El informe que muestra que Ayuso regaló millones a la sanidad privada: “71.653.032 por no encontrar documentación”
El sistema sanitario madrileño tiene una red de hospitales públicos que conviven con cinco concertados (cuatro de Quirón y uno de Ribera Salud). Todos atienden a los ciudadanos en función del área donde viven, pero los de empresas privadas pelean también por captar pacientes de la pública y de otras zonas. Esto se puede hacer porque en 2009 Esperanza Aguirre implantó la libre elección. Esto significa que cada madrileño tiene asignado un hospital según su zona de residencia, pero puede cambiarse a otro para ser tratado en cualquier otra zona de la región.
Este modelo mixto y abierto al cambio tiene una consecuencia económica. Cada mes, los hospitales de gestión pública y los de gestión privada tienen que poner en común qué tratamientos han hecho a pacientes que vienen de fuera de su centro para facturar a quien corresponda. Por ejemplo, si a una parturienta a la que le tocaba el Hospital Gregorio Marañón (público) la han atendido en la Fundación Jiménez Díaz (de Quirón), este hospital privado le cobrará al Servicio Madrileño de Salud el coste del parto. Si es a la inversa, será el sistema público el que cobrará por el parto a Quirón.
El sistema de facturación, que se llama Balance Intercentros, es complejo y exige que haya unos datos precisos de los pacientes que se deben presentar al pagador. La Comunidad de Madrid lleva años perdiendo millones por no facturar bien a las empresas privadas cuando pacientes asignados en estos hospitales de Quirón y Ribera se tratan en la pública, como publicó en exclusiva elDiario.es.
Los documentos internos que revelan el problema, y que publica ahora este medio, recogen toda esa pérdida. Son más de 71 millones que se han dejado de facturar entre 2017 y 2023 a las empresas concertadas. Como apunta una de las páginas del departamento encargado de auditorías y cobros, suman “71.653.032 euros por no encontrar documentación de la actividad clínica”. El Hospital Clínico San Carlos es el que más dinero ha perdido por no facturar bien en el periodo que va de 2017 a 2021. En los años que analiza el documento estaban al frente del gobierno regional Cristina Cifuentes, Ángel Garrido e Isabel Díaz Ayuso (desde 2019), todos ellos presidentes del Partido Popular.
El problema –según admite otro documento de Sanidad al que ha tenido acceso elDiario.es (el manual de facturación)– reside en que hay hospitales públicos que tienen “subsistemas de información” propios y “códigos (…) pendientes de normalización”, lo que “ha impedido la captura automática de determinadas líneas de actividad”. Es decir, que mientras las empresas privadas tienen departamentos y programas desarrollados para cobrarlo todo, en el sistema madrileño hay fallos burocráticos. “Las empresas no pagan un euro a la sanidad pública si no está todo absolutamente bien, aunque sea una cuestión formal”, admite una fuente del sector privado. Así lo reflejan algunas actas, como la de julio de 2019 de una reunión que deja constancia de que “las concesionarias indican que, aunque la actividad se haya realizado, si se comprueba con la información disponible que no se cumplen los criterios de facturación no será facturable”.
El Tribunal de Cuentas, el máximo órgano fiscalizador de España, ha abierto una investigación tras la denuncia del PSOE de Madrid por este caso. En su diligencia anuncia que abre “una pieza de acción pública” tras la denuncia, que solicitaba una investigación por “un presunto menoscabo de fondos públicos originado en el deficiente seguimiento y control de la facturación entre los hospitales de gestión directa y los centros con régimen de concesión privada”. El Tribunal da la opción de personarse en el caso “para la exigencia de la responsabilidad contable”, la única que puede ejercer este organismo. El PSOE ha confirmado que se va a personar.
Fuentes del Tribunal de Cuentas han explicado a elDiario.es que el caso está ahora siendo analizado y se consultará tanto a la Fiscalía como a las partes implicadas, que son los denunciantes y los denunciados, es decir, al PSOE madrileño y a la Consejería de Sanidad de Ayuso. Una vez se recabe la información, se decidirá si el caso se archiva por falta de indicios o pasa a ser investigado por un “delegado instructor” del tribunal.
La Consejería de Sanidad ha reiterado a elDiario.es que este tribunal fiscaliza y audita todos sus datos y, en el momento de la consulta, no habían sido citados a declarar.