PP y Vox impulsan una ley contra el burka en los espacios públicos de Balears con multas de hasta 30.000 euros

PP y Vox han sellado este martes en el Parlament balear su acuerdo para impulsar la prohibición del burka y el niqab en los espacios públicos mediante una proposición de ley orgánica promovida por la extrema derecha y respaldada por los populares. Pese a presentarse como una defensa de la “dignidad” de las mujeres, la iniciativa, que ahora continuará su tramitación parlamentaria, denuncia la “llegada masiva de inmigrantes” y su supuesta “amenaza” contra la “civilización occidental”, alerta sobre la “importación de hábitos y comportamientos ajenos” y abre las puertas a sanciones administrativas que, en caso de reincidencia, podrían alcanzar los 30.000 euros, situando el foco de la iniciativa en la inmigración y en la identidad cultural más allá de la igualdad de género.

Durante su interevención, la portavoz de la formación de extrema derecha, Manuela Cañadas -encargada de defender la iniciativa-, ha articulado un discurso con referencias explícitas a la seguridad junto a estereotipos culturales y apelaciones al miedo: “Las noticias de la geopolítica internacional nos muestran de forma sangrienta el destino que nos aguarda. Si cedemos terreno y no estamos preparados, lloraremos sangre, pero algún día quienes lo permitieron tendrán que ser juzgados”, ha llegado a espetar.

“Vox no habla de mujeres, sino de musulmanas. Habla de violencias en los barrios por mor de los musulmanes. Habla del cierre de negocios y comercios y de que los vecinos se van por miedo a los musulmanes, y no por culpa del turismo masificado”, ha recriminado, por su parte, la diputada de Més per Menorca Joana Gomila, quien ha acusado a Cañadas de “estigmatizar los musulmanes y sembrar odio y miedo”, lejos de cualquier intención real de “dignificar o querer dignificar a las mujeres”. La parlamentaria también ha dirigido sus críticas al PP por asumir el marco ideológico de la extrema derecha y ha advertido de que la prohibición del velo integral puede acabar teniendo el efecto contrario al que proclama combatir al empujar a algunas mujeres a un mayor aislamiento social.

“Prohibir el velo no libera: expulsa y castiga doblemente a las mujeres sometidas”, ha insistido. “Dicen defender la libertad de las mujeres, pero quieren decidir cómo deben vestir; dicen defender la dignidad, pero criminalizan a mujeres que ya viven bajo control”, ha manifestado.

La proposición tomada en consideración este martes sigue la misma línea que la ley impulsada por Vox en el Congreso de los Diputados y respaldada por el PP el pasado febrero. Aquella iniciativa, que finalmente rechazada por la Cámara Baja, no solo planteaba prohibir el burka y el niqab en los espacios públicos, sino también sancionar su uso con multas que podían alcanzar los 20.200 euros y modificar la Ley de Extranjería para facilitar la expulsión de extranjeros reincidentes.

En Balears, el impulso de una norma de espíritu similar consolida un acercamiento político que el PP ya había anticipado meses atrás con una proposición propia sobre el velo integral. Este martes, la diputada popular Cristina Gil ha justificado el apoyo de su grupo defendiendo que el velo integral constituye una práctica incompatible con la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y aseverando que el Estado debe reaccionar frente a símbolos que considera contrarios a los valores constitucionales.

Sin embargo, el texto promovido por Vox va mucho más allá de la cuestión de la igualdad. Su exposición de motivos arranca alertando de que Europa está “amenazada” por la “llegada masiva de inmigrantes procedentes de otros continentes”, denuncia la importación de comportamientos “ajenos” a Occidente y plantea la necesidad de actuar frente a personas que pretenden imponer “costumbres islamistas” en el espacio público. La iniciativa sostiene que la sociedad española no puede aceptar una ideología “ajena y hostil a Occidente” y vincula el uso del burka y el niqab con supuestos riesgos para la seguridad ciudadana.

Multas de hasta 30.000 euros y condenas de prisión

El texto contempla sanciones administrativas, en caso de que el afectado reincida, podrían alcanzar los 30.000 euros al remitirse al régimen de infracciones graves de la Ley de Seguridad Ciudadana, reformas en el Código Penal para castigar con penas de hasta cuatro años de cárcel a quien obligue, intimide o coaccione a una mujer para que porte estas prendas y modificaciones de la legislación de extranjería para que determinadas infracciones relacionadas con esta materia puedan derivar en la expulsión del territorio nacional de personas extranjeras reincidentes.

