La Fiscalía archiva la investigación sobre la gestión de las residencias en la crisis del coronavirus

La Fiscalía Superior de La Rioja ha decretado el archivo de las diligencias civiles que abrió a instancias de la Fiscalía General del Estado para investigar posibles irregularidades o negligencias respecto de los fallecimientos de personas mayores en residencias a causa de la pandemia de Covid-19.

En el decreto de archivo, el Fiscal Superior, Enrique Stern, concluye que la pandemia “en esta Comunidad Autónoma la pandemia se manifestó con especial virulencia desde los primeros momentos, con un brote en Haro que se extendió hacia Santo Domingo de la Calzada en fechas muy tempranas y antes de la declaración del estado de alarma, lo que propició su rápida extensión. Sin embargo, la reacción tanto legal como sanitaria fue rápida y eficaz”.

“Es cierto que la enfermedad se cebó con los riojanos hasta un porcentaje de fallecimientos por cada 100.000 habitantes superior a la media, y entre ellos el colectivo de personas mayores ha supuesto más del 60 % de las muertes al tratarse de personas debilitadas o de alta vulnerabilidad”, reconoce el escrito.

Sin embargo, añade, “no se ha detectado, ni por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ni por policías locales ni por otros colectivos especialmente implicados (bomberos, servicios de ambulancias y funerarios), defecto asistencial alguno, de suerte que a nadie se le dejó morir sin tratamiento, nadie se quedó sin asistencia de especialistas sanitarios y a nadie se le dejó solo a la hora de su muerte”.

Stern insiste en sus conclusiones en que “no se ha detectado abandono del servicio por parte de los profesionales: antes bien, tanto de forma genérica como pormenorizada, todos y cada uno de los profesionales han tenido un comportamiento ejemplar para el resto de ciudadanos, sin que en ni un solo caso se haya detectado atisbo de cobardía o negligencia”.

“Con los medios a su disposición se ha combatido a la muerte con gallardía. Bien es cierto que las residencias carecen de respiradores, de médicos y de enfermeros, pero es que son residencias y no hospitales, resultando que no hay constancia de que un solo enfermo no haya podido recibir la asistencia médica cuando así lo ha necesitado”, ha señalado.

Por tanto, concluye, no ha quedado acreditada “ni infracción penal alguna, ni tratamiento defectuoso o deficiente para ninguna persona de especial vulnerabilidad”.

Y Stern acompaña su resolución con “un mensaje de reconocimiento y gratitud para el personal que ha dedicado sus esfuerzos a sanar, acompañar o a facilitar la superación de este trance para el prójimo, poniendo incluso en riesgo su propia integridad”.