El Ayuntamiento secuestra temporalmente la gestión del parking de Jorge Vigón

El Ayuntamiento de Logroño, en Junta de Gobierno Local, ha decidido este miércoles iniciar el procedimiento para el secuestro “temporal” de la concesión del parking de Jorge Vigón, una actuación que se hará efectiva en el próximo otoño y que puede extenderse hasta un máximo legal de tres años.

De este modo, con el secuestro, como ha explicado el portavoz municipal, Miguel Sáinz, “la empresa mantendrá la titularidad de la concesión, pero la gestión económica y contable pasará al Ayuntamiento, con el fin de garantizar la calidad de las instalaciones y el pago de unas cuotas justas”.

Miguel Sáinz ha detallado que la Junta de Gobierno ha iniciado expediente para el secuestro de la concesión, apartando de la gestión económico-financiera a la empresa adjudicataria de la explotación del estacionamiento subterráneo de Jorge Vigón, la mercantil Construcción y Gestión de Aparcamientos Iregua.

“Es una medida excepcional, ajustada a Derecho y adoptada en el momento oportuno y preciso. Es necesario para devolver la normalidad a la concesión y tranquilidad a los vecinos. El objetivo es garantizar el fin de la concesión, es decir, que los concesionarios disfruten de su parking en condiciones de normalidad, con unas instalaciones adecuadas y pagando unas cuotas justas”, ha subrayado el portavoz.

Ha detallado que el secuestro de la concesión supondrá “separar a la actual gestora de la gestión económica y financiera del parking, gestión que pasará al Ayuntamiento”. “La empresa adjudicataria continuará siendo la titular de la concesión, únicamente se le aparta de la gestión económica y contable diaria. La mercantil seguirá siendo perceptora de los beneficios o pérdidas de la explotación”, ha añadido.

En un plazo estimado “de 15 a 20 días”, desde el Ayuntamiento se remitirá a la empresa y al acreedor hipotecario de la explotación -Ibercaja- el inicio de este expediente de secuestro junto con los informes de los técnicos municipales para que el concesionario y el acreedor hipotecario realicen alegaciones.

Una vez formuladas, lo que se prevé para el mes de agosto, el Ayuntamiento deberá confirmar el secuestro “que podría hacerse a partir de San Mateo, entre los meses de octubre o noviembre” y definir el plazo del mismo, para lo que, como ha recordado Miguel Sáinz, la Ley establece un plazo máximo de tres años.

Miguel Sáinz ha señalado que el inicio de este expediente de secuestro viene motivado por “la mala fe y falta de transparencia que la empresa viene manteniendo desde hace dos años con el Ayuntamiento y con los vecinos”.

Así ha recordado “los reiterados incumplimientos contractuales y de información a los cesionarios; el posible incumplimiento de algunas de las cuestiones resueltas en sentencias; así como hasta tres negativas de la empresa a suministrar la información solicitada por el Ayuntamiento para poder supervisar la concesión”.

También ha añadido los dos incumplimientos relativos al mantenimiento de las instalaciones: en el mes de junio se le realizó un requerimiento para ejecutar obras por importe de 70.800 euros, plazo que finaliza en agosto “y que, de no llevarse a cabo, ejecutaría el Ayuntamiento de forma subsidiaria”.

Sáinz ha explicado que además el acuerdo adoptado hoy conlleva la tercera sanción económica para la empresa, por importe de 6.000 euros como consecuencia de una infracción grave.

Esta sanción corresponde al tercer requerimiento realizado e incumplido para que presente facturas y liquidación de los gastos de los ejercicios 2013 y previsión de 2014. Además se han realizado requerimientos para que la empresa arregle los desperfectos detectados en las instalaciones.

El portavoz municipal ha concluido asegurando que “el objetivo que perseguimos es llevar a buen fin la concesión, ajustando las cuotas y teniendo el garaje en perfectas condiciones”.

“El fin de la concesión no es sólo entrar y salir para aparcar el coche sino hacerlo en unas instalaciones debidamente mantenidas y pagando una cuota mensual justa. Una vez finalizado el plazo máximo que se determine para el secuestro y si la empresa no adquiere un nuevo y riguroso compromiso de gestión y rendición de cuentas de la explotación, la Ley prevé la directa resolución de la concesión”, ha finalizado Sáinz.