De los Mártires denuncia a Legarra por hacer públicos sus contratos laborales
El proceso judicial que mantienen abierto la gerente del SERIS, Mari Luz de los Mártires, y el presidente del Partido Riojano, Miguel González de Legarra, sigue desvelando informaciones en cada paso que avanza. En la audiencia previa celebrada esta semana para que ambos se ratificasen en sus posturas, el regionalista se ha enterado, porque así lo explicó el abogado de la demandante, que ha sido denunciado ante la Agencia de Protección de Datos por hacer públicos los contratos laborales que unen a De los Mártires con el Servicio Riojano de Salud y el gobierno de La Rioja.
Unos contratos firmados por el consejero de Salud, José Ignacio Nieto, que desvelaron que la gerente cobraba hasta 30.000 euros anuales más de lo que se había hecho público hasta el momento. González de Legarra se ha mostrado sorprendido ante este nuevo proceso ya que considera que “están denunciando una vez más a quien da a conocer todas las irregularidades, me denuncian por hacer pública una información que debería ser pública, las cantidades que cobran los cargos públicos y el concepto por el que las cobran”.
El líder regionalista ha desvelado además que, en esa audiencia previa, la gerente del SERIS, Mari Luz de los Mártires, aportó como pruebas varios recortes de prensa y solicitó un único testigo para el juicio que se celebrará el próximo 30 de noviembre, Marcial López Diéguez Gamoneda, el gerente de Viamed. Precisamente, en el proceso judicial abierto por Viamed a González de Legarra en un juzgado madrileño, también se ha llamado a un único testigo, Mari Luz de los Mártires.
Legarra aportó también varias pruebas como los contratos de De los Mártires, los contratos del SERIS con la empresa Viamed, las calificaciones de irregularidad de los mismos emitidas por el Tribunal de Cuentas o los vínculos entre el hermano de la gerente y la citada empresa privada. Además, el Juzgado admitió la petición del regionalista para que se presenten todas las actas de las Mesas Sectoriales y los Consejos de Administración en los que se supone que se habían aprobado esos contratos. Unas actas en las que, como ha demostrado anteriormente Legarra, no consta en ningún momento este punto.
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