Tres años de PP y Vox en Balears: rebajas de impuestos a ricos, derogación de la ley de memoria y fracaso contra el catalán
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La inestabilidad política ha sido una constante en estos casi tres años y medio de Govern del PP de Marga Prohens, que gobierna en solitario aunque con un pacto programático de 110 medidas con Vox. El archipiélago balear es el único en el que el PP no ha integrado a los ultraderechistas pese a necesitar sus votos. Mientras que en temas relacionados con la economía, el patrimonio y la fiscalidad han ido a la par, han chocado en otros asuntos, sobre todo relacionados con el catalán y la memoria histórica. Estas y otras discrepancias provocaron una crisis interna en Vox, que terminó dinamitando el grupo parlamentario.
PP y Vox han coincidido en eliminar el impuesto de sucesiones entre padres e hijos y en medidas para aumentar la oferta de vivienda mediante la división de pisos, la construcción en altura y las viviendas de precio limitado, aunque el Govern se ha negado a declarar Balears zona tensionada para limitar los alquileres. En cuanto a la lengua, Vox ha impulsado un plan de segregación lingüística para aumentar la presencia del castellano en las aulas, con una adhesión inferior al 5% del alumnado. En memoria democrática, Prohens aceptó derogar la Ley 2/2018, tal como exigía el acuerdo con Vox, después de aparcar temporalmente la medida en 2024 mediante un pacto con la izquierda. La derogación se aprobó en 2026, pero quedó suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional.
Vox se rompe
El 17 de octubre de 2023 se produjo una de las sesiones parlamentarias más tensas de los últimos años en Balears. El motivo: la negativa de Vox a dar apoyo al techo de gasto que tenía previsto el PP de cara a 2024, paso previo –y necesario– a la aprobación de los presupuestos autonómicos, los primeros de la legislatura de la presidenta Prohens. Un día después, el diputado menorquín Francisco José Cardona abandonó la formación ultraderechista, aunque manteniendo su acta parlamentaria.
La decisión de Cardona –a quien se le situaba en el ala ‘moderada’ del partido– vino motivada después de que Idoia Ribas, entonces portavoz de la formación en el Parlament, le destituyera de su condición de portavoz adjunto, para designar en su lugar al diputado Sergio Rodríguez. El motivo estaba en las diferencias entre los diputados en torno a los presupuestos autonómicos presentados por el PP. Finalmente, las cuentas de 2024 fueron aprobadas, con la práctica totalidad de las enmiendas presentadas por Vox, que incluían 20 millones de euros con el objetivo de arrinconar el catalán en la escuela pública.
Un año después, se dio una situación inédita en la historia democrática balear. El PP validó por error más de 30 enmiendas presentadas por Vox a la Ley autonómica de simplificación administrativa, impulsada por los conservadores con el objetivo de agilizar los trámites urbanísticos y legalizar las viviendas construidas de forma irregular en terreno rústico. Los conservadores pidieron que se repitiera la votación, pero los de Santiago Abascal se opusieron a ello.
Un error del PP le llevó a pactar con la izquierda
“Este ha sido el momento de mayor crisis del PP con Vox”, explica el politólogo Guillermo Bezzina, y añade que estas enmiendas suponían un retroceso de dos o tres décadas en materia medioambiental, de normalización de la lengua catalana, así como de la estructura institucional de la administración. Para enmendar los errores, Prohens tuvo que “activar la geometría variable”, afirma Bezzina, a través de un acuerdo con el PSOE, Més per Mallorca y Més per Menorca. “Además, a cambio, el PP se abstuvo para evitar la derogación de la Ley de memoria democrática” que impulsaba Vox, y que estaba dentro del acuerdo programático con los ultraderechistas. Un año después, la ley -una de las dos de memoria democrática que estaban vigentes en las Islas- fue derogada por PP y Vox, aunque en estos momentos sin efecto, tras el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno, y admitido a trámite por el Tribunal Constitucional.
La Ley 2/2018, de memoria y reconocimientos democráticos, fue aprobada durante el primer Govern de Francina Armengol –en coalición con Més y mediante acuerdo parlamentario con Podemos–. En ese momento, en que no existía Vox en el Parlament, el PP votó a favor de muchos de los artículos y se abstuvo en otros, después de haber presentado más de 100 enmiendas. Esta norma se aprobó dos años después de la Ley 10/2016 para la recuperación de personas desaparecidas durante la guerra civil y el franquismo. “El motivo de que se redactaran por separado era facilitar el máximo consenso”. “El PP no dio un apoyo explícito, pero tampoco se opuso del todo”, valora Bezzina. El politólogo interpreta que la diferencia de criterio del PP en una y otra legislatura se explica por la presión de Vox en esta legislatura.
