Desahucio el día de la lotería de Navidad

Cuando el sorteo de lotería de navidad comenzaba esta mañana en el Teatro Real de Madrid, doña Rosario Gómez-Limón, de 76 años, conocida popularmente en Vallecas como Doña Charo, esperaba, a cuatro kilómetros de los niños de San Ildefonso, en otro tipo de suerte: la de que la comisión judicial, por un azar, no se presentase de mañana en el piso de Vallecas que ocupa desde hace cuatro años para desahuciarla.

Tenía cierta esperanza: el martes había recibido aviso de que el lanzamiento se posponía hasta el 11 de enero. Pero cuando los furgones de antidisturbios empezaron a llegar al entorno de la vivienda, resultó que el retraso era un espejismo, un error administrativo. El desalojo siguió adelante, ya que la propiedad no estaba interesada en negociar. La historia se repite para Charo, que ya fue expulsada en 2018 del piso en el que residió casi seis décadas, en un caso censurado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.

“Es la primera vez que veo esto en todos los años que llevo en el movimiento por la vivienda”, dice Mercedes López, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Vallecas (PAH Vallekas), que mostró al mando policial del operativo, para sorpresa de este, la diligencia judicial firmada según la cual el lanzamiento se fijaba para enero. Se trató de un error de comunicación entre el juzgado que tramita el caso y la comisión judicial que lo ejecuta, entienden en la PAH, que se movilizó apresuradamente esta mañana para detener la expulsión. Fue en vano.

Resultó también inútil la concentración el martes ante la junta de distrito de Puente de Vallecas, reunidos a pesar de la lluvia, para llamar la atención sobre la situación de Charo, que ocupó tras su primer desahucio un piso vacío, propiedad de ocho hermanos, sobrinos de un hombre que murió sin herederos directos. No hay aquí detrás un banco ni un fondo buitre, sino el problema de fondo del acceso a la vivienda de personas sin recursos.

“La alternativa la dio la PAH. Si Charo ha vivido estos años libre y autónoma ha sido por la autoorganización popular”, dice otro portavoz del colectivo. Hace cuatro años, la alternativa que se ofreció a la mujer fue el traslado a una residencia de mayores o a un piso compartido. “No queremos 'alternativas habitacionales', queremos derecho a la vivienda”, oponen en la PAH, donde señalan que las moratorias de desahucios del gobierno han tenido un efecto muy limitado y critican la descafeinada ley de vivienda que tramita el Congreso, “sin control de alquileres ni obligaciones para grandes tenedores”.

La afectada no pudo asistir a la concentración en su defensa el martes; estaba pendiente de una visita con los servicios municipales del Ayuntamiento. En un vídeo publicado recientemente por la PAH, explica su congoja: “Me da igual que [la casa] sea pequeña o grande […] ¿Qué quieren, que me vaya debajo de un puente?”. Charo no se niega a pagar, pero cobra únicamente 311 euros de pensión. Pasadas las 11.00 horas, ejecutado ya el desahucio, los militantes de la PAH terminaban de bajar los efectos personales de Charo, que esperaba en la calle, sentada en una silla, a la espera de saber dónde dormirá hoy. “Nos han hecho la 'trece-catorce'”, resumía uno de los integrantes de la plataforma.

Desoyendo al Comité de la ONU

La resolución del primer desahucio de Charo –en aquel caso, la propiedad alegó que la vivienda era para un familiar, pero el piso apareció a la venta a los pocos meses– data de 2020 y relata que la mujer “fue desalojada pese a la solicitud de medidas cautelares del Comité y sin que se le hubiera otorgado una vivienda alternativa adecuada tras una consulta genuina con ella”. El desahucio se ejecutó sin que se ejecutase un examen de proporcionalidad, censuraba el dictamen, que emplazaba al Estado a consultar con ella sus necesidades y proporcionarle una vivienda, “de ser necesario”. Para entonces, Charo ya ocupaba el piso del que ahora la han desalojado.

El desahucio se produce la misma semana en que se ha conocido que el mismo comité de derechos humanos de la ONU, en otra resolución, ha vuelto a reprender a España por vulnerar el derecho a la vivienda de una familia que ocupó una casa, tras años en espera de una vivienda pública. Fue el octavo dictamen condenatorio del organismo, en casos sucedidos todos en Madrid.

España es parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por lo que, como Estado, está obligado a cumplir las resoluciones del comité, pero la traslación de estos dictámenes a los juzgados no es pacífica. El Tribunal Supremo viene rechazando que puedan dar pie a revisiones de sentencias porque el comité no es un órgano jurisdiccional al estilo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.