José María Rodríguez logra el tercer grado penitenciario doce días después de su ingreso

El expresidente del PP de Palma y quien fuese conseller de Interior del Govern balear durante la última legislatura de Jaume Matas (PP), José María Rodríguez, condenado a tres años y medio de cárcel por el caso Over, ha obtenido este fin de semana el tercer grado, según han confirmado fuentes judiciales a elDiario.es.

El también exdelegado del Gobierno central ingresaba el pasado lunes día 10 de octubre en el Centro de Inserción Social (CIS) de la prisión de Palma para cumplir su condena en esta causa, una de las múltiples piezas separadas del caso Palma Arena que investigó la corrupción política del PP en las islas.

Sin embargo, apenas 12 días después de su ingreso en el Centro, la Junta de Tratamiento del CIS ha considerado que Rodríguez es merecedor del tercer grado, lo que supone poder salir de las instalaciones durante el día, teniendo que regresar solo para dormir. Se trata del paso previo para obtener la libertad condicional.

Tiene 75 años y han pasado dos décadas desde que sucedieron los hechos

Las mismas fuentes señalan que Rodríguez ha superado los filtros que dan acceso a este régimen de tratamiento. Le favorecen, principalmente, tener 75 años y que los hechos sucediesen hace casi veinte. El artículo 196 del Reglamento Penitenciario establece que para que un penado mayor de 70 años pueda acceder a la libertad condicional, antes debe haber obtenido el tercer grado.

Cabe recordar, con todo, que el exconseller, defendido a nivel penitenciario por el abogado Gaspar Oliver, ha interpuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el que argumenta que se habría vulnerado su derecho a una tutela judicial efectiva en el procedimiento de Over Marketing.

Este recurso suponía un último movimiento para evitar la prisión y, de hecho, solicitaba suspender el ingreso como medida cautelar. Sin embargo, el Alto Tribunal todavía no ha respondido y la admisión a trámite de este recurso no se ha incluido, de momento, en las previsiones de las salas en octubre.

El Tribunal Supremo confirmó el pasado mes de julio la sentencia que condenó al Partido Popular en Balears por financiarse de manera irregular con más de 9.000 euros en 2003. Los jueces, según la sentencia de la sala segunda a la que tuvo acceso elDiario.es, rechazaron el último recurso de Rodríguez, contra su condena de tres años y medio de cárcel en el caso Over Marketing, en el que el expresident Jaume Matas aceptó pagar 18.000 euros a cambio de reconocer los delitos de fraude a la administración, malversación de caudales públicos y prevaricación que cometió.

Financiación ilegal de las elecciones de 2003

La causa se centró en cómo la formación contrató a Over para diseñar su campaña electoral de cara a los comicios municipales y autonómicos de 2003. Los gastos se dispararon por encima de lo que legalmente podía pagar el PP y acordaron que una parte se pagaría en dinero negro y en mano en la sede del partido.

Además de esto, Over Marketing facturó más de 86.000 euros a empresas con conceptos simulados que “escondían los servicios electorales que realizaba para el Partido Popular”. Los dirigentes de la empresa acordaron con Jaume Matas, una vez investido president, que una parte de estos gastos electorales que debían pagarse en dinero negro “se compensarían con el volumen de contrataciones públicas que le adjudicarían desde distintos organismos públicos dependientes del Govern”, entre otras irregularidades.

A pesar de la presión ejercida por sus propios compañeros y de que ingente documentación y varias confesiones situaron a Rodríguez en el epicentro del manejo de fondos opacos al fisco, durante varios años se blindó al frente del partido y desafió inflexible el código ético impulsado por el expresidente balear del PP José Ramón Bauzá. “La política debe ir por la vía política y la Justicia, por la de la Justicia”, proclamaba el barón 'popular'.

No fue sino hasta 2016 cuando Génova forzó finalmente su marcha: acababa de ser acusado de ser el “artífice en la sombra” de una red político-policial urdida para proteger los intereses del magnate Bartolomé Cursach, unos hechos que finalmente fueron archivados por falta de pruebas.