La portavoz de Més per Mallorca, Marta Carrió, acusó a Vox de utilizar los derechos de las mujeres como “excusa” para construir un relato sobre inmigración e islam. “Esta iniciativa no empieza hablando de violencias machistas. Empieza hablando de civilización occidental, de inmigración masiva y de una supuesta amenaza a nuestros valores”, ha denunciado. Según ha defendido, las mujeres aparecen en el texto “como una coartada” para justificar “un discurso profundamente islamófobo”.

Una de las principales críticas de la izquierda se ha centrado precisamente en la contradicción entre el discurso de protección de las mujeres y el contenido sancionador de la ley. Carrió ha recordado que la propuesta permitiría multar a las propias mujeres que portan estas prendas y ha advertido de que, en determinados supuestos, podría acabar facilitando procedimientos de expulsión para extranjeras. “Castigan a la misma mujer que dicen querer proteger”, ha reprochado.

En términos similares se ha expresado la socialista Maria Teresa Suárez, quien ha cuestionado que Vox haya descubierto de repente una preocupación feminista cuando históricamente ha combatido buena parte de las reivindicaciones del movimiento de mujeres. “Cuando las mujeres reclamamos igualdad salarial, Vox no está; cuando denunciamos la violencia machista, cuestiona las estadísticas”, ha criticado. A su juicio, la formación utiliza a las mujeres musulmanas como “coartada argumental” para desarrollar un discurso centrado en la inmigración y el islam.

La diputada del PSIB-PSOE ha denunciado además que la propuesta construye una imagen homogénea de la población musulmana y migrante para convertirla en una amenaza colectiva. “Las mujeres aparecen aquí sobre todo como una excusa moral para justificar una agenda política que tiene poco que ver con la defensa de sus derechos”, ha recriminado.

Por su parte, el diputado de Unidas Podemos, José María García, ha considerado que el texto de la ley de Vox está “repleto de racismo y clasismo”. “Lo que pretenden es disfrazar ese odio en protección para las mujeres de la religión musulmana”, ha criticado.

El Parlament asume el discurso neonazi de la “remigración”

El pasado mes de febrero, PP y Vox dieron luz verde a una proposición no de ley (PNL) de los de Santiago Abascal que insta al Gobierno central a deportar a las personas migrantes que, aunque se encuentren en situación legal, cometan algún delito grave o hagan del delito leve “su forma de vida”, así como a aquellos que “decidan no integrarse en la cultura de la nación que la acoge o intente imponer la suya”. La propuesta apela a la llamada “remigración”, un término que la extrema derecha europea ha popularizado en los últimos años como consigna política, bajo la cual agrupan propuestas como la devolución masiva de migrantes -e incluso de ciudadanos nacionalizados- por motivos culturales o identitarios.

El postulado, que no forma parte del marco jurídico español ni de la legislación de otros países europeos, ha sido abanderado especialmente por sectores de la ultraderecha alemana vinculados a Alternativa para Alemania (AfD) así como por formaciones ultras en Austria y Francia. En España, Vox lo ha incorporado a su discurso como eje de su ofensiva migratoria.

La “remigración” va, de este modo, más allá de la expulsión de una persona extranjera conforme a lo previsto en la Ley de Extranjería, es decir, con garantías procedimentales, motivación individualizada y posibilidad de recurso judicial. El término se apoya en valoraciones subjetivas sobre el grado de integración o adaptación cultural, conceptos que no figuran como causa legal de devolución o expulsión.

Apenas unas semanas después, el presidente del Parlament, Gabril Le Senne, utilizó el acto institucional del Día de Balears para alertar de una supuesta “extinción” de los españoles y agitar la teoría conspiranoica del 'gran reemplazo', una tesis sin base científica que sostiene que la población europea estaría siendo sustituida demográficamente por personas migrantes, especialmente de origen no europeo. Se trata de un discurso ideológico ampliamente difundido por la formación de extrema derecha en España, partidos afines en Francia, Italia o Alemania y numerosos grupos neonazis europeos que ha llevado a endurecer la política migratoria en las Comunidades Autónomas en las que el PP gobierna de la mano de Vox.