La cooperante española Juana Ruiz seguirá sin poder volver a casa por Navidad tras ser condenada por Israel

Han pasado ocho meses desde que el 13 de abril cerca de una veintena de soldados israelíes irrumpieron de noche en la casa de la trabajadora humanitaria Juana Ruiz Sánchez en el pueblo de Beit Sahour, en Cisjordania, y se la llevaron detenida. 

La española permaneció en detención preventiva durante casi un mes, hasta que la Fiscalía militar finalmente presentó cargos contra ella. Entre otros, el de blanqueamiento de capitales y financiación de una organización considerada como “terrorista” por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea, el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP).

Juana Ruiz ha estado en régimen de aislamiento desde su detención y ha sido sometida a duros interrogatorios por parte del Shabak (servicio de seguridad interior). El Consulado General de España en Jerusalén tardó semanas en poder hacerle llegar ropa, pertenencias personales y los medicamentos necesarios para el tratamiento de una enfermedad crónica que padece.

Tras una dilatada y agotadora secuencia de vistas judiciales – algunas presenciales en el centro penitenciario militar de Ofer (en las inmediaciones de Ramala) y otras telemáticas desde la prisión – el 17 de noviembre la Fiscalía y la Defensa llegaron a un acuerdo de conciliación por el que la acusada aceptó una condena de 13 meses de prisión a cambio de reconocer una culpabilidad parcial en relación a los delitos que le imputaban. A partir de ahí, ya sentenciada, quedaba por despejar la incógnita de si le concederían la libertad condicional a los dos tercios de cumplimiento de condena, tal como suele ocurrir en el sistema penal civil israelí, aunque rara vez en el militar. 

Por el momento no parece que vaya a ser así. En la última vista del martes, una comisión judicial y penitenciaria de Haifa, al norte de Israel, volvió a denegar la libertad a la cooperante por dos votos a favor y uno en contra. Los jueces decidieron emplazar a las partes a una nueva vista, de momento sin fecha, para reconsiderar la decisión del tribunal.

“Desde luego es un sistema un poco incomprensible, en el que los actos procesales se enrocan constantemente”, dice a elDiario.es Begoña Lalana, abogada y portavoz de la familia de Juana Ruiz. “Esto forma, una vez más, parte de la estrategia israelí contra la población palestina de ir alargando los plazos, los procesos y las detenciones. La próxima semana habrá una decisión. Mientras tanto, Ruiz cumple 255 días encarcelada en vísperas de Navidad”, escribe la plataforma “Libertad Juani” creada en las redes sociales en apoyo a la trabajadora humanitaria. 

Acción exterior española

“En mi opinión las autoridades españolas han hecho lo que han podido por ayudar a Juani a obtener la libertad condicional”, comenta a elDiario.es el abogado defensor, Avigdor Feldman, horas antes de la última vista. Según este jurista israelí especializado en derechos humanos, la embajadora de España en Israel, Ana Salomón, mantuvo una reunión con él la semana pasada y se ha interesado por el caso, asistiendo en persona a la vista final. “No sé qué ocurrió con la ministra de Asuntos Exteriores anterior (Arancha González Laya) pero me consta que el actual (José Manuel Albares) ha estado en contacto con el nuestro, Yair Lapid, para dar seguimiento al caso”, añade Feldman, que recogió el testigo de la defensa de manos de la jurista israelo-mexicana Gabi Lasky, una vez que esta pasó a ocupar un escaño en el Parlamento israelí tras las últimas elecciones legislativas.

En la primera comparecencia del titular de Exteriores en la Comisión de Cooperación del Congreso de esta semana, Albares ha asegurado que desde el Ejecutivo “están muy pendientes” del caso de Juana Ruiz y que intentan hablar con una única voz en este asunto: la de la Unión Europea y el jefe de su diplomacia, Josep Borrell. Además, el diplomático aseguró que ni en su ministerio ni en la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) han recibido ni una sola prueba de que la organización en la que trabaja la cooperante “contribuya al terrorismo”, tal y como afirman en Israel. 

Igualmente, la Oficina de Información Diplomática (OID) asegura a elDiario.es haber hecho todo lo posible por ayudar a Ruiz. “Se han llevado a cabo reiteradas gestiones ante las autoridades israelíes para que se respeten sus derechos y se le dé un trato adecuado”, afirma un portavoz. “Fruto de estas actuaciones se han podido organizar hasta siete visitas consulares y se ha facilitado el acceso de los abogados a la prisión, que las autoridades israelíes estaban dificultando”, agrega la subdirectora General Adjunta de la OID, Beatriz Muñoz González.

Chivo expiatorio

Desde las ONG españolas se reconoce el apoyo recibido por Ruiz desde el Gobierno, pero se pone en cuestión la lógica de actuación por parte de las autoridades israelíes. “Es una injusticia, una vergüenza, la forma en que ha procedido el Gobierno de Israel de cara a demostrar algo que es imposible, que las ONG internacionales están financiando el terrorismo”, dice Julio Rodríguez, presidente federal de Paz Ahora. 

“El Frente Popular es un partido legal con acreditación parlamentaria que concurre a elecciones y se le puede votar, por lo que las acusaciones contra los Comités de Trabajo para la Salud y contra otras ONG que Israel pretende vincular con el Frente son un auténtico despropósito y constituyen una nueva vuelta de tuerca de la política israelí en contra de la sociedad civil palestina”, reivindica Rodríguez, miembro también de Izquierda Unida y Comisiones Obreras. 

