Nuevo traspiés de Bolsonaro: sus decretos armamentísticos, ilegales e inconstitucionales según la Fiscalía
Garantizar “la legítima defensa” de todos los ciudadanos, la posesión, el porte y la comercialización de armas de fuego fueron unas de las principales promesas de campaña del ultraderechista Jair Bolsonaro. Contaban incluso con un espacio privilegiado en su programa electoral, pero llegado el momento de la verdad no está siendo capaz de hacerlas realidad.
Contrario —como todo su clan y sus seguidores más acérrimos— al Estatuto de Desarme que está en vigor en Brasil desde diciembre de 2003, primer año con Luiz Inácio Lula da Silva al frente del país, Bolsonaro se ha dado cuenta de que ese es precisamente el gran obstáculo. No está pudiendo escapar de su radio de acción y muestra desacierto a la hora de intentar esquivarlo.
“Sus decretos están en contra de la política pública que fue instituida a través de una ley que fue el Estatuto de Desarme”, explica a eldiario.es desde la Fiscalía el procurador Marlon Weichert. “Hacerlo de una forma orgánica, estructurada, revela la intención del poder Ejecutivo de usurpar la función del Legislativo, del Congreso. Estos decretos violan la separación de poderes, principio fundamental de la Constitución”, apunta.
El Estatuto de Desarme, en opinión de Melina Risso, directora de programas del Instituto Igarapé —especializado en temas de seguridad, justicia y desarrollo—, “fue muy innovador, estableció un marco de control de armas en el país, cosa que no teníamos”. Dicho esto, su huella fue de más a menos. “Las primeras medidas implementadas tuvieron impacto en la reducción de homicidios”, cuenta. El año 2004 fue el primero con buenos números, tras la prohibición del porte de armas para civiles, por ejemplo.
Exitosa también fue la campaña de recogida de armas de fuego para su destrucción y “más de quinientas mil fueron entregadas”, recuerda Risso. Rememora también el primer frenazo, el referéndum de 2005 para prohibir la comercialización. “Desde el punto de vista narrativo, acabó polarizando, la pregunta [¿El comercio de armas de fuego y munición debe ser prohibido en Brasil?] fue mal formulada, el lobby de las armas estaba muy presente en aquel momento”. El resultado fue de 64% a 36% en contra de la prohibición. Y en aquel referéndum se apoya hoy Bolsonaro. A partir de entonces, y eso también es clave, el grupo de presión de las armas consiguió ir bloqueando varias de las medidas aún por implementar en este Estatuto de Desarme.
Sin embargo, una cosa es bloquearlo y otra saltárselo. Queda clara la intención de Bolsonaro de alterar una ley aprobada por el Congreso Nacional, violar esa norma, y eso es lo que genera la inconstitucionalidad. “El hecho de que se trate de una de sus promesas electorales”, puntualiza Weichert desde la Fiscalía, “no altera su responsabilidad como presidente de respetar la Constitución”. El presidente debería enviar una propuesta al Congreso, para que allí se debata, pero ese camino es más largo. Prefirió retirar los decretos iniciales y elaborar otros diferentes, que continúan siendo ilegales e inconstitucionales. El Supremo, o el propio Congreso, están capacitados para suspender su ejecución. “Es lo que estaba a punto de suceder con los decretos anteriores”, asegura el procurador.
No hay duda de que el lobby del agronegocio —en parte favorables al porte y posesión de armas para defender sus propiedades rurales— y el armamentístico tienen potencia de sobra para seguir empujando a favor de estos decretos, pero desde el Instituto Igarapé son optimistas a la hora de resistir la arremetida. “Hay diferentes frentes de acción, el de bloqueo por ilegalidad, en la Justicia, y el frente político, intentando presentar nuevos proyectos de ley”, explica Melina Risso. “No vivimos en un país autoritario, estamos en una democracia. Es en el Parlamento donde se manifiestan las diferentes visiones de la totalidad de la población”, puntualiza.
En contra de Bolsonaro, también, y aunque pueda parecer que va a contracorriente de la ola conservadora brasileña, está la última gran encuesta de población, publicada por Datafolha. Analizando datos recolectados en los primeros días de abril, con los primeros decretos ya sobre la mesa, “la mayoría de los brasileños adultos (64%) opinaba que la posesión de armas debería estar prohibida, y un tercio (34%) opinaba que debería ser un derecho”, concluía. El rechazo a los decretos armamentísticos es más alto entre las mujeres (74%), las clases más pobres (72%), la población negra (75%) y los que reprueban al Gobierno Federal (87%).
Este nuevo fracaso de la gestión de Bolsonaro se une a la lista de disgustos que va acumulando el presidente. Destacan las dificultades que está teniendo su Gobierno para negociar con el Congreso Nacional la reforma de la seguridad social, el gran proyecto de su ministro de economía, Paulo Guedes. Saldrá adelante, casi seguro, pero con sufrimiento y con considerables modificaciones respecto a la idea inicial. También se ha quedado al descubierto el presidente ante el Parlamento con el escándalo de su ministro de Justicia, Sérgio Moro. Los mensajes privados publicados por 'The Intercept', cada vez más comprometedores, dañan la imagen de ambos. Moro fue juez parcial, juez investigador, órgano acusador, dejó fuera de la carrera presidencial al expresidente Lula da Silva, y Bolsonaro le recompensó con un puesto en el Gobierno.
