Casi el 40% de los hogares madrileños tiene dificultades para llegar a fin de mes, según un informe de CCOO

En la región que presume de riqueza y de ser “el motor económico de España”, donde se bajan impuestos a quienes más tienen y cuyo vicepresidente no ve pobres por las calles, casi el 40% de los hogares tienen dificultades, más o menos severas, para llegar a fin de mes. Es el resultado del informe sobre la pobreza en la Comunidad de Madrid, elaborado por Comisiones Obreras. En él, entre otros datos, se muestra que un millón y medio de personas están en riesgo de pobreza o exclusión social.

El informe, publicado este lunes, toma como referencia datos oficiales, de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), del Instituto Nacional de Estadística y de otros organismos públicos. Así, de la información recopilada, el sindicato extrae que “casi medio millón de personas en nuestra región viven con carencia material severa”. Este concepto responde a la incapacidad de los hogares de hacer frente, al menos, a cuatro conceptos de una lista predefinida. Que no puedan permitirse una semana de vacaciones al año; comer carne, pollo o pescado al menos cada dos días; mantener su vivienda a una temperatura adecuada; afrontar gastos imprevistos por encima de los 650 euros; retrasarse en el pago de suministros o hipoteca o alquiler; o no disponer de teléfono, televisor o lavadora.

Según el informe elaborado por la secretaría de Políticas Sociales y Diversidad de CCOO, un 38,1% de los hogares madrileños tuvo en 2021, cuando se publicaron los últimos datos disponibles, algún grado de dificultad para llegar a fin de mes. Son dos décimas menos que en 2020 y 3,8 puntos menos que en 2019, pero hay otros indicadores que se han disparado en los dos últimos años. Por ejemplo, los hogares que se han retrasado en el pago de la vivienda han aumentado un 84% en los últimos dos años, del 5,2% al 9,6%. En este tiempo, el Gobierno central decretó la imposibilidad de realizar desahucios y lanzamientos durante la pandemia.

Otros indicadores que han empeorado son el de hogares que pueden permitirse mantener su vivienda a una temperatura adecuada y los que no pueden afrontar la compra de carne, pollo o pescado cada dos días. En el primer caso, han pasado del 7,6% al 11,6%. En el segundo, del 2,7% al 4,1%. Más del doble en los dos casos y ya en 2021, antes del inicio de la guerra en Ucrania que ha desbaratado la inflación y ha encarecido los precios de la energía y la cesta de la compra en este 2022. Además, en apenas dos años, ha aumentado en más de un punto el número de hogares con carencia material de al menos cuatro conceptos.

Pobres con trabajo

Uno de los datos más alarmantes es el que demuestra que el trabajo ya no exime de la pobreza. Según los datos del segundo trimestre de 2022, un total de 207.074 trabajadores y trabajadoras en la Comunidad de Madrid son pobres. Pese a los buenos datos del paro de los últimos meses, principalmente a raíz de la reforma laboral, que aumentó las contrataciones indefinidas, y de los que presume cada mes la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, “el trabajo ha dejado de ser una garantía para salir de la exclusión. El 15% de las personas en riesgo de pobreza están ocupados y ocupadas”.

Además, la renta media por hogar subió menos del 2%, mientras el IPC ha llegado a los dos dígitos. También hay disparidad en los salarios. La renta media por persona en 2021 fue de 14.836 euros y por hogar, de 37.687 euros. Sin embargo, en la región hay más de 204.000 familias que subsisten con ingresos inferiores a 1.000 euros al mes. Estas son las que más recurren a los servicios públicos, como la sanidad, la educación o el metro. Unos servicios que han protagonizado diversos titulares en los últimos meses, como el recorte del 10% en los trenes, el impulso del bachillerato y la Formación Profesional en centros privados o las largas listas de espera para acudir al médico o al especialista.

Ello, mientras el Gobierno regional anuncia reducciones de impuestos, con bonificaciones extra en tributos como el de sucesiones y donaciones, reducciones lineales en el IRPF que benefician más a quienes más ganan, o mantiene bonificado el de patrimonio al 100%. Solo en este concepto, se dejaron de ingresar en 2021 unos 992 millones de euros, que se quedaron en los bolsillos de 18.000 millonarios.

