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Hablemos de okupas

Carteles en protesta contra un fondo buitre en un bloque de edificios de Torrejón de Ardoz.

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Atención, que esta semana se va a hablar mucho de okupas. Toda una novedad, ya que no es un tema que habitualmente merezca mucha atención política o mediática, ¿verdad? El PP ha presentado una moción en el Congreso, que se debatirá esta misma semana, para que las viviendas okupadas puedan desalojarse en 24 horas. Así que a las tertulias televisivas de la mañana no les va a quedar más remedio que hablar de un asunto al que muy raramente hacen caso (guiño, guiño, guiño), pues saben que no es algo que preocupe a los españoles.

A mí me parece bien que hablemos de okupación, pues en efecto es un gravísimo problema, que afecta a miles de familias que ven violentado su derecho a la vivienda. Ahí están todos esos jóvenes incapaces de alquilar una vivienda a precios desorbitados. Culpa de los okupas, por supuesto. Y los no tan jóvenes, a quienes un revés laboral o un divorcio obliga a compartir piso con cuarenta o cincuenta años. O tantas familias que tienen que dedicar a la compra o alquiler la mitad o más de sus ingresos, y que estos días se ahogan con la inflación y la subida de tipos. Por no hablar de las decenas de miles de desahucios de los últimos años, y que no han cesado. Unos y otros, víctimas de los okupas.

Sí, de los okupas, no me miren así, que no estoy siendo irónico, hablo en serio. ¿Se sorprenden? Quizás es que no estamos hablando de los mismos okupas. Cuando yo digo “okupa” no me refiero a esos fantasmales caraduras que se cuelan en tu casa cuando has salido a la compra, o que disfrutan de tu pisito en la playa en tu ausencia, o que dejan de pagar el alquiler y a vivir a cuerpo de rey, situaciones todas minoritarias y para las que hay herramientas legales suficientes. No hablo de esas mafias imaginarias que llenan horas de televisión y alimentan el negocio de los vendedores de alarmas y las empresas de matones dedicadas a la “desokupación”.

Cuando yo hablo de okupas, me refiero a los que de verdad han okupado la vivienda en España, todos esos que mantienen okupadas cientos de miles de casas y pisos: bancos, fondos buitres, grandes tenedores. Los que desde la crisis de 2008 han engordado sus carteras inmobiliarias a base de okupar grandes paquetes de pisos tras la liquidación de las cajas de ahorro, adquiridas al banco malo a precio de derribo, compradas por centenares a inmobiliarias locales con sus inquilinos dentro, fruto de desahucios o resultado de la venta de viviendas públicas, como ocurrió en Madrid.

En la última década y media España ha sido un mercadillo de vivienda, un rastro donde bancos como CaixaBank, filiales de fondos como Blackstone o Goldman Sachs, gestoras estadounidenses, empresas de inversión y otros grandes propietarios nacionales y extranjeros, han okupado cientos de miles de pisos, muchos de los cuales mantienen vacíos. Son ellos los que impiden el derecho a la vivienda, los que distorsionan el mercado y provocan las subidas de precio, los que despueblan el centro de las ciudades y llevan la presión a la periferia, los que suben la renta a los inquilinos, y los que finalmente acaban desahuciando a tantas familias. No hablamos de la segunda vivienda de tu familia, ni del pisito que heredó tu primo, ni del que compró un apartamento y lo puso en alquiler. Hablamos de grandes tenedores, empresas y particulares que poseen decenas, cientos o miles de pisos dedicados a un único objetivo: multiplicar la ganancia, ya sea especulando, subiendo los alquileres, o comprando y vendiendo paquetes de viviendas en grandes operaciones

Si quieren que hablemos de okupación, hablemos en serio. No solo tenemos que impedir que nos impongan ciertas agendas y debates fake; también tenemos que disputar el lenguaje. Y si en España hay un problema de okupas, no es por aquellas personas que se meten en un piso por no tener dónde vivir -y en su inmensa mayoría lo hacen en pisos de los mencionados en los párrafos anteriores-: el problema de okupación lo tenemos con quienes han okupado una parte enorme del mercado inmobiliario, e impiden que tanta gente ejerza su derecho constitucional a la vivienda.

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