David Cameron, acusado de presionar al Gobierno británico para facilitar fondos a una empresa que quebró

El exprimer ministro británico David Cameron intercedió por el empresario australiano Lex Greensill, dedicado a la financiación de la cadena de suministro y productos financieros derivados, ante el ministro de Sanidad, Matt Hancock, según reveló este domingo el diario The Sunday Times. El periódico asegura que el antiguo mandatario conservador y Greensill “presionaron” a Hancock durante un encuentro “privado” que tuvo lugar en octubre de 2019 para introducir un sistema de pagos gestionado por su firma en la administración de la sanidad pública.

Previamente, medios británicos desvelaran en marzo que el financiero australiano tuvo un influyente papel como asesor no remunerado de Cameron mientras fue jefe de Gobierno y que el exprimer ministro fue contratado después de dejar el Ejecutivo por Greensill Capital, recientemente declarada en quiebra.

El ministro de Economía, Rishi Sunak, también ha admitido que Cameron contactó con él para tratar de facilitar el acceso a fondos de emergencia que reflotaran la firma, si bien asegura que la cuestión fue abordada de forma transparente y la petición fue finalmente rechazada. Según los documentos publicados, antes de la negativa, funcionarios del Tesoro mantuvieron una serie de reuniones con Greensill Capital.

Los mensajes de texto de Sunak publicados muestran que en abril del año pasado el ministro le dijo a Cameron que había “presionado al equipo” en el Tesoro para ver si podía arreglar el acceso completo a los fondos.

En los últimos días, los medios también han revelado que otros altos cargos tenían vínculos con esta empresa de financiación de la cadena de suministro, que llegó a infiltrarse en varios departamentos del Gobierno. Entre otras cosas, se ha sabido que el que fuera jefe de contrataciones públicas del Ejecutivo, Bill Crothers, empezó a trabajar para la financiera en septiembre de 2015, con aprobación de la Oficina del gabinete, antes de dejar su puesto gubernamental dos meses después.

Por su parte, el australiano de 44 años Lex Greensill, fundador de la empresa, llegó a tener acceso a las altas esferas del poder, según los periódicos. Cuando Cameron estaba en Downing Street, Greensill tuvo una tarjeta de visita donde se describía como “asesor senior” para la oficina del primer ministro, según información proporcionada al Partido Laborista.

La Oficina del Registro de Consultores para Grupos de Presión (ORCL, en inglés) consideró hace dos semanas que Cameron no violó el reglamento cuando en abril de 2020 contactó con miembros del Gobierno a fin de obtener préstamos para Greensill Capital. En un informe, el organismo concluyó que el exprimer ministro “no cumplía los criterios” que obligan a registrarse en la base de datos oficial en la que figuran las personas que actúan en favor de grupos de presión de manera independiente.

Cameron admite “lecciones que aprender”

Por su parte, Cameron ha dicho este domingo que tiene “lecciones que aprender” sobre sus contactos con miembros del Gobierno para ejercer presión en favor de los intereses de una compañía financiera, aunque ha asegurado que no rompió ninguna regla.

“Cumplí con las normas y mis intervenciones no llevaron a cambios” en el programa de ayudas económicas a empresas del Ejecutivo británico, ha señalado en un comunicado remitido a los medios.

“Sin embargo, he reflexionado sobre esto en profundidad. Hay importantes lecciones que aprender. Como exprimer ministro, acepto que las comunicaciones con el Gobierno tienen que hacerse a través de canales más formales, a fin de que no haya lugar a malas interpretaciones”, ha dicho Cameron.

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha rechazado este miércoles apoyar una investigación parlamentaria sobre el amiguismo en el Gobierno, al concluir que será suficiente la que él mismo ha encargado sobre la relación de varios altos cargos con la financiera anglo-australiana Greensill Capital.

Johnson ha sostenido que “no aportaría nada bueno” la iniciativa de la oposición laborista de crear un comité parlamentario que examine los casos de lobby y posible tráfico de influencias entre funcionarios y miembros del Ejecutivo.

La moción auspiciada por el líder de la oposición, Keir Starmer, se sometió a votación la tarde del miércoles en la Cámara de los Comunes, donde el Partido Conservador cuenta con mayoría absoluta, y fue rechazada por 357 votos a favor frente a 262 en contra.

“El escándalo Greensill es solo la punta del iceberg”, ha sostenido Starmer, que ha acusado al primer ministro de “bloquear una investigación adecuada”. Ante crecientes revelaciones en la prensa, Johnson ha encargado una investigación interna sobre posibles conflictos de interés al abogado gubernamental Nigel Boardman, pero la oposición cree que será insuficiente y que podría utilizarse para encubrir los hechos.

En la sesión semanal de control al Ejecutivo en los Comunes, Starmer ha lamentado que hay un retorno a los trucos “sucios” de los conservadores. Aunque Cameron fue exonerado por el regulador de haber violado las actuales normas de lobby, sus maniobras han reabierto el debate sobre tráfico de influencias y llevado a la oposición a pedir un endurecimiento de la ley.