Ayudó a matar en Washington al exministro chileno Letelier hace 50 años, pero el ICE lo ha dejado libre tras cuatro meses detenido

Uno de mis primeros recuerdos políticos es la película ‘La Batalla de Chile’. No sé bien cuánto vi de sus tres partes, pero conservo la imagen de haber visto el documental de Patricio Guzmán en casa de mis padres, cuando era niño. Me faltan detalles; quizá incluso esa imagen esté parcialmente construida. La memoria, al fin y al cabo, suele tomar derroteros propios cuando se trata de evocaciones tan lejanas. Pero el caso es que me siguen viniendo a la memoria las imágenes de ese golpe contra Salvador Allende en septiembre de 1973. Yo nací tres meses después de la muerte del expresidente chileno y del inicio de la sangrienta dictadura de Augusto Pinochet, respaldada por Estados Unidos, que dos años más tarde impulsaría la Operación Cóndor para construir un verdadero eje criminal entre las dictaduras latinoamericanas al servicio de los intereses de Washington.

El exsecretario de Estado de EEUU Henry Kissinger tuvo mucho que ver con aquello, al igual que la Escuela de las Américas (primero en Panamá y luego en Georgia), en la que el Ejército de EEUU formó a los torturadores de todo el continente latinoamericano.

Los que nacimos en el 73 hemos crecido con la sombra de las dictaduras latinoamericanas patrocinadas por EEUU, pero también con las luchas emancipadoras en algunos de esos países. Y parte de todo eso ha vuelto a la actualidad estadounidense en estos días, en los que la renacida doctrina Monroe de Donald Trump se traduce en injerencias electorales, el secuestro de Nicolás Maduro y el establecimiento de un protectorado de facto en Venezuela desde la metrópoli, así como la asfixia de Cuba.

Pero no solo eso. El ICE siempre presume de detener a “lo peor de lo peor”, si bien, en la mayoría de los casos, las personas detenidas no han sido condenadas por ningún delito, ni siquiera grave, sino que simplemente presentan irregularidades en su estatus migratorio. Entretanto, desde el inicio de la actual presidencia de Trump, ya van 12 personas muertas en operaciones del ICE..

Sin embargo, en octubre pasado, el ICE sí detuvo a alguien que encajaba en su lema de “lo peor de lo peor”: Armando Fernández Larios.

Fernández Larios formaba parte de la Caravana de la Muerte, una operación criminal dependiente del Gobierno de Pinochet creada justo después del golpe y a la que se le atribuye alrededor de un centenar de asesinatos. Además de estos asesinatos, Fernández Larios participó en la operación para asesinar a Orlando Letelier (44 años) y su asistente, Ronni Moffitt (25 años), el 21 de septiembre de 1976 en Washington DC con un coche bomba.

El atentado se cometió en Sheridan Circle, en una zona elegante, de embajadas, y en su lugar ahora hay una solitaria placa que recuerda el crimen de aquel día.

El 27 de octubre de 2025, agentes del ICE trasladaron a Fernández a un centro de detención en Miami. El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que era responsable de “homicidio” por el atentado con coche bomba del 21 de septiembre de 1976 que acabó con la vida del exministro chileno Orlando Letelier y de Ronni Moffitt, quien viajaba junto a su esposo, Michael Moffitt, en el automóvil de Letelier cuando se dirigían al Institute for Policy Studies, donde trabajaban.

En la plaza de Sheridan Circle, a 20 minutos andando de mi casa, frente a los jardines de la embajada de Irlanda, una bomba fue activada bajo el asiento de Letelier. En 1978, dos años después del atentado, un gran jurado de Washington imputó a Fernández por su participación en el asesinato, junto con el jefe de los servicios de inteligencia chilenos, Manuel Contreras, y otras cinco personas. The New York Times recuerda que ese mismo año el Gobierno chileno accedió a extraditar a Michael Townley, un agente de inteligencia chileno nacido en Estados Unidos que se había reunido con Fernández en un aeropuerto estadounidense, donde este le entregó un croquis con los movimientos de Letelier para facilitar la planificación del atentado. Sin embargo, Chile se negó a extraditar tanto a Fernández como a Contreras, entonces jefe de la DINA.

