La ONU confirma que las fuerzas de seguridad hondureñas son responsables de 13 muertos en las protestas

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU cuenta con “información creíble” que indica que al menos trece personas, incluidos dos mujeres y dos niños, fueron asesinados por miembros de las fuerzas de seguridad de Honduras durante las protestas que siguieron a las últimas elecciones.

Así figura en el informe presentado hoy por esa entidad ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que celebra su trigésima séptima sesión.

Las autoridades hondureñas no han proporcionado hasta el momento información sobre el número total de víctimas, sean muertas o heridas, pero la Oficina de Derechos Humanos ha conseguido confirmar que entre el 29 de noviembre y el 22 de diciembre hubo 22 muertos, de los que 21 eran civiles y el restante un policía. Además, 55 personas fueron heridas, la mitad por armas de fuego.

La ONU indicó, al igual que ya hiciera el pasado 12 en Tegucigalpa, que las fuerzas de seguridad “hicieron un uso excesivo de la fuerza para dispersar las protestas”. Señaló además que 12 de los 13 decesos atribuibles a las fuerzas estatales fueron responsabilidad de la Policía Militar del Orden Público. Mientras tanto, a la Policía Nacional se le atribuye una muerte y la mayor parte de heridos.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU sostuvo que la evidencia que se ha reunido sobre el uso de la fuerza en las protestas ciudadanas debería hacer que el Gobierno se “abstenga de desplegar fuerzas militares para tareas de seguridad de carácter civil”.

En función de todo ello, la ONU pide que se investigue de forma independiente y transparente las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad en el contexto postelectoral, y que se garantice justicia y reparación para las víctimas.

En relación a los mismos eventos, la Oficina de Derechos Humanos cuestionó la pertinencia de sendos decretos que fueron la base para el establecimiento, a inicios de diciembre, de un toque de queda, los que consideró que fueron “imprecisos” y que, por lo tanto, eran dudosos desde el punto de vista de su “legalidad”.

“Creemos que los decretos no cumplieron con demostrar claramente que se trataba de una situación de emergencia pública que amenazaba la vida de la nación y que las restricciones impuestas eran absolutamente necesarias”, señala el informe.

El documento establece igualmente una relación entre las protestas ciudadanas y la “intensificación de una campaña de intimidación contra defensores de derechos humanos activos en las regiones del norte”, donde esas manifestaciones fueron más intensas.

Allí se hicieron circular entre la gente panfletos que contenían ataques contra activistas y algunos de los que eran mencionados en ellos recibieron amenazas.

Sobre el emblemático caso de la líder de la sociedad civil, Berta Cáceres, asesinada en mayo de 2016, la ONU recordó que ocho personas han sido encausadas bajo cargos de homicidio o de intento de homicidio, y están detenidas, pero que el juicio se ha pospuesto ocho veces.

En algunas ocasiones ha sido el representante legal de la parte acusadora la que ha solicitado el aplazamiento del juicio debido a que la Fiscalía General se ha negado a revelar pruebas.

Por otra parte, el informe recuerda que el 75 % de las muertes violentas en Honduras son por armas de fuego, por lo que alienta al Congreso a que adopte una legislación que permita reducir el número de las que se encuentran en circulación y tener un control de su posesión y uso.