La Federación de Sindicatos de Periodistas rechaza las 'Leyes Mordaza'
La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) considera que la aprobación definitiva por el Congreso del conjunto de reformas legislativas conocidas como Leyes Mordaza es un grave atentado contra el conjunto de libertades civiles que definen y caracterizan una sociedad democrática. El Partido Popular ha culminado su política involucionista perpetrando una auténtica atrocidad democrática.
La FeSP ya pidió en diciembre de 2014 la dimisión del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, porque se empecinó en tramitar la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana a pesar del rechazo generalizado que han manifestado todos los partidos políticos de la oposición, colectivos ciudadanos del más variado signo, organizaciones internacionales e incluso el Defensor del Pueblo. Esa y las demás leyes aprobadas ahora son responsabilidad no sólo de él sino de todo el Gobierno, con el presidente Mariano Rajoy a la cabeza.
La Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal han provocado las protestas no sólo de la FeSP sino de organizaciones tan variadas como Amnistía Internacional, Colegio de Abogados de Madrid, Reporteros sin Fronteras, Greenpeace, SOS Racismo, la plataforma No Somos Delito, Jueces para la Democracia, Ecologistas en Acción, Red Internacional de Abogados Eureka y la Federación Europea de Periodistas (FEP), entre otras.
El gran incremento del número de faltas relacionadas con los derechos a la libertad de expresión y de manifestación que establece la Ley de Seguridad Ciudadana permite concluir que, con esta norma, el Gobierno y el PP pretenden limitar y reprimir tanto el derecho de la ciudadanía a protestar en las calles como el de los periodistas y fotógrafos a difundir esas protestas, en cumplimiento de su obligación profesional.
La Junta Ejecutiva Federal de la FeSP considera que estas reformas son incompatibles con un estado realmente democrático. Los ciudadanos van a tener pronto en su mano la posibilidad de hacer cambiar la actual situación de mayoría absoluta en el Parlamento para que, con otro reparto de escaños, estas leyes sean derogadas en la próxima legislatura como se han comprometido los partidos de la oposición.
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