El Gobierno polaco pretende aumentar el control sobre los grupos de derechos humanos
La primera ministra polaca, Beata Szydlo, ha desatado la ira de los activistas de derechos humanos con sus planes de crear un nuevo departamento de sociedad civil que centralice la financiación y “ordene el mundo de las ONG”.
Demasiadas organizaciones no gubernamentales siguen “subordinadas a las políticas del anterior sistema de gobierno”, declaró Szydlo a los periodistas la semana pasada. Ella y otros destacados ministros polacos del partido derechista Ley y Justicia tuvieron este lunes en Londres un encuentro con el Gobierno británico.
La decisión podría permitir al polaco presionar a las ONG que han criticado a los ministros por asuntos de derechos humanos. Los activistas han acusado a los ministros de denunciar en voz alta los ataques a los polacos en Reino Unido tras el referéndum del 23 de junio para abandonar la UE, al mismo tiempo que sabotean los esfuerzos para responder a los crecientes crímenes de odio dentro del país.
“El dinero público es la principal fuente de financiación para muchas ONG, así que es fácil para el Gobierno alcanzar sus objetivos mediante la presión financiera”, asegura Dorota Pudzianowska, de la Fundación de Helsinki por los Derechos Humanos.
“El anterior Gobierno nos ignoraba, pero este es abiertamente hostil a los asuntos de derechos humanos”, dice Krzysztof Śmiszek, de la Sociedad Polaca contra la Discriminación.
El Partido Ley y Justicia ha sido acusado de invertir las nociones aceptadas de derechos humanos, describiendo a los activistas por los derechos de las minorías y contra la discriminación como una amenaza a los derechos y libertades de la mayoría católica de Polonia.
“La cristiandad es nuestra cultura, nuestra civilización, nuestros valores básicos”, declaró el ministro de Interior, Mariusz Błaszczak, tras el ataque terrorista en Niza en julio de este año. Błaszczak describió el atroz atentado como “la consecuencia de políticas multiculturales y de la corrección política”.
1.500 crímenes de odio y discriminación en 2015
Wojciech Kaczmarczyk, nombrado en enero como el máximo responsable del Gobierno para la sociedad civil y la igualdad de derechos, argumenta que el Gobierno “ya ha tenido suficientes ateos militantes y entusiastas de la revolución sexual apropiándose del principio de la igualdad”.
A principios de noviembre, el ministro de Interior convirtió el equipo de protección de derechos humanos, que trabajaba con las ONG en crímenes de odio y asuntos de derechos humanos, en un departamento más amplio que aborda la migración europea y los esfuerzos contra el tráfico de seres humanos.
El ministro insistió en que el personal del equipo continuará con el mismo trabajo que antes, pero una fuente cercana al Ministerio informó a the Guardian que se trata de un “claro intento de debilitar su papel eliminando su autonomía”.
En mayo, el Gobierno polaco abolió el Consejo de Estado para combatir el racismo a pesar del auge vertiginoso del número de investigaciones por crímenes de discriminación y odio iniciadas por los fiscales: de 60 en 2009 a 1.500 en 2015. El partido en el Gobierno argumentó que el Consejo no había sido efectivo, pero no propuso ningún plan alternativo.
Al mismo tiempo, el Gobierno dejó de financiar el centro por los derechos de las mujeres de Polonia, que proporciona ayuda a las víctimas de violencia machista, argumentando que “solo ofrecía ayudas a mujeres”.
Kaczmarczyk, quien ha defendido el derecho de los dueños de negocios de no servir a clientes negros si ello fuese “contrario a su conciencia”, fue trasladado recientemente a la cancillería de la primera ministra, donde supervisa los planes de Szydlo para el departamento de sociedad civil.
Los activistas conservadores dieron la bienvenida a las nuevas propuestas. “En el modelo actual, determinadas actividades sociales tienen exceso de financiación y otras acciones son abandonadas o ignoradas”, asegura Tymoteusz Zych, de Ordo Iuris, un grupo conservador de línea dura que redactó proposiciones en favor de una prohibición total sobre el aborto, lo que desencadenó protestas en todo el país el mes pasado.
Los activistas de derechos humanos acusaron a los medios afines al Gobierno de orquestar una campaña para describir las acciones de las ONG como contrarias a los intereses de Polonia. “Se tacha a las ONG de enemigas porque recibimos dinero del exterior y porque criticamos al Gobierno”, explica Piotr Godzisz, de Lambda, una ONG que vigila y registra los crímenes de odio contra la comunidad LGTB del país.
A principios de este año, alguien lanzó un ladrillo contra la ventana de la sede de Lambda en Varsovia; también apareció un símbolo nazi y la frase “expulsa a los gays” escrita en su puerta principal.
Los activistas temen que el anuncio del primer ministro pueda ser un precursor de medidas todavía más restrictivas. “Nos preocupa que Polonia siga el camino de Hungría o Rusia, obligando a las ONG a registrarse ante el Gobierno como agentes extranjeros”, señala Smiszek. “Están tanteando el terreno y cuanto más callados nos quedemos, más valientes serán después”.
