol se ha pronunciado así este sábado, durante la reunión del Consejo Político del PSIB-PSOE, celebrada en la sede de UGT, en Palma, en la que ha lamentado que como consecuencia del “miedo” del PP a que “desde Vox les quiten votos, porque la extrema derecha va al alza en muchos países”, los 'populares' sean “capaces de defender la política más bestia e irracional que se ha visto nunca, como se está viendo con los discursos que hacen sobre la migración”.

Más ejemplos de que el Govern “no funciona”, según la socialista, se encuentran en las carreteras, donde “tenían que acabar con los atascos y se está más atascado que nunca”, en las calles, donde “en un año han roto la paz social, con manifestaciones muy mayoritarias en contra de la gestión del Govern”, en el BOIB, donde “todo el día cesan y nombran cargos”, y en el pacto por la sostenibilidad donde “las mesas de diálogo se han convertido en monólogos”.

Asimismo, en relación con el principal problema que tiene la ciudadanía de Balears, como es la falta de vivienda, la secretaria general del PSIB-PSOE y presidenta del Congreso ha recriminado al Govern que “quieran continuar haciendo chalés de lujo y vendiéndolos al exterior”, lo cual “es la política del PP de siempre, porque quieren ser la segunda residencia de Europa y porque defienden los bolsillos de unos pocos en lugar del interés general”.

De hecho, Armengol ha puesto el foco en “la inutilidad evidente del Govern”, el cual “tiene viviendas públicas hechas que no entrega, lo que también es ideológica, porque no creen en la vivienda pública, sino que creen que la vivienda es un bien de especulación”.

A todo ello, se añade que “las listas de espera se han disparado y ahora no son transparentes”, que “en educación han provocado un caos como nunca se había visto con los interinos” y que “todavía no han explicado cómo es posible que renuncien a los fondos europeos que lleguen para esta comunidad autónoma, porque renunciar a recursos para hacer más plazas de FP y de escoletas 0-3 no tiene nombre”.

Nueva etapa del socialismo

Frente a ello, Armengol ha apuntado que, con la convocatoria del 41 Congreso Federal del PSOE, al que seguirán los congresos autonómico, insulares y locales, se abre una nueva etapa que “es una gran oportunidad para poner negro sobre blanco y soñar de nuevo, concretando qué quiere hacer el Partido Socialista a partir del año 2027, pactado con toda la sociedad de estas islas”.

Para Armengol, el PSIB-PSOE tiene que aprovechar el Congreso Federal “para marcar el rumbo”, teniendo en cuenta que “los socialistas de Balears han sido punta de lanza en muchas cosas, como la España federal y plural, la financiación justa, las políticas de vivienda, la protección del medio ambiente, y ahora se trata de defender todo este conocimiento en las ponencias federales”.

Ante esta cita importante para el futuro del Partido Socialista, la secretaria general ha reivindicado los 25 años del pacto de progreso, del que ha extraído dos mensajes importantes. El primero, “la necesidad de la unidad de la izquierda, de la gente progresista y demócrata porque el adversario es grande y lucha desde las 'fake news', la agresividad y destrozando personalmente al adversario para conseguir el poder”. Y el segundo, “la forma y el fondo de hacer política, teniendo siempre presente que el PSOE es la formación útil para transformar y mejorar la vida de la gente”.

Después del análisis político de Armengol, el Consejo Político del PSIB-PSOE ha debatido y aprobado cuatro propuestas de resolución, de rechazo a la derogación de la ley de memoria democrática, para instar a los grupos parlamentarios a aprobar el techo de gasto presentado por el Gobierno de España, para la mejora del sistema de financiación y en defensa del derecho a la vivienda digna y asequible.