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Imputan a una mujer por liarse a palos con unos inquilinos y coaccionar a una familia con una empresa de desokupación

Vistas de casas en Palma.

Esther Ballesteros

Mallorca —

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Coacciones, robos, denuncias cruzadas y hasta supuestas agresiones con palos de por medio. Un Juzgado de Palma ha imputado a la propietaria de una vivienda y a los integrantes de una empresa de desokupación por presuntamente coaccionar a un hombre que había entrado a vivir en el inmueble, previo pago de 15.000 euros, y quien tres años después se vio abocado a abandonarla junto a sus dos hijas pequeñas y su madre.

Los integrantes de la empresa de desokupación, quienes, según el denunciante y varios testigos, formaron un despliegue “brutal” a las puertas de su casa para evitar que volviera a acceder, también se encuentran bajo el foco judicial y han sido citados a declarar en sede judicial como investigados a finales de noviembre.

Las pesquisas fueron incoadas después de que el afectado interpusiera en dependencias de la Guardia Civil una denuncia en la que relata la presión a la que aseguraba haber sido sometido y cómo finalmente se vio obligado a buscar otro lugar para vivir.

Entre medias, la propietaria también decidió denunciarle, acusándole de quedarse en el piso sin su autorización y sin tan siquiera haberse efectuado la compraventa del mismo, a pesar de que el hombre había realizado la reserva de la vivienda para adquirirla.

En concreto, el hombre se interesó por la compra del apartamento, ubicado en Palmanova (Calvià), a principios de 2018, firmando un contrato de arras por el que abonó 15.000 euros. Sin embargo, tal como puso de manifiesto ante el Juzgado, la venta definitiva no llegó a formalizarse al manifestarle la propietaria que sus hijos no querían firmar.

Según su versión, la mujer le autorizó a vivir en el piso “hasta que se solucionara todo”. El denunciante aportó a la causa, además, los mensajes de WhatsApp que le envió la propietaria para demostrar que ésta le había dado supuestamente su permiso para que entrase a vivir en la casa, llevara a cabo las reformas oportunas y modificase la titularidad del suministro de la luz.

Uniformados y con chalecos

Desde entonces, asegura el hombre, la dueña no volvió a decirle nada hasta que el pasado mes de marzo, casi tres años después, llegó a la vivienda y se encontró en la puerta, sin previa notificación, a varios trabajadores de la empresa 'antiokupas', quienes, uniformados y con chalecos, comenzaron a “amenazarle y coaccionarle” mientras le presionaban para que firmase un documento por el que se comprometía a entregar la casa.

El dispositivo lo mantuvieron las 24 horas durante varios días. El hombre denuncia que otras personas habían comenzado a interesarse por la vivienda, lo que motivó que la mujer, a través de un intermediario inmobiliario, contratase los servicios de esta empresa con el objetivo de tener la casa cuando antes disponible para enseñarla y venderla.

De acuerdo a la denuncia, los integrantes de la empresa aprovecharon también para cambiar la cerradura del inmueble, acceder al mismo, instalar un sistema de alarma y enseñarlo a los interesados en él.

El denunciante, defendido por el abogado Antonio Lázaro, logró días después acceder al piso saltando por el balcón de una vecina y comprobó que le faltaba mobiliario y que le habían robado 12.000 euros en efectivo así como diversas joyas que había heredado de su abuela. El hombre, finalmente, acabó abandonando la casa “por miedo” ya que al tener hijos menores “no quería más problemas”, por lo que se trasladó a una vivienda en un edificio aledaño. 

Según denuncia el afectado, cuando la propietaria se enteró de que había vuelto a acceder a la vivienda, la mujer acudió junto a otra persona al edificio en el que creía que vivía el hombre, con cascos y armados con palos, con la intención de agredirle, con tal mala fortuna que se equivocaron de piso y, al llamar a la puerta, se liaron a palos con los dos moradores de esa vivienda.

El afectado amplió su denuncia al asegurar que los miembros de la empresa de 'desokupas' también se habían posicionado frente al bar que regenta para incrementar su presión.

La propietaria denuncia que el hombre se quedó la vivienda sin permiso

Las manifestaciones del hombre contrastan, sin embargo, con las de la propietaria del inmueble, quien acudió, por su parte, a dependencias de la Guardia Civil para denunciar que el inquilino, a pesar de haber firmado un contrato de arras, se quedó con el piso sin su autorización y sin tan siquiera formalizar la compraventa.

La dueña del inmueble aseguró ante los agentes que fue la inmobiliaria la que entregó las llaves al morador sin su permiso después de que éste asegurase que las necesitaba para fumigar el piso. Tras ello, realizó el cambio de titularidad de la luz así como las obras de reforma sin el permiso de la dueña, quien afirmó, además, que el día que acudieron al notario para rubricar el contrato de arras le indicó al hombre que no tenía derecho a hacer uso del inmueble. Citada más adelante a declarar en los Juzgados a raíz de la denuncia interpuesta por el hombre, la mujer se negó a declarar.

Allanamiento de morada

Otra de las denuncias presentadas con motivo de estos hechos fue la interpuesta por el hombre que pasó a vivir en el piso tras ser desalojado el denunciante. El nuevo inquilino, quien también se encuentra investigado a raíz de la denuncia de su antecesor, se personó en la Benemérita para denunciar que, en su ausencia, éste entrase a la vivienda por el balcón.

Según explicó ante el juez, cuando el inmueble fue desocupado, la empresa de desokupación llamó al declarante y le dio las llaves de la casa, que se encontraba aún amueblada y con los enseres y electrodomésticos del anterior inquilino. 

Tras ser identificados por el Instituto Armado, los integrantes de la empresa de desokupación manifestaron ante los agentes que forman parte de una empresa de seguridad dedicada a velar por el buen estado de las viviendas aseguradas así como por mantener la seguridad de las mismas evitando la entrada de personas no propietarias.

Los declarantes aseguraron que nunca efectúan ningún tipo de amenazas en estas situaciones como tampoco hacen uso de la fuerza ante nadie. Ahora deberán comparecer ante el juez para, de nuevo, ser interrogados por lo ocurrido.

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