El politólogo Guillermo Bezzina señala que la diferencia de criterio entre el PP de antes, que "no se opuso del todo" a la ley de memoria histórica hace unos años, y el PP actual, que ha derogado esa norma, es la presión que ejerce Vox
De cara a 2025, Prohens tenía que aprobar nuevos presupuestos autonómicos, que fueron validados con seis meses de retraso. “El PP necesitaba reconstruir su relación con Vox”, por lo que se comprometió a derogar la Ley 2/2018, asegura el experto. “Estos son todos los caballos de batalla de Vox en todas las autonomías”, afirma, y añade las cuestiones relacionadas con el pacto verde europeo, la oposición a la inmigración y a los menores no acompañados. En aquellos territorios con lengua propia, la oposición a ella, según Bezzina.
Además, añade Julián Claramunt, también politólogo, están las políticas en oposición a la igualdad. Es decir, el feminismo los derechos de las personas LGTBIQ+. “Es muy probable que sea en estas dos cuestiones donde veamos una mayor transformación”, opina Claramunt, en caso de que PP y Vox alcancen La Moncloa. “Se trata de dejar de financiar y, en la medida de lo posible, derogar leyes”, si hubiera margen de cara a la opinión pública. El experto recuerda, sobre la memoria histórica, que Balears había desarrollado una labor pionera, siendo un referente reconocido en el conjunto del Estado.
“Vox no tiene diferencias en su modelo respecto al PP en cuanto a economía o el modelo industrial”. “Realmente, les interesan los debates más performáticos y discursivos, y aquí la memoria democrática es central para Vox”, valora. Por eso, considera que la formación de extrema derecha puede obtener con relativa facilidad concesiones en este terreno. “Es muy fácil que Vox entre ahí, porque para el Partido Popular no supone tanta contradicción. Es una medalla que le puede dar a Vox y a Vox le interesa muchísimo”, señala Claramunt.
Vox no tiene diferencias en su modelo respecto al PP en cuanto a economía o el modelo industrial. Realmente, les interesan los debates más performáticos y discursivos, y aquí la memoria democrática es central para Vox
Vox intenta arrinconar el catalán
En cuanto a la cuestión lingüística, Vox forzó al PP para adoptar el “plan piloto voluntario de libre elección de lengua”, que ha sido fracaso, ya que menos de un 5% del alumnado se ha adherido a él. En contra de la opinión mayoritaria dentro de la comunidad educativa, este plan implica aumentar las asignaturas que se pueden impartir en castellano –la decisión la toma cada centro educativo y debe de haber al menos un 20% del alumnado interesado en participar–. Entre los requisitos que exigió el PP figuraba cumplir el Decreto de Mínimos –es decir, al menos el 50% de las asignaturas deben impartirse en catalán–.
“Ha habido ataques verbales, pero no hemos visto una transformación sobre nuestro sistema educativo”, afirma Claramunt, aunque matiza que dichos ataques “afectan al estado de la opinión”. El experto cree que después del intento fallido del expresidente José Ramón Bauzà de reformar el sistema educativo para que fuera trilingüe –castellano, catalán, inglés–, el PP ha cambiado de posición. Además, recuerda que el PP probablemente sea el partido “con más votantes catalanoparlantes de Balears”.
Por otro lado, Bezzina considera que la lengua catalana sigue siendo una línea roja para Prohens, pese a las concesiones que ha hecho a Vox durante la legislatura. “Lo más importante no se ha tocado”, señala. El politólogo también cree, como Claramunt, que la presidenta tiene muy presente el precedente del Govern de José Ramón Bauzà, cuya reforma educativa para implantar un modelo trilingüe provocó un amplio rechazo social. Prohens, que entonces era diputada en el Parlament, habría aprendido de aquella experiencia y de los errores de su partido. A juicio de Bezzina, una de las claves de su estrategia es evitar que las decisiones en materia lingüística movilicen al electorado de izquierdas.
“PP y Vox podrían gobernar por la agenda migratoria”
En cuanto a la inmigración, Claramunt cree que hay que atender a la dimensión simbólica que ha adquirido esta cuestión en el debate político. “La política migratoria está ahora mismo en la agenda de forma masiva y seguramente es lo que hace que el PP y, sobre todo, Vox estén en disposición de gobernar con mayoría absoluta”, señala. A su juicio, no es tan importante el número de personas que se puedan acoger como el relato que acompaña a estas políticas. En este sentido, recuerda que la llegada de menores migrantes que deben ser acogidos por las comunidades autónomas no supone un problema de capacidad, sino de posicionamiento político, y apunta a la diferencia de trato respecto a los refugiados ucranianos.