Tanto es así que cuando el pasado mes de octubre el titular de Defensa, Benny Gantz, ilegalizó las organizaciones sectoriales Al Haq (de derechos humanos), Addameer (apoyo a los presos), Bisan Research and Advocacy Center (investigación social), Defence of Children International (apoyo a la infancia), Union of Agricultural Work Committees (agricultura) y Union of Palestinian Women Committees (apoyo a las mujeres) una decena de diputados demócratas del Congreso de Estados Unidos solicitaron formalmente al presidente Joe Biden que interviniera para frenar esta iniciativa que calificaron de “represiva y antidemocrática”. 

Para Rodríguez, esta acusación de apoyo al terrorismo y de malversación de los fondos de la cooperación internacional tiene como objetivo final amedrentar a los Gobiernos y a las organizaciones internacionales para que dejen de financiar proyectos de desarrollo y ayuda humanitaria en Palestina. “Esto se está convirtiendo en la ley de la selva, con la que intentan asustar a entidades como ayuntamientos y diputaciones provinciales españolas que apoyan a estas ONG locales con el objetivo disuadir a la AECID y a otras agencias de cooperación gubernamentales para que cancelen su ayuda”, denuncia.

Así, Juani se habría convertido en el chivo expiatorio ideal –dada su condición de cooperante extranjera– dentro de esa operación de acoso y derribo contra el FPLP y las organizaciones que Israel considera como sus satélites. Una vendetta política y jurídica contra un partido miembro de la Organización para la Liberación de Palestina que en la segunda Intifada asesinó al entonces ministro de Turismo israelí, Rehavam Zeevi, a modo de venganza por la muerte del Secretario General del FPLP, Abu Ali Mustafa, alcanzado unos días antes por el impacto de dos misiles en su oficina de Ramala.

Descontrol financiero y contable

De acuerdo a las investigaciones del Shabak, activistas del FPLP habrían sido responsables de varios tiroteos efectuados durante los últimos años contra colonos israelíes en Cisjordania, aunque sin lamentar víctimas. En cambio, sí se registró una víctima mortal, una joven de 17 años, y dos heridos graves, su padre y hermano, en agosto de 2019 ante la detonación de un artefacto explosivo cuando los tres se acercaron a una poza natural en las inmediaciones del asentamiento de Dolev, en la Cisjordania ocupada por Israel. El antiguo contable de los Comités de Trabajo para la Salud (HWC), para los que trabajaba Ruiz, y otros dos miembros del departamento financiero de la asociada Unión de Comités de Trabajo Agrícola (UAWC), fueron condenados por este atentado.

Según el fundador de NGO Monitor –organización israelí que se dedica a investigar las actividades de las ONG palestinas y de las agencias internacionales que las apoyan, además de a fiscalizar sus cuentas– Gerald Steinberg, la detención, proceso judicial y condena contra la cooperante española no han sido casuales ni arbitrarias. Pues aunque reconoce que la cooperante española no ha cometido delitos de sangre ni está relacionada con atentado alguno asegura que sí forma parte de una red de financiación ilegal del FPLP, “que según los cálculos del Gobierno israelí podría alcanzar los 50 millones de euros”.

Esta cantidad parece artificialmente inflada dado el volumen de proyectos que llevan a cabo las siete ONG en cuestión, según matizan fuentes de la Cooperación Española en Jerusalén, que insisten en que se audita hasta el último euro y en que las ONG españolas obligan a sus contrapartes locales en Palestina a presentar facturas por todas y cada una de las partidas gastadas para evitar cualquier desviación de fondos. Los cooperantes españoles necesitan trabajar en un ambiente de seguridad jurídica, de forma que no sientan que pueden ser víctimas de detenciones y procesamientos judiciales de forma arbitraria y en función de las circunstancias políticas, comentan las mismas fuentes.

Sin información

Sin embargo, “el mundo de las ONG es una gran industria, que mueve mucho dinero procedente de varios gobiernos occidentales y de la Unión Europea, pero ninguno presenta informes financieros detallados, sino que la donación de fondos es casi automática, reproduciéndose año tras año”, denuncia Steinberg, que antes fue profesor titular del Centro de Estudios Estratégicos Begin-Sadat (BESA) de la Universidad de Bar Ilán. 

“En 2017, estuvimos en el Congreso de los Diputados presentando estas informaciones y representantes del Gobierno de España nos las rebatieron, pero luego no nos proporcionaron la información contable que demandamos”, enfatiza. Visita institucional que, por cierto, contó con la presencia del entonces extitular de Hacienda y líder del partido liberal Yesh Atid, Yair Lapid, que desde el pasado mes de junio ocupa la cartera de Asuntos Exteriores y quien, en virtud del acuerdo de coalición con el ultraderechista Naftali Bennet, actual jefe de Gobierno, pasará a ser primer ministro en junio de 2023.

En lo que a Ruiz concierne, Steinberg insiste en que no ha sido condenada de forma aleatoria. “Sabemos que el trabajo del Shabak ha sido concienzudo y detallado, y que ellos no arrestan a nadie gratuitamente”, apunta. “Al leer el escrito de acusación detecté un patrón de conducta, que me lleva a pensar que como responsable de la captación de fondos españoles y europeos ella no puede haber trabajado allí y no haber formado parte de esta trama”, concluye el fundador de Monitor. 

Desde la plataforma creada en España para pedir su liberación, apoyada por unas 2.000 personas y unas 150 organizaciones, defienden la inocencia de la cooperante y niegan que haya podido desviar fondos ya que, aseguran, ella ni siquiera es responsable de la administración, sino de la coordinación de los programas de asistencia sanitaria. “Quienes la conocemos sabemos que Juani es incapaz de cometer un delito de forma voluntaria. Si algo le ha preocupado siempre es ayudar a los demás y contribuir a mejorar la vida de los palestinos más vulnerables, sin acceso a las ayudas que les corresponden por el engranaje de ocupación diseñado por Israel”, dice Julio Rodríguez, de Paz Ahora.