El juicio contra Cursach arranca con la primera contienda entre las partes y seis acusados menos

Pasadas las 9.30 horas, en medio de la gran expectación generada por el juicio contra la mayor causa de corrupción impulsada en los últimos años en Illes Balears, el considerado “rey de la noche mallorquina” atravesaba este lunes las puertas de la Audiencia Provincial. Lo hacía para afrontar su tercer juicio dimanado del conocido como caso Cursach, cuyo recorrido arrancó hace más de siete años para levantar las alfombras de un presunto entramado mafioso dirigido a salvaguardar la autoridad de Bartolomé Cursach en el ocio nocturno de la isla. 

En el interior de la Audiencia, otros 22 inculpados, entre ellos el número dos del empresario mallorquín, Bartolomé Sbert -ambos se han fundido en un abrazo al reencontrarse- así como mandos y agentes de la Policía Local de Palma, aguardan el inicio de una vista oral que, de cumplirse el calendario fijado, se prevé como la más larga de cuantas se han celebrado en las islas (está previsto que concluya en mayo de 2023). El semblante de Cursach, enfundado en camisa blanca y vaqueros, es tranquilo. Sbert, oculto tras las escaleras del órgano judicial, se mantiene alejado del tumulto.

En una jornada que no ha estado exenta de imprevistos, como la llamada de atención de la presidenta del tribunal al propietario del mayor grupo del ocio de las islas cuando éste, en un momento dado, se ha ausentado de la Sala sin pedir autorización, o la presencia de la abogada Teresa Bueyes -conocida por su papel en casos de celebridades del corazón-, el arranque del juicio ha estado marcado por la retirada, por parte de la Fiscalía Anticorrupción, de las acusaciones más graves que gravitaban hasta el momento sobre la causa.

Son las que han centrado, durante los últimos años, buena parte de las investigaciones contra Cursach, Sbert, varios de sus colaboradores, policías locales y funcionarios, como las relativas a los supuestos sobornos de los que el grupo empresarial habría abastecido a varios funcionarios a cambio de ganarse su voluntad o las relacionadas con las supuestas orgías que, según apuntaban las pesquisas iniciales, fueron celebradas en la discoteca Tito's -buque insignia de Cursach-, para agasajar a numerosos policías a cambio de salvaguardar la buena marcha de los negocios del Grupo Cursach.

Se trata de unas modificaciones que han motivado la exculpación de seis de los 23 procesados que este lunes se sentaban en el banquillo: el director de Tito's, Jaime Lladó; el exjefe de camareros de la discoteca, Arturo Segade; otro de los directivos del grupo y expolicía local, Antonio Bergas; la exdirectora general de Turismo del Govern Pilar Carbonell –quien en noviembre de 2017 dimitió de su cargo tras su imputación–; el funcionario del Ejecutivo autonómico Bernardí Coll y el celador de obras del Ayuntamiento de Palma Julián Garau. Todos ellos han abandonado la Sala una vez el tribunal los ha declarado absueltos. 

Tanto Lladó como Segade fueron detenidos en su día y enviados a prisión provisional después de que uno los testigos en los que se sustentó el caso Cursach, el excamarero de la discoteca Daniel Corral –en la actualidad investigado por un presunto delito de falso testimonio–, asegurase que el establecimiento de ocio nocturno era frecuentado por policías a quienes se les ofrecía servicios de prostitución, alcohol y drogas a cambio de garantizar la protección de Cursach. El ahora investigado aseguró incluso haber visto cómo la droga era transportada desde un velero amarrado frente a Tito's para después ser introducida en maletines dentro de la discoteca, acusaciones que finalmente han quedado desterradas.  

Durante su intervención en la primera jornada del juicio, los fiscales han puesto de manifiesto que buena parte de los hechos retirados se sustenta sobre “testimonios falsarios e inverosímiles”.

La retirada de acusaciones efectuada por la Fiscalía Anticorrupción ha conducido a que las acusaciones particulares, ejercidas por varios de los empresarios que se consideran perjudicados por la actuación de varios policías locales que presuntamente los hostigaron con continuas inspecciones y sanciones -motivo por el que reclaman indemnizaciones de varios millones de euros-, se alcen en bloque contra tales exculpaciones. 