Con el tiempo, en enero de 1987, Fernández se marchó de Chile y se declaró culpable en EEUU de “complicidad a posteriori” en el asesinato de un funcionario extranjero. Fernández fue sentenciado a entre 27 y 84 meses de prisión, señala el NYT, que cuenta cómo en julio de ese año altos funcionarios del Departamento de Estado escribieron a la comisión de libertad condicional con el fin de pedir clemencia para Fernández, quien finalmente solo cumplió cinco meses de condena y comenzó a vivir en EEUU bajo protección del Gobierno federal.

En 1999, los familiares de Winston Cabello, una de las víctimas de la Caravana de la Muerte en 1973, presentaron una demanda civil contra Fernández ante un tribunal federal de Florida. El caso llegó a juicio en septiembre de 2003 y, tres semanas después, un jurado lo declaró responsable de ejecución extrajudicial, tortura y crímenes de lesa humanidad. El tribunal concedió a la familia Cabello una indemnización de cuatro millones de dólares, una indemnización que Fernández nunca pagó.

Durante el juicio, Henry Kissinger, exsecretario de Estado, envió una carta al tribunal en defensa de Fernández, informa el NYT.

A raíz de la detención en octubre por parte de agentes del ICE, Fernández defendía que en 1987 Estados Unidos había acordado no deportarlo, y presentó un recurso de habeas corpus para obligar al gobierno de EEUU a cumplir su palabra. Según el diario neoyorquino, el gobierno nunca respondió a la demanda de Fernández: en su lugar, el gobierno liberó a Fernández, según los expedientes judiciales a los que tuvo acceso el National Security Archive.

Fernández tiene otra vista programada para el 5 de agosto ante un juez de inmigración.

Peter Kornbluh, investigador del National Security Archive, una organización sin ánimo de lucro que ha trabajado para lograr la divulgación pública de documentos relacionados con el caso, explica: “En su demanda contra el ICE, Fernández Larios presentó 'una demanda por incumplimiento de contrato', alegando que el Gobierno de Estados Unidos había incumplido un acuerdo legal alcanzado a principios de 1987, cuando intentó ir a Estados Unidos durante los últimos años de la dictadura de Pinochet. Por su participación en el asesinato de Letelier y Moffitt, Fernández Larios se declararía culpable de 'complicidad posterior al hecho de asesinato' y testificaría sobre la operación Letelier y el papel del general Pinochet en la misma. A cambio, el Departamento de Justicia de EEUU recomendó una reducción de la pena y prometió que 'no solicitaría [su] deportación a Chile ni cooperaría en su extradición a Chile, salvo que se produjera un incumplimiento del acuerdo'. Y, según la demanda de Fernández Larios, el Gobierno de Estados Unidos había 'incumplido de manera sustancial el acuerdo de declaración de culpabilidad entre las partes al iniciar un procedimiento de expulsión y detenerlo con el fin de deportarlo a Chile”.

Entre los documentos publicados por el National Security Archive, figura uno en el que recoge cómo, en 2016, el juez de derechos humanos chileno Mario Carroza intentó reactivar el proceso judicial por los asesinatos de la Caravana de la Muerte.

En la solicitud de extradición autorizada por el Tribunal Supremo de Chile, el juez Carroza identificó a Fernández Larios como miembro de la Caravana de la Muerte que llegó a La Serena (capital de la región de Coquimbo en la costa de Chile) el 16 de octubre de 1973 y ejecutó, uno por uno, a 15 funcionarios locales partidarios de Allende.

Las víctimas fueron posteriormente enterradas en una fosa común, según el resumen de los hechos que figura en la solicitud.

Esta solicitud de extradición fue una de las cinco enviadas desde Chile en relación con Fernández Larios, mientras las autoridades judiciales chilenas investigaban las atrocidades contra los derechos humanos en las que estuvo implicado.

El Gobierno de EEUU devolvió, rechazó o no respondió a esas solicitudes formales de extradición, entre las que se incluía una petición para que Fernández Larios fuera devuelto a Chile para ser juzgado.

Fernández Larios ayudó a matar en la capital de EEUU a Letelier y a la estadounidense Moffitt hace 50 años. Pero el ICE, que está deteniendo a 2.000 migrantes al día y ya ha causado la muerte de 12 personas, lo ha dejado libre.