“La cuestión es todo el relato asociado a estos migrantes, en concreto, los africanos, contra los que Vox lucha”, explica Claramunt. Para el experto, la inmigración constituye otro de los ámbitos en los que la formación de Santiago Abascal puede marcar diferencias simbólicas con el PP, también en Balears. Según su análisis, detrás de este discurso se esconde un proyecto que busca generar “ciudadanos de segunda”: personas migrantes relegadas a empleos mal remunerados, en ocasiones sin contrato, y expuestas a situaciones de explotación laboral.
El experto advierte de que Vox también cuestiona la posibilidad de que los hijos de estas personas alcancen la plena ciudadanía, una expectativa que históricamente ha acompañado a los procesos migratorios. “Este es el modelo de país que tiene Vox para España y es el que está aplicando, de forma simbólica, en Balears”, concluye.
PP y Vox coinciden en vivienda y fiscalidad
En los temas relacionados con la economía es donde conservadores y ultraderechistas suelen ponerse de acuerdo con más facilidad. En Balears, uno de los primeros decretos ley que aprobó el Govern de Prohens fue uno de vivienda enfocado a la posibilidad de dividir pisos, edificios que crecen en altura, la creación de nueva vivienda a precio tasado y persecución del alquiler turístico ilegal a través de la aprobación de un mecanismo que permite precintar los pisos que ejercen tal actividad como medida cautelar.
Bezzina explica que las políticas de vivienda del Govern no han tenido un impacto real para facilitar el acceso a la vivienda, aunque recuerda los efectos suelen ser visibles a largo plazo. “Los precios son más altos que hace tres años y los alquileres también”, señala. El politólogo sí apunta a algunos resultados negativos, como los del programa Lloguer Segur –Alquiler Seguro–, una de las iniciativas estrella del Ejecutivo para incorporar al mercado viviendas vacías de pequeños propietarios. “Los números de este programa son bastante desastrosos”, afirma.
En cuanto al debate sobre la aplicación de la ley de vivienda para declarar el archipiélago balear como zona tensionada –a lo que Prohens se niega–, Bezzina pone como ejemplo Catalunya, la única comunidad autónoma que ha aplicado la limitación de los precios del alquiler y la declaración de zonas tensionadas. El politólogo señala que los resultados de estas medidas generan discrepancias entre los expertos: mientras una parte considera que han contribuido a contener los precios e incluso a reducir ligeramente los alquileres en las zonas reguladas, otros advierten de que algunas viviendas han salido del mercado. “Probablemente, las dos cosas sean ciertas”, apunta.
A su juicio, la decisión de no aplicar estas medidas en Balears responde a una cuestión de competencias, pero también ideológica, en un contexto en el que conviven dos modelos enfrentados: el de quienes consideran que el principal problema es la falta de oferta y el de quienes ponen el foco en el exceso de demanda. Bezzina señala que estas dos visiones enfrentadas se traducen en modelos de política de vivienda distintos.
El del Govern del PP, explica, parte de la premisa de que es necesario aumentar la oferta. Frente a este modelo, la izquierda sostiene que el problema no es tanto la falta de vivienda como el uso que se hace de ella. Esta posición se resume en que, dice Bezzina, “hay muchas casas, lo que pasa es que el uso que se les está dando no es residencial, sino de segunda residencia, turístico o especulativo”. En esta línea, la izquierda también argumenta sobre el papel de los fondos de inversión y el capital extranjero.
Bezzina apunta, además, a que la Comisión Europea ha abierto la puerta a estudiar nuevas medidas para abordar el problema de la vivienda, entre ellas posibles restricciones a la compra de segundas residencias. Estas fórmulas permitirían a determinados territorios limitar las adquisiciones en función del uso que se vaya a dar al inmueble, y no de la nacionalidad del comprador. “Tienen que ser medidas temporales, proporcionadas, muy limitadas y justificadas”, advierte el politólogo, que afirma que se puede desincentivar también la compra de vivienda con fines especulativos a través de mayores tasas impositivas.
El experto también plantea la posibilidad de aumentar la presión fiscal sobre las viviendas vacías para incentivar que sus propietarios las incorporen al mercado del alquiler. “Si tienes una vivienda vacía y te suben los impuestos, seguramente eso genera un incentivo para que no se quede fuera del mercado, tanto si es de un gran propietario como de uno pequeño”, explica.
“Todo esto crea un sistema de incentivos que facilite y favorezca que las viviendas se destinen al uso residencial por encima de otros usos”, señala el politólogo. Bezzina recuerda que el mercado inmobiliario es complejo, pero considera necesario corregir los incentivos actuales, ya que “el uso turístico de una vivienda es mucho más lucrativo”. Así, insiste en que se puede utilizar la fiscalidad para generar un modelo distinto. “Hay un sistema económico y una fiscalidad que hacen que salga más a cuenta alquilar por habitaciones o a través de Airbnb o de otras plataformas, que destinar la vivienda al alquiler residencial”, explica.
Rebaja de impuestos a la herencia
La rebaja de impuestos es otro de los puntos en los que PP y Vox han encontrado un amplio margen de acuerdo. El Govern de Prohens aprobó el 18 de julio de 2023, apenas unas semanas después de llegar al poder, el Decreto ley 4/2023, que estableció una bonificación del 100% del impuesto sobre sucesiones para ascendientes, descendientes y cónyuges, así como bonificaciones parciales para otros grados de parentesco. La medida formaba parte de los compromisos fiscales del PP y Vox. Una reforma fiscal que, según los expertos, beneficia a los más ricos.
El Govern de Prohens aprobó unas semanas después de llegar al poder una bonificación del 100% del impuesto sobre sucesiones para ascendientes, descendientes y cónyuges
Bezzina considera que este tipo de medidas fiscales beneficia especialmente a un sector concreto de la población balear: el de las familias con patrimonio inmobiliario que pueden transmitir una vivienda a sus descendientes. “Es una política dirigida a un sector muy específico de la sociedad balear, a personas muy arraigadas al territorio que tienen una casa que pueden heredar de sus abuelos o que sus padres les pueden ceder”, explica.
A su juicio, se trata de una parte relativamente pequeña de la población, mientras que una gran mayoría de los residentes en las islas no dispone de ese patrimonio familiar. “La gran mayoría son trabajadores del sector turístico que han venido de la Península, migrantes de América o personas que han llegado recientemente a Balears. Estas políticas de supresión del impuesto de sucesiones y donaciones no van dirigidas, evidentemente, a esa parte de la sociedad”, concluye.
Por su parte, Claramunt considera que las políticas de vivienda de la derecha tienen un carácter más simbólico que efectivo y sitúa el debate de fondo en si el acceso a un hogar debe formar parte de los derechos básicos garantizados por el Estado de bienestar. Pese a que el artículo 47 de la Constitución garantiza el acceso digno a una vivienda, no es un derecho fundamental reconocido en la Carta Magna.
“Al final, todo gira en torno a cómo entiendes la vivienda: si como un bien con el que puedes especular y ganar dinero o si realmente es un derecho que hay que garantizar”, explica. A su juicio, mientras que la izquierda ha defendido, aunque “con no demasiada valentía”, que la vivienda es un derecho, el PP de Marga Prohens la concibe como “un activo de mercado con algunas singularidades”.
El experto sostiene que las medidas del Govern no abordan las causas estructurales del problema, sino que se centran en ofrecer ayudas económicas a compradores, propietarios e inquilinos sin introducir condiciones que permitan intervenir en el mercado. “Son medidas encaminadas, normalmente, a dar ayudas económicas al comprador, propietarios o inquilinos, pero no entran de lleno en el problema de la vivienda”, afirma. Para Claramunt, la cuestión fundamental es que estas políticas no buscan controlar la oferta ni reorientarla hacia las necesidades residenciales, sino facilitar ayudas directas sin exigir contrapartidas.
En cuanto a las viviendas de precio limitado y las medidas para permitir que los edificios crezcan en altura o se puedan dividir, Claramunt coincide con Bezzina en que sus efectos tardan años en hacerse visibles. “Normalmente, son políticas que se mueven en plazos de cinco o diez años, porque requieren tiempo, especialmente las vinculadas a la creación de nueva vivienda. Las casas no se construyen de un día para otro”, señala. Por ello, considera difícil evaluar su impacto a corto plazo, aunque insiste en que estas iniciativas no resuelven por sí solas el problema de fondo. “Si no haces nada para controlar la oferta, ya sea limitándola o frenando la llegada de personas que vienen a hacer negocio con las rentas inmobiliarias, por muchas viviendas nuevas que construyas, ¿cómo garantizas que no entren en el circuito de la especulación, a corto o medio plazo?”, concluye.
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