Pese a ser la comunidad autónomas con mayor PIB de España, Madrid está por detrás de Euskadi (16%), Navarra (14,7%), Aragón (20%), La Rioja (21,3%) y Cantabria (21,4%) en cuanto a tasa de pobreza o exclusión social. Hay, en total, 1.458.270 personas en riesgo de pobreza y exclusión social.

CCOO también hace notar que “aumenta el paro de larga duración, superando incluso los niveles pre pandemia”. “132.000 personas llevan más de dos años buscando empleo en la comunidad más próspera de España”, señala. Además, en 2021 había 188.742 personas paradas sin ningún tipo de prestación por desempleo, 8.000 más que el año anterior. Para las 177.558 que la cobraban, la media era de 888 euros.

El informe denuncia el intento del Ejecutivo madrileño de poner fin a la Renta Mínima de Inserción. “Durante años ha venido modulando la demanda a golpe de criminalizar y encerrar a las personas en un laberinto burocrático”, asegura. Los datos muestran que en 2022 tan solo se han concedido el 13% de las solicitudes, frente al 27% de 2019. “Hay 10.523 personas beneficiarias menos que en 2021, pese a que la pobreza en la región supera el 20%”, indica. Esto ha producido, según este estudio, un desequilibrio entre los fondos presupuestados y la inversión real de más de 10 millones de euros. Así, temen que “la aparición del Ingreso Mínimo Vital ha servido de excusa para poner la puntilla a la única herramienta de derecho subjetivo para la contención de la pobreza en la Comunidad de Madrid”

Generaciones futuras, “peligrosamente comprometidas”

La organización sindical advierte en su informe que “de no corregirse las políticas regionales para la contención y la redistribución de la riqueza, las generaciones futuras están peligrosamente comprometidas”. En concreto, se refiere al 23,4% de menores de 26 años que se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social. Esta tasa experimenta ligeras diferencias en las siguientes franjas. Sube hasta el 24% hasta los 29 años; se reduce al 21,3% de los 30 a los 44 años; y vuelve a subir al 23,1% hasta los 65 años. A partir de esa edad, la tasa se reduce al 15,6%.

“Las pensiones siguen actuando como mecanismos de contención de la pobreza y, a partir de los 65 años, el riesgo desciende seis puntos con respecto a la general”, indica el informe, que acentúa el otro extremo de la tabla: “Si nos fijamos solamente en la carencia material y social severa, más de un 8% de la población menor de 29 años se encuentra en esa situación”. Son 166,201 personas en la Comunidad de Madrid. Pero lo que se define como “escandaloso” con los 240.000 niños y niñas en riesgo de pobreza. “La comunidad con mayor PIB de España no puede permitirse tener un cuenta de su población menor en riesgo de pobreza”, lamenta el sindicato. Destaca el caso de Humanes, con el 57,12% de menores por debajo del umbral de la pobreza.

En la pobreza y en el riesgo de padecerla también influye el género. “La tasa de pobreza y exclusión social, así como todos los indicadores básicos son mayores en mujeres que en hombres”. “El mercado laboral sigue expulsando de forma sangrante a las mujeres de más de 45 años. Un 10,8% de ellas viven en hogares con baja intensidad de trabajo, frente al 8% de varones”, indica el informe. Los datos, sin embargo, no pueden compararse con años anteriores por un cambio metodológico en la medición de los datos AROPE (At Risk of Poverty and/or Exclusión), para adaptarlos a la estrategia Europa 2030.

Con todo, desde el sindicato denuncian que la Comunidad de Madrid se caracteriza por ser una región “cada vez más desigual” donde los “los mecanismos de protección social evidencias la debilidad del sistema que mantiene a las personas y a las familias por debajo del umbral de la pobreza severa”. Por ello, reclaman la “implementación de políticas públicas reequilibradoras, una fiscalidad justa, que garanticen derechos y sobrepasen las respuestas coyunturales que no van a la raíz del problema” y “avanzar hacia un modelo productivo no basado en la precariedad”, así como “revertir de forma inmediata la gestión indirecta de los recursos sociales”.