Los abogados de las acusaciones han intentado desvincularse de la reducción de las peticiones de condena formuladas por la Fiscalía, al tiempo que han recriminado que este trámite se haya llevado a cabo apenas diez días antes del juicio y de forma “irregular”. “Nada relevante ha pasado para que prospere la modificación de la Fiscalía”, ha aseverado durante su intervención uno de los abogados. Los fiscales Juan Carrau y Tomás Herranz, sin embargo, han defendido la legitimidad de su decisión al señalar que los cambios realizados no se han llevado a cabo con la presentación de ningún escrito nuevo que pudiera causar indefensión, sino tachando -literalmente- del escrito de calificación anterior las acusaciones que ya no se mantienen en pie.

La letrada Bueyes, en representación de varios empresarios de Calvià, ha apelado, incluso, a la nulidad del procedimiento judicial y a su devolución a un Juzgado de Instrucción para que se le dé la oportunidad de poder presentar un nuevo escrito de acusación con el objetivo de ampliar el objeto de juicio. La letrada ha apuntado, incluso, a la existencia de “trampas” e “irregularidades sospechosas” tras las cuales, ha insinuado, estaría la mano de tan “poderoso acusado”, en alusión a Cursach, asegurando conocer tales circunstancias de mano del exjuez del caso Manuel Penalva. “Así me lo ha transmitido”, ha reconocido, pidiendo acto seguido la comparecencia del exmagistrado como testigo.   

Se da la circunstancia de que el caso Cursach discurre en paralelo a la causa que el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) mantiene abierta contra el propio Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán, quienes, a su vez, se hallan a las puertas del banquillo por las presuntas prácticas ilegales que desplegaron, con el objetivo de construir a la carta sus investigaciones y allanar futuras condenas, cuando investigaban al empresario mallorquín. Según las pesquisas, ambos juristas habrían coaccionado y amenazado a testigos para que declarasen en sentido incriminatorio, inducido al falso testimonio, prevaricado a la hora de acordar los arrestos y el ingreso en prisión de varios investigados, ocultado las pruebas que no se acoplaban a sus intereses y filtrado información cuando la causa se encontraba bajo secreto.

La presidenta del tribunal frena a una de las acusaciones

Durante la sesión de este lunes, las observaciones deslizadas por Bueyes sobre supuestas irregularidades procesales se han topado con la rápida reacción de la presidenta del tribunal, Samantha Romero, quien en 2016 ya presidió la Sala que juzgó, entre otros acusados, a la Infanta Cristina y a Iñaki Urdangarin. Vehemente, la magistrada le ha instado a “aportar algún indicio de prueba” que sustente sus acusaciones. “No puedo admitir en modo alguno que hable de maniobras pseudodelictivas por parte de la Administración de Justicia”, le ha respondido, defendiendo la “rigurosidad” que caracteriza al tribunal que preside. Tras ello, la abogada ha pedido disculpas.

Las manifestaciones de la abogada han levantado la polvareda entre las defensas del caso Cursach. Uno de los letrados ha recriminado que se trata de algo “inaudito y chirriante” -el hecho de que la acusación mantenga “contacto directo” con el exinstructor de la causa- mientras que el abogado de Sbert se ha pronunciado tajante: “No es cierto que hubiera alguna trampa. Si hubo irregularidades, éstas se producían por parte de quienes tenían la capacidad de control sobre la causa”, ha subrayado respecto a Penalva y Subirán. “Nosotros no teníamos la capacidad de maniobrar sobre todo aquello”, ha incidido.

Por su parte, la abogada de la Comunidad Autónoma, Mariángeles Berrocal, ha abandonado la Sala tras retirar sus cargos contra los cuatro inculpados a quienes acusaba: Cursach, Sbert, la exdirectora general Pilar Carbonell y el funcionario Bernardí Seguí. Como ha manifestado, los servicios jurídicos del Govern “deben actuar con objetividad” y, una vez estudiada la causa, “no solo es que no encontremos resolución prevaricadora, vamos más allá, es que no vemos ninguna salida para mantener la acusación. Los hechos no encajan en ningún tipo penal”.

En su intervención, la letrada también ha apuntado, tras escuchar los alegatos de las acusaciones particulares, que en el juicio “hay quien poco pisa el ruedo penal, por lo que acabo de oír”, toda vez que ha justificado la decisión de retirar sus acusaciones “con todo el conocimiento de los más de cien tomos de la causa”.

El juicio se reanudará este martes de nuevo con las cuestiones previas, fase que prevé prolongarse durante varias semanas. Los avatares sufridos por el caso Cursach desde que comenzasen a aflorar las supuestas irregularidades practicadas por los antiguos investigadores de la causa llevarán a las defensas a plantear la nulidad del procedimiento judicial al considerar arrasados sus derechos fundamentales en un escenario, como señala uno de los escritos de defensa, “insólito en la historia judicial de un Estado de Derecho”.