Un error de traducción puede costarte la pena de muerte en Arabia Saudí

Imagina que vives en uno de los países más pobres del mundo, que una red de narcotraficantes te embauca para que transportes su droga hasta Arabia Saudí y que en el aeropuerto, nada más aterrizar, te detienen con el estómago lleno de cápsulas con heroína. Imagina además que no hablas el mismo idioma, que no puedes dar tu versión de los hechos y que, después de torturarte y de estar internado en una cárcel inhumana, te obligan a firmar una confesión que ni siquiera entiendes.

“Él me dijo que los procesos judiciales eran en árabe, pero solo hablaba punjabi [una de las lenguas habladas en Pakistán]”, lamenta Razia Bibi, mujer de un paquistaní ejecutado en Arabia Saudí por un delito relacionado con las drogas. En Arabia Saudí, se castiga con la pena capital entrar en el país transportando droga. La mayor parte de los paquistaníes ejecutados en el país han sido juzgados por este tipo de delitos, confirma un informe de Human Rights Watch.

En el país del golfo viven alrededor de 1,2 millones de paquistaníes. Se trata de la segunda comunidad migrante más grande del país que, a menudo, se enfrenta a detenciones arbitrarias, malos tratos y un bloqueo generalizado en la asistencia de sus consulados o incluso de abogados. La mayoría consigue hablar árabe después de unos años viviendo allí, pero llegar a escribirlo para presentar sus defensas ante el juez es casi imposible.

Según el informe, casi todos los detenidos paquistaníes, así como sus familiares, denunciaron “violaciones generalizadas” tales como largos periodos de detención sin cargos ni juicio, falta de asistencia de abogados, situaciones en las que se presionaba a los presos para que firmasen y aceptasen penas de prisión para evitar periodos más prolongados y servicios de traducción que les condenaban directamente.

Masificación, instalaciones insalubres, falta de camas y sábanas y de atención médica. Un antiguo preso en la provincia de Jazan asegura: “Estaba muy masificado y las condiciones de la prisión eran deplorables. Muchas veces, no había agua durante días y no había un sistema de alcantarillado adecuado. Los baños estaban tan sucios que nos daba miedo usarlos”.

Algunos de los detenidos también denunciaron que las autoridades penitenciarias les habían abofeteado, golpeado con un cinturón y electrocutado con un dispositivo eléctrico durante los interrogatorios.

“Mi marido trabajaba en una fábrica textil en Pakistán. Un día fue abordado por algunas personas que le explicaron que enviaban a gente de manera gratuita para hacer el peregrinaje a la Meca. Esas personas le utilizaron como mula para que introdujese drogas en Arabia Saudí”, explica la mujer del ejecutado.

“Fue arrestado en el aeropuerto y lo llevaron a comisaría. Lo torturaron y lo colgaron”, continua. “Me contó que durante tres meses, solo ingirió algo de agua y pan. Mi marido era analfabeto, no entendía nada”, apunta.

Son los presos los que redactan defensas

“Muchos paquistaníes viajan a Arabia Saudí deseosos de realizar el peregrinaje religioso, también para ir a trabajar y hacer algo de dinero. Para cumplir sus sueños”, explica Adam Coogle, uno de los autores del informe. “Sin embargo, para aquellos paquistaníes que terminan envueltos en el sistema judicial criminal del país, la experiencia en Arabia Saudí se convierte en una pesadilla”, comenta Coogle.

“Por norma general, no cuentan con abogados y son otros presos los que les ayudan a escribir sus defensas. Cuando llegan ante el juez, no son capaces de leer sus documentos. Es por todo esto que terminan firmando confesiones que ni siquiera entienden. Y esto pasa incluso en casos serios que pueden terminar en penas de muerte”, añade el investigador.

Según la investigación de HRW, en estos momentos hay 2.795 paquistaníes en prisiones de Arabia Saudí. Este país ejecuta cada año a más personas procedentes de Pakistán que de cualquier otro lugar y casi todos terminan siendo condenados por contrabando de heroína. En 2014, ejecutaron a 20 paquistaníes, en 2015 a 22, en 2016 a 7 y, el año pasado, a 17.

El informe también indica que, en nueve casos, el tribunal presionó a los presos para que aceptasen fallos judiciales sin darles oportunidad de leer, revisar o si quiera entender de alguna manera estos juicios. Algunos de los detenidos reconocieron a los investigadores que “los traductores designados por el tribunal no proporcionaban los servicios adecuados y que a veces tergiversaban intencionadamente las declaraciones de los detenidos a los jueces o no describían con precisión el contenido de los documentos judiciales en lengua árabe”.