Una comisión de investigación de la ONU acusa a Israel de perseguir el control permanente de Gaza y una mayoría judía en Cisjordania

El Gobierno de Israel tiene una intención “clara y consistente” de establecer un control permanente sobre Gaza y de contar con una mayoría de población judía en Cisjordania, ha afirmado este martes la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre Palestina, en un informe dirigido a la Asamblea General de Naciones Unidas.

Esta conclusión central proviene de las indagaciones que ha realizado sobre la evolución de la situación de la tierra y la vivienda en todos los territorios palestinos ocupados, incluyendo Jerusalén Este, así como en Israel.

La comisión está compuesta por varios expertos independientes que recibieron el encargo de investigar por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la semana pasada concluyó que Israel está cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza con el asesinato de civiles, que superan las 65.000 personas; el daño mental a la población palestina; la perpetración intencionada de los daños físicos; y la imposición de medidas contra los nacimientos.

Los responsables de los crímenes

Como parte de ese trabajo se ha identificado a seis ministros israelíes como probables responsables de crímenes internacionales relacionados con la tierra y la vivienda, entre otros.

Primeramente se menciona al exministro de Defensa, Yoav Gallant, y al actual titular de esa cartera, Israel Katz, como responsables de las acciones de las fuerzas de seguridad israelíes en Gaza. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, y la ministra de Asentamientos y Proyectos Nacionales, Orit Strock; son considerados corresponsables de impulsar la construcción y expansión de asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este; mientras que el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, es visto como responsable del maltrato a prisioneros palestinos.

En última instancia, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, es señalado como el responsable de la conducta de Israel en la totalidad los territorios palestinos y de los actos que constituyen crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crimen de genocidio.

Gaza

Sobre la Franja de Gaza, el informe sostiene que las autoridades israelíes han demolido de manera amplia y sistemática la infraestructura civil en los corredores y la zona de seguridad, ampliando continuamente las áreas bajo su control hasta alcanzar el 75% del total ya el pasado julio.

En lugar de los edificios e infraestructuras demolidas, Israel expandió “zonas de seguridad” y estableció corredores, lo cual disminuyó mucho el territorio disponible para los palestinos y provocó una transferencia forzada de la población.

La Comisión, dirigida por la respetada magistrada sudafricana Navi Pillay, afirma que esto tiene graves implicaciones en la capacidad del pueblo palestino de ejercer su derecho a la autodeterminación o en su capacidad para producir alimentos.

Asimismo, ha determinado que las autoridades israelíes privaron deliberadamente a los palestinos de Gaza de recursos indispensables para su supervivencia, lo que significa infligir deliberadamente condiciones de vida calculadas para destruir a los palestinos de Gaza, “lo cual constituye un acto subyacente de genocidio”.

Cisjordania y Jerusalén Este

En cuanto a Cisjordania y Jerusalén Este, el informe afirma que no queda duda de que las políticas y acciones israelíes implementadas desde octubre de 2023 (incluido el apoyo a los colonos violentos) demuestran que Israel quiere transferir por la fuerza a los palestinos para “anexionar la totalidad de Cisjordania, impedir cualquier posibilidad de autodeterminación y de (existencia de) un Estado palestino y mantener una ocupación indefinida”.

Como prueba de ello, se menciona que las operaciones militares israelíes en Jenin, Tulkarem y los campos de refugiados de Nur Shams, que empezaron a comienzos de este año, “alteraron significativamente el paisaje geográfico mediante la destrucción de edificios e infraestructura y el desplazamiento de residentes palestinos”.

Algunos edificios destruidos fueron designados por el ejército israelí como “hogares de terroristas” y demolidos como castigo y medida disuasoria, lo que la Comisión ha concluido que no tenía ninguna justificación desde el punto de vista militar, por lo que en realidad fue un castigo colectivo.

“La incursión israelí en la totalidad de Cisjordania y el despojo y reubicación de múltiples comunidades palestinas son ahora objetivos explícitos, de los cuales los funcionarios israelíes presumen abiertamente. Estos planes y declaraciones son abominables y deben ser condenados”, ha dicho Pillay.