Otegi se sienta de nuevo en el banquillo

El exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi se sentará de nuevo hoy en el banquillo junto al exsecretario general de LAB Rafa Díez Usabiaga y otros seis dirigentes abertzales, para quienes el fiscal pide 10 años de cárcel por intentar reconstruir la formación ilegalizada a través del grupo Bateragune.

El juicio, que se celebrará en la Audiencia Nacional hasta el 7 de julio, tiene lugar unos días después de que la izquierda abertzale, a través de Bildu, haya entrado en las instituciones vascas y navarras, e incluso uno de sus representantes, el periodista Martín Garitano -elegido diputado general de Guipúzcoa- haya lucido un pin con el número de recluso de Otegi.

Además del exportavoz de Batasuna -en prisión provisional por esta causa- y Usabiaga -en libertad bajo fianza para cuidar a su madre-, el fiscal acusa a la ex tesorera del PCTV-EHAK Sonia Jacinto; a Miren Zabaleta, hija del coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta, y a Arkaitz Rodríguez, juzgado y absuelto en 2006 por pertenecer a los aparatos de captación e información de ETA.

Los otros tres acusados son José Luis (Txelui) Moreno Sagües, candidato al legislativo foral en una lista que fue ilegalizada, José Manuel Serra y Amaia Esnal, que quedaron en libertad con una fianza de 10.000 euros.

Por su parte, la acusación popular, ejercida por la asociación Voces contra el Terrorismo Verde Esperanza pedirá 14 años de cárcel para cada uno en el juicio, en el que declararán unos 70 testigos: 40 agentes de las Fuerzas de Seguridad y una treintena de testigos, entre ellos históricos dirigentes de HB-Batasuna, portavoces sindicales o presos etarras.

Tasio Erkizia, Rufi Etxeberria, Adolfo Araiz o Floren Aoiz, procesados estos tres últimos en la causa que se investiga la subordinación de Batasuna a ETA y la financiación de la banda a través de las “herriko tabernas” -en la que también está pendiente de ser juzgado Otegi- serán algunos de los testigos.

Según el fiscal Vicente González Mota, la tarea de Bateragune era la de “llevar la confrontación política hasta el punto más álgido” para lo que actuaba en una doble dirección: la “neutralización de cualquier espacio de la izquierda abertzale sin ETA” y la “acumulación de fuerzas para la construcción nacional a través de un polo soberanista subordinado a los fines y métodos de ETA”.

Para ello, señala el escrito de conclusiones provisionales, Bateragune trataría de deslegitimar “cuantas instituciones provienen del marco constitucional”, que para el entramado terrorista “no es sino el marco particionista de una nación que pretenden imponer”

La forma de articular este polo soberanista pasaba por llamar a la incorporación de organizaciones políticas como EA, Aralar, AB (Abertzaleen Batasuna) y el sindicato ELA “al espacio de lucha en la confrontación entre Euskal Herria y el Estado”. Así, añade el fiscal, ETA diseñó como método de trabajo la combinación de “parones en la lucha armada”, que propiciarían los acuerdos necesarios para constituir el polo soberanista, con la acción terrorista armada.

La función de Bateragune se concretó en la convocatoria de diversos actos públicos -ruedas de prensa, entrevistas, comunicados de la izquierda abertzale- cuyo objetivo era “camuflar” las actuaciones terroristas bajo las coordenadas de un supuesto conflicto político y deslegitimar la actuación del Estado.

Dentro de esa estrategia, agrega el escrito, entre abril y agosto de 2009 ETA asesinó al inspector de Policía Eduardo Antonio Puelles y a dos guardias civiles en Palma y atentó contra la casa cuartel de Burgos.

Las reuniones de los integrantes de Bateragune, que el fiscal fija al menos en diez desde la primera celebrada el 17 de abril de 2009, se realizaban en la sede del sindicato LAB en San Sebastián, donde fueron arrestados Otegi, Díez Usabiaga, Jacinto, Zabaleta y Rodríguez el 13 de octubre de ese año.

González Mota acusa también Otegi de reunirse directamente, o a través de otros, como Santiago Orue, con etarras presos o responsables de Batasuna como Ibon López Arbulu, Juan Francisco Gómez y José Luis Elkoro, para lo que se desplazó al menos en dos ocasiones a Francia, quebrantando la prohibición de abandonar el territorio nacional que le había sido impuesta como medida cautelar.