La Corte Internacional de Justicia rechaza el veto de Israel a la UNRWA y la acusación de terrorismo contra la agencia

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo tribunal de Naciones Unidas, ha dictado este miércoles una opinión consultiva y ha afirmado que Israel, como potencia ocupante de los territorios palestinos, está “obligada a garantizar las necesidades básicas” de la población local. También ha recordado a Israel su obligación de “no usar el hambre como método de guerra contra la población civil”.

El presidente de la CIJ, Yuji Iwasawa, ha leído la opinión del tribunal compuesto por 11 jueces, en la que establece que “como potencia ocupante, Israel está obligada a garantizar las necesidades básicas de la población local, incluidos los suministros esenciales para su supervivencia” incluidos alimentos, agua, ropa de cama, alojamiento, combustible, suministros y servicios médicos. Para garantizar esas necesidades, Israel está obligado a apoyar la labor de Naciones Unidas y sus agencias, incluida la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), a la que Israel prohibió por ley operar en su territorio, limitando así su posibilidad de prestar ayuda tanto en Gaza como en la Cisjordania ocupada y en Jerusalén Este desde principios de año.

Israel alegó ante la CIJ que cooperar con la UNRWA supone “aceptar un riesgo grave” para su seguridad, ya que Tel Aviv acusó a empleados de la agencia de haber participado en el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. La ONU investigó en su momento esas acusaciones y señaló que nueve empleados “pudieron” estar implicados, pero aclaró que no pudo verificar de forma independiente las pruebas aportadas por Israel. La CIJ ha confirmado este miércoles que Israel “no ha fundamentado sus alegaciones de que una parte significativa” de los empleados de la UNRWA “son miembros de Hamás”, ni tampoco ha demostrado la presunta falta de neutralidad de la agencia humanitaria en su conjunto.

Además, la Corte con sede en La Haya concluye que “Naciones Unidas, actuando a través de la UNRWA, ha sido un proveedor indispensable de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza”, que no puede ser sustituida por otros organismos, como la llamada Fundación Humanitaria de Gaza. Por ello, “Israel tiene la obligación de aceptar y facilitar los planes de ayuda proporcionados por Naciones Unidas y sus entidades, incluida la UNRWA”.

“El Estado de Israel, como potencia ocupante, está obligado a cumplir las obligaciones que le incumben en virtud del derecho internacional humanitario”, ha concluido la Corte, que, por diez votos contra uno, dictamina que entre estas obligaciones está “aceptar y facilitar por todos los medios a su alcance los planes de socorro en favor de la población del territorio palestino ocupado, mientras dicha población no disponga de suministros suficientes, como ha sido el caso en la Franja de Gaza, incluidos los prestados por las Naciones Unidas y sus entidades, en particular UNRWA, otras organizaciones internacionales y terceros Estados, y no obstaculizar dicho auxilio”.

El comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, ha acogido con “satisfacción” la opinión dictada por la Corte, que califica de “inequívoca”. “⁠Se afirma que prestar toda la asistencia posible a las operaciones y actividades encomendadas a la UNRWA de buena fe forma parte de las obligaciones legales de Israel como Estado miembro de las Naciones Unidas”.

Con enormes cantidades de alimentos y otros suministros vitales en espera en Egipto y Jordania, la UNRWA cuenta con los recursos y la experiencia necesarios para ampliar inmediatamente la respuesta humanitaria en Gaza y ayudar a aliviar el sufrimiento de la población civil.

Peso jurídico y más presión

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución en la que solicitó al tribunal internacional que emitiera una opinión consultiva sobre la siguiente cuestión: “¿Cuáles son las obligaciones de Israel, como Potencia ocupante y como miembro de las Naciones Unidas, en relación con la presencia y las actividades de las Naciones Unidas, incluidos sus organismos y órganos, otras organizaciones internacionales y terceros Estados, en el territorio palestino ocupado y en relación con él, en particular para garantizar y facilitar el suministro sin trabas de los suministros urgentes y esenciales para la supervivencia de la población civil palestina, así como de los servicios básicos y la asistencia humanitaria y para el desarrollo, en beneficio de la población civil palestina y en apoyo del derecho del pueblo palestino a la libre determinación?”. La solicitud fue transmitida a la Corte por el Secretario General de la ONU y se celebraron audiencias públicas entre el 28 de abril y el 2 de mayo de 2025.

La opinión consultiva emitida este miércoles tiene peso jurídico y aumenta la presión internacional para que Israel permita a las organizaciones humanitarias prestar ayuda a los palestinos sin trabas, sobre todo en Gaza después de la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 10 de octubre.

Desde entonces, las autoridades israelíes no han cumplido con lo estipulado en el acuerdo con Hamás, según el cual deben entrar a la Franja 600 camiones de ayuda humanitaria cada día. La ONU ha advertido de que el flujo de ayuda sigue estando “muy por debajo de lo necesario”, aunque ha aumentado sus operaciones tanto en volumen como en áreas del enclave palestino que no eran accesibles antes del cese del fuego.

La UNRWA ha asegurado que tiene “cerca de 6.000 camiones de suministros humanitarios vitales en Jordania y en Egipto, listos para entrar” a Gaza, si las autoridades israelíes se lo permiten.

El tribunal también se ha pronunciado sobre los palestinos detenidos en cárceles israelíes y urge al Gobierno de Benjamín Netanyahu a “permitir el acceso” a estas personas por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Además, la CIJ recuerda a Israel que la deportación o el traslado forzoso de la población civil de un territorio ocupado como es Gaza, sea de forma total o parcial, también “están prohibidos” por el derecho internacional.

La Corte ya ha opinado en anteriores ocasiones sobre la ocupación israelí en Palestina. El año pasado, consideró que las políticas de asentamientos israelíes “violan el derecho internacional” y la “presencia continua” de Israel en Palestina es “ilegal”, por lo que le exigió la “evacuación de todos los colonos” y la devolución de tierras a sus residentes originales desplazados desde 1967.

Israel rechaza la decisión

Como viene siendo habitual, Israel no ha tardado en reaccionar a la decisión del tribunal. Su embajador ante las Naciones Unidas, Danny Danon, la ha calificado de “vergonzosa”. “Culpan a Israel por no cooperar con los órganos de la ONU… Deberían culparse a sí mismos. Esos órganos se convirtieron en caldo de cultivo para terroristas”, ha dicho Danon.

“Israel rechaza categóricamente la opinión consultiva de la CIJ, totalmente previsible desde el principio, sobre la UNRWA. Este es otro intento político de imponer medidas políticas contra Israel bajo el pretexto del 'derecho internacional”, ha dicho por su parte en X el Ministerio de Exteriores, que ha vuelto a arremeter contra la UNRWA.

“Israel cumple plenamente con sus obligaciones en virtud del derecho internacional. Israel rechaza plenamente la politización del derecho internacional, que busca producir resultados políticos e imponer medidas destinadas a perjudicar al Estado de Israel”, agrega el ministerio de Exteriores del Gobierno de Netanyahu, que tiene una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra y lesa humanidad en Gaza.

Con información de la Agencia EFE