La Rioja no está cumpliendo con las recomendaciones de Sanidad para el uso de los nuevos anticoagulantes

Las recomendaciones que establece el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para el uso de los nuevos anticoagulantes orales no se están cumpliendo en todas las comunidades y está provocando desigualdades “no justificadas” en el acceso a estos fármacos, utilizados para prevenir el ictus y otros embolismos relacionados con la fibrilación auricular no valvular.

Así se desprende de las conclusiones de un informe de un grupo de expertos independientes constituido por la red 'La salud del paciente por delante', en colaboración con Bayer'. “En este momento no llegamos ni al 10 por ciento de los pacientes que tienen posibilidad de beneficiarse de este tratamiento, y están en riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular.

Actualmente se estima que en España hay unos 800.000 pacientes con tratamiento anticoagulante pero hasta un tercio no alcanza un buen control terapéutico con los fármacos “más clásicos”, lo que hace que tengan más riesgo de ictus y otros embolismos o hemorragias graves.

Esto llevó al Ministerio a recomendar a finales de año que en estos pacientes que responden mal a la terapia clásica, además de en otros casos, se pudieran usar estos nuevos anticoagulantes, tras haber demostrado que son igual de eficaces y seguros que los más antiguos. Sin embargo, y pese a dichas recomendaciones, este grupo de expertos ha detectado que en la práctica clínica existen deficiencias en la identificación de estos pacientes que los expertos consideran “prioritarios”, al igual que también hay algunas comunidades con criterios adicionales y heterogéneos que se desvían de lo que establece Sanidad.

Todo ello, según lamentan, hace que el uso de estos nuevos fármacos apenas llegue al 9 por ciento, cuando en otros países como Francia o Alemania supera el 22 por ciento.

Así, mientras que algunas como Navarra adopta “de forma literal” las recomendaciones de Sanidad, según el informe, otras como Madrid o Cataluña introducen “matices restrictivos” que reducen el número de pacientes candidatos a recibirlos.

De igual modo, y a pesar de que más de la mitad de estos pacientes son seguidos en Atención Primaria, hasta en ocho comunidades (Asturias, Cantabria, La Rioja, Aragón, Castilla y León, Murcia, Castilla-La Mancha y Canarias) el médico de familia no puede prescribir la primera receta de estos fármacos porque su informe no es válido y debe hacerlo el cardiólogo.

Una situación que, según el coordinador de la red José Ramón González Juanatey, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Clínico Universitario de Santiago, “no es justificable” y favorece que se “sobrecarguen las consultas del especialista”.

El informe también ha constatado diferencias entre comunidades en el tiempo que se tarda en acceder a estos fármacos. Mientras que en Madrid se debe esperar una semana para obtener un visado de inspección para una receta de estos fármacos, en otras el trámite se resuelve en un día.

Asimismo, se ha visto que los médicos y los pacientes tienen “insuficiente información y motivación” para modificar la situación de estos casos prioritarios, así como una amplia variabilidad en los procesos clínicos-asistenciales necesarios para la accesibilidad, control y seguimiento de este tratamiento.