28 viviendas en suelo hotelero arrasarán un bosque de pinos y sabinas en la costa de Ibiza
Cada vez quedan menos zonas verdes en el archipiélago balear, donde el desarrollo urbanístico parece no tener límites. El último caso, en la isla de Eivissa: el propietario de unos terrenos que hay entre las playas de Es Pouet y s’Estanyol podrá urbanizar la zona después de haber llegado a un acuerdo con el Consistorio, que le permitirá construir hasta 28 viviendas a cambio de unos 475.000 euros para las arcas municipales. El problema es que en esos terrenos, clasificados como suelo terciario de uso hotelero, se ubica un pequeño bosque en primera línea del mar, que será arrasado.
El gobierno municipal deberá invertir esta compensación económica en la obtención de suelo para construir vivienda pública o en otras actuaciones de interés público, según viene fijado en el artículo 29 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears (LUIB).
Los promotores presentaron la pasada legislatura, cuando gobernaban PSOE y Unidas Podemos, el proyecto de reparcelación del área de actuación 5.2 de las Normas Subsidiarias del planeamiento municipal, que recibió el visto bueno de los servicios técnicos del Consistorio, que ha sido aprobado en base a los términos fijados por la LUIB. En otras palabras: un proyecto que, en parte, permitirá llenar de hormigón la primera línea de costa ibicenca. Fuentes del PSOE en el municipio afirman a elDiario.es que el anterior gobierno progresista hizo lo que pudo en base a las normas urbanísticas que fueron aprobadas en 1986, y que siguen en vigor actualmente, pese a su marcado carácter desarrollista.
Aunque el convenio de gestión urbanística que permite el proyecto se ha aprobado definitivamente bajo el gobierno municipal de Vicent Roig (PP), alcalde y responsable de Urbanismo, según se desprende del Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB), el estudio de detalle (es decir, el plan urbanístico) se aprobó definitivamente el 29 de octubre de 2020, en sesión plenaria, bajo el anterior gobierno progresista. El proyecto cuenta con el correspondiente Informe Ambiental Estratégico (IAE), del 24 de agosto de 2019, cuya resolución depende de la Comisión Balear de Medio Ambiente, que en ese momento presidía el ecosoberanista Antoni Alorda (Més per Mallorca).
La parcela destinada al aprovechamiento urbanístico consta de casi 7.000 metros cuadrados. Casi 4.000 metros cuadrados se pueden destinar al uso lucrativo (la construcción de hasta 28 viviendas), mientras que los casi 3.000 restantes se reservan como espacio privado de uso público para mantener la franja de dominio público marítimo terrestre, como avanzó Diario de Ibiza, ya que así viene establecido por la Ley de Costas.
“Lamentamos esta decisión, con la carga urbanística y poblacional que ya tiene toda la bahía, que sigue aumentando”, afirma Pepín Valdés, presidente de la asociación Salvem sa Badia, que ha calificado de “error injustificable” que el Ajuntament de Sant Josep haya permitido esta operación. “El grupo socialista, que gobernaba en coalición cuando se aprobó esta medida, ha justificado la venta del solar municipal basándose en el hecho de que solo se puede construir un local de 50 metros cuadrados en este terreno, edificabilidad que puede sumarse al conjunto del proyecto, que se encuentra dentro del perímetro de la zona hotelera”, afirma la asociación.
Lamentamos esta decisión, con la carga urbanística y poblacional que ya tiene toda la bahía, que sigue aumentando
Salvem sa Badia critica la “saturación” turística
Sin embargo, la asociación conservacionista considera que la zona ya está suficientemente “saturada” por la construcción, las infraestructuras turísticas y el crecimiento demográfico. En la bahía de Portmany –donde apenas quedan zonas verdes, según lamentan–, además, cuentan con unas infraestructuras de pluviales y alcantarillado “completamente colapsadas”, y que provocan “constantes vertidos de aguas fecales al mar”. “Son razones más que suficientes para que el Ajuntament, con independencia del partido que gobierne, evite dentro de sus posibilidades la construcción no ya solo de 50 metros cuadrados, sino de un solo metro que no sea imprescindible”, añaden los ecologistas.
En opinión de la asociación, se podría haber optado por limpiar la zona, que se encuentra en mal estado, para conservar la parte del bosque que todavía existe, con pinos, sabinas y otras especies autóctonas que constituyen la “única herencia del ecosistema primitivo que había”. “Antes de que esta área fuera urbanizada masivamente, el bosque se extendía por la segunda línea de costa, donde ahora solamente hay construcciones”, denuncia Salvem sa Badia. “Renunciar a la posibilidad de conservar una parte del escaso hábitat original que queda del tramo interior de la bahía constituye una decisión difícilmente comprensible desde un punto de vista ambiental”, señala la asociación.
La reparcelación propuesta por los dueños divide los terrenos en cinco partes que suman algo más de 9.000 metros cuadrados. Mientras que casi 4.000 metros cuadrados serán destinados para edificar, y otros 3.000 se los queda también el dueño con la condición de reservarlos para uso público, el Ajuntament se queda con algo más de 2.000 metros cuadrados. Unos 1.400 metros cuadrados quedarán fijados como Espacio Libre de Uso Público, es decir, sin edificar y algo más de 800 metros cuadrados se destinarán para la construcción de aceras, aparcamientos, viales y zonas peatonales.
elDiario.es se ha puesto en contacto con el gobierno municipal del PP, sin que haya sido posible obtener una respuesta de Vicent Roig, alcalde y concejal de Urbanismo, en el momento en que se publica esta noticia. Roig afirmó, en declaraciones recogidas por Diario de Ibiza, que el Ejecutivo no podía hacer otra cosa que aprobar el convenio que es “perfectamente legal”. Paralizarlo o revertirlo sin justificación, aseguró, hubiera supuesto “una cuantiosa indemnización para el propietario o incluso prevaricar”.
La versión del PSOE
Fuentes del PSOE afirman a este diario que se trata de una zona de uso hotelero, en la que solo quedaban unos 500 metros cuadrados, ubicados dentro de esta zona, que se debían ceder al Ajuntament. Las mismas fuentes indican que las intenciones edificatorias de la propiedad vienen de lejos, defienden que intentaron dilatar en el tiempo la fiebre constructora y achacan la responsabilidad a las leyes urbanísticas que el gobierno municipal del PP aprobó en 1986.
El PSOE señala que cuando gobernaban negociaron con la propiedad para que, a cambio de que se quedaran con los 500 metros cuadrados dentro de la zona de uso hotelero, cedieran al municipio un terreno para ampliar el futuro paseo marítimo, así como las zonas verdes. Del mismo modo, defienden que a cambio el Ajuntament se queda con una compensación económica que se debe dedicar, exclusivamente, a la construcción de vivienda pública o de interés público. Aseguran que cambiar la ley hubiera supuesto la posibilidad de prevaricar, y que dentro de las posibilidades que tenían con la legislación vigente, optaron por la opción medioambientalmente menos lesiva.
En cuanto a las declaraciones de Salvem sa Badia, las fuentes del PSOE señalan que comparten las inquietudes de la asociación, así como la necesidad de haber preservado la zona boscosa que ahora se podrá edificar. “Estamos de acuerdo con la protección del territorio, pero las reglas del juego estaban hechas, que son las Normas Subsidiarias de 1986”, afirman. “Dentro de estas reglas, intentamos sacar el máximo beneficio posible para el municipio”, añaden.
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