La Justicia estudia si paraliza la Operación Chamartín de Carmena tras un recurso de vecinos y ecologistas

La Operación Chamartín del Gobierno de Manuela Carmena, rebautizada como Madrid Nuevo Norte, puede estar en el aire para esta legislatura, pese a que su aprobación definitiva antes de los comicios de 2019 es un empeño personal de la propia alcaldesa de Madrid. La sección primera del Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite un recurso interpuesto por Ecologistas en Acción y la Federación regional de asociaciones vecinales de Madrid (FRAVM) contra el Ayuntamiento por este desarrollo urbanístico.

Según ha podido saber eldiario.es, con fecha del 20 de noviembre, la Justicia comunicó a las partes la admisión a trámite del recurso que se presentó cuatro días antes contra la aprobación inicial en Junta de Gobierno de la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, por la que se define la operación urbanística Madrid Nuevo Norte u Operación Chamartín.

El tribunal de lo contencioso administrativo ha solicitado al Ayuntamiento de Madrid la remisión, “en el plazo improrrogable de 20 días desde que la comunicación judicial”, es decir ya se ha cumplido el plazo, “del expediente administrativo, original o copiado, completo, foliado y, en su caso, autentificado, acompañado de un índice, asimismo autentificado, de los documentos que contenga, notificándose la resolución que ordene la remisión del expediente a todos los interesados en el mismo”, recoge el auto de admisión al que ha tenido acceso este diario.

Desde el Consistorio de la capital restan importancia a este recurso y a su admisión a trámite, un procedimiento “automático” en estos casos, aseguran a este medio fuentes del Área de Desarrollo Urbano Sostenible. “Cualquiera está en su derecho de recurrir y nosotros como siempre defenderemos nuestro trabajo”, añaden estas mismas fuentes.

El objetivo del recurso es “lograr la nulidad del proyecto” en los términos en que se ha aprobado inicialmente “porque es innecesario, contiene una edificabilidad sobredimensionada, no mejora la carencia en dotaciones de los barrios vecinos, reduce las cesiones de equipamientos públicos, contempla zonas verdes por debajo de los mínimos permitidos y elimina dos vías pecuarias. Todo ello para beneficiar el interés privado”, aseguran desde Ecologistas en Acción y la FRAMV.

Ambas asociaciones lamentan “tener que judicializar una actuación urbanística más, pero el Ayuntamiento de Madrid, que ha antepuesto el interés privado de DCN sobre el del vecindario y el medio ambiente, y el Ministerio de Fomento, que ni siquiera ha respondido a las solicitudes de interlocución, no han dejado otra posibilidad”, señala Vicente Pérez Quintana, portavoz de la federación de asociaciones vecinales.

La portavoz de Ecologistas en Acción, Ángeles Nieto, cree que la situación todavía se puede solucