Cejil exige al Congreso salvadoreño discusión de la ley señalada de amnistía

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) exigió este lunes al Congreso de El Salvador que el anteproyecto de ley de reparación de las víctimas de la guerra civil (1980-1992), denominada de reconciliación y señalada de sustituir la amnistía anulada en julio de 2016, sea discutido “ampliamente”.

“Exigimos al Órgano Legislativo y los demás Órganos del Estado una discusión amplia que considere los más altos estándares en la materia y que permita que la visión de quienes han sufrido las consecuencias de estas graves violaciones de derechos humanos puedan ser escuchadas”, manifestó el Cejil en un comunicado.

También exhortó a la comunidad internacional a “mantener la atención sobre la discusión y a aportar a la misma todos los aspectos que sean necesarios, con el fin de garantizar que la normativa cumpla con lo necesario para permitir el avance pronto de una ley adecuada a las necesidades del país”.

“El Salvador puede cambiar su historia y construir un capítulo más justo para todos, porque sin justicia, la verdad y la reconciliación son nada más que aspiraciones”, agregó.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador amplió en cuatro meses el plazo al Congreso del país centroamericano para emitir una ley de reparación de las víctimas del conflicto armado.

La CSJ informó el pasado viernes en un comunicado de que los diputados tienen la obligación de aprobar una “ley de reconciliación nacional y de asistencia a las víctimas” a más tardar el 13 de noviembre próximo.

Los jueces constitucionales advirtieron a los legisladores que dicha ley debe respetar los parámetros establecidos en la sentencia que anuló la amnistía de 1993 y que deben tomar en cuenta la opinión de los sobrevivientes de las violaciones a derechos humanos.

La Comisión Política del órgano Legislativo discute un polémica propuesta de ley que daría una “amnistía de facto” a los autores de crímenes de guerra y de lesa humanidad, según las organizaciones de derechos humanos.

La polémica normativa surgió tras casi un año de trabajo de un cuestionado grupo de diputados, formado por exguerrilleros y militares retirados, encargado de estudiar las implicaciones del fallo contra la amnistía.

Dicha anulación permitió la reapertura de procesos penales por crímenes de guerra, como la masacre de unos 1.000 campesinos en El Mozote (1981), el magnicidio de san Óscar Arnulfo Romero (1980) y el asesinato de seis padres jesuitas y dos mujeres (1989).