Nuevas voces contra los crímenes de Ciudad Juárez

Varios abogados de las familias de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, en el estado mexicano de Chihuahua, denunciaron este martes que los numerosos “feminicidios” que se cometen en esta ciudad, clasificada como una de las más violentas del mundo, son el resultado de la impunidad y la tolerancia social que existen allí.

Los abogados mexicanos David Peña y Karla Micheel Salas, que han representado a las víctimas en el caso Campo Algodonero, señalaron además la inacción del Estado a la hora de hacer frente a estos crímenes. En este sentido, Micheel lamentó que, después de 16 años, el Gobierno “sigue negando que exista el feminicidio”, como homicidio o asesinato de mujeres “por el hecho de ser mujeres”.

En un acto organizado por la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Peña afirmó que la impunidad lanza “un mensaje de permisividad” que, unido a la tolerancia social de la que gozan este tipo de crímenes, ha hecho que en Ciudad Juárez se matara en 2009 a 184 mujeres y que desaparecieran otras 29, aunque más bien habría que hablar de niñas, precisó, porque la mayoría son menores de edad.

Además, el año pasado se contabilizaron unos 2.200 asesinatos.

El abogado destacó que esto ocurre en una ciudad de en torno a 1.200.000 habitantes, por lo que el índice de violencia es muy alto si se compara con otros lugares de México. Y pese a ello, “no hay reacción ante esta masacre”, subrayó.

La tolerancia social de los feminicidios se debe a que desde principios del siglo XX se han aceptado y se han justificado en Ciudad Juárez, que se encuentra en la frontera con Estados Unidos, los distintos tipos de tráfico ilícito (de alcohol, de marihuana, etcétera) y, en general, las prácticas ilegales, como el narcotráfico, según Peña.

“Así, en los años 90 también se aceptan los asesinatos de mujeres”, prosiguió. Cuando aparece una mujer muerta, se justifica diciendo que era “mala”, que era una prostituta o que traficaba con droga, afirmó Peña, que añadió que estos “prejuicios” y “estereotipos sociales” también los tienen muchos miembros del sistema policial y judicial que investigan estos crímenes.

Peña señaló que a medida que ha ido aumentando la tolerancia social, “la fuerza del Estado se ha ido reduciendo”, de manera que tiene menos capacidad de controlar y sancionar. Y esto lo saben quienes matan a las mujeres en Ciudad Juárez, que ejercen una “violencia extrema” en sus cuerpos (que aparecen torturados, con señales de abuso sexual o mutilados).

Esto, dijo, es “un mensaje de los grupos de poder”, que manifiestan así que tienen la “complicidad” del Estado para hacer lo que hacen o bien indican que son representantes del Estado los que matan a las mujeres porque saben que saldrán impunes.

Asimismo, el abogado hizo hincapié en la cuestión de las desapariciones, cuya cifra “se pierde” entre la de los asesinatos y homicidios porque las autoridades no las consideran un delito al presuponer, por lo general, que la chica ha desaparecido voluntariamente. Por lo tanto, no se investiga.

También aparece un problema cuando las autoridades, como está ocurriendo últimamente, presentan los feminicidios como casos relacionados con la delincuencia organizada, porque entonces, aseguró Peña, “todos los derechos quedan supeditados al fin superior” de la lucha contra el crimen organizado. Significa que las partes en un juicio no pueden acceder al expediente del inculpado o conocer las acciones de la Fiscalía, así que “no se puede exigir justicia”, aseveró.

Peña concluyó que el Gobierno mexicano “no ha sido capaz” de “atender íntegramente” el fenómeno de los feminicidios, ya que ni ha establecido una política de prevención ni está sancionando adecuadamente a los responsables.

Ante la eterna pregunta de quién mata a las mujeres en Ciudad Juárez, el abogado dijo que “cualquiera puede” hacerlo gracias a la impunidad que reina. Así, comentó que el perfil de los asesinos puede haber ido cambiando a lo largo de los años “por el efecto 'copycat', al ver el valor que se le da a la mujer en términos policiales”, de forma que pueden ser delincuentes comunes, asesinos en serie, agentes del Estado o incluso soldados estadounidenses de un centro militar cercano, según las distintas especulaciones que se han hecho.

El caso Campo Algodonero

Micheel se refirió en concreto al caso Campo Algodonero, por el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el pasado noviembre al Estado mexicano en relación con la muerte de ocho mujeres en Ciudad Juárez (aunque cinco de los cadáveres no fueron identificados a tiempo para presentar la acusación). Esta sentencia determina que el Estado mexicano es responsable de los hechos ocurridos por no haber realizado las investigaciones adecuadas sobre estos asesinatos cometidos en noviembre de 2001.

La abogada habló de los errores a la hora de identificar los cuerpos de las víctimas y de cómo las autoridades “encubrieron a los verdaderos responsables” y encarcelaron a dos personas a las que presentaron como culpables. Además, dijo, los abogados y las familias de las víctimas recibieron amenazas, según la CIDH, por parte del Estado.

La CIDH determinó que la violencia contra las mujeres es una “violación de los Derechos Humanos”

y “un asunto de Estado”, por lo que es responsabilidad del Gobierno erradicarla. Igualmente, detalló Micheel, el tribunal consideró que el de Campo Algodonero no es un caso aislado y que esto se debe a que en Ciudad Juárez “hay una cultura de violación y discriminación basada en el género”.

Este órgano judicial de la Organización de Estados Americanos (OEA) determinó que “la impunidad es la causa de la continuidad” de los feminicidios y que, ante la violencia de género, todos los Estados deben “enviar un mensaje a la sociedad de que estos crímenes no serán permitidos; y a las mujeres, el mensaje de que van a ser protegidas”, recordó la abogada.

Micheel recalcó que aunque la CIDH no mencionó en ningún momento el término “feminicidio”, sí admitió que a las mujeres las matan por motivos distintos que a los hombres, de lo que se deriva, dijo, que “a las mujeres nos matan por se mujeres” y que “estamos hablando de crímenes de odio”.

Entre las obligaciones que ha impuesto la CIDH a México (cuyo cumplimiento irá evaluando anualmente durante tres años), está la de volver a encauzar las investigaciones y castigar a los responsables de los crímenes, tanto quienes los cometieron como los funcionarios que no actuaron como debieron.

Asimismo, deberá capacitar a policías, jueces, fiscales y otros funcionarios para casos de violencia de género, crear un banco de datos nacional con las mujeres y niñas desaparecidas y emprender acciones que no tengan efectos no sólo restitutivos (para las víctimas) sino correctivos, para que no se repitan los hechos.

Abogados y activistas acosados

El acto en el que intervinieron Peña y Micheel, miembros de la Asociación Nacional de Abogados Demócratas (ANAD), lo organizó la Fundación del CGAE como reivindicación de los abogados como defensores de los Derechos Humanos.

Peña opinó que “la defensa de los Derechos Humanos y la abogacía” se han convertido en “profesiones de riesgo” porque “empoderan a las víctimas”. Aun así, “hay que seguir exigiendo justicia para seguir avanzando”, agregó.

Otra abogada mexicana, Alba Cruz, que ha trabajado sobre todo en el estado de Oaxaca, aseguró que “defender los Derechos Humanos en México es sinónimo de vulnerabilidad y riesgo” y que “el Estado ha permitido” el “hostigamiento” que sufren los defensores.

Un caso que ilustra esta situación es el asesinato en Ciudad Juárez, a principios del pasado enero, de Josefina Reyes, activista social que había denunciado violaciones de los Derechos Humanos por parte del Ejército y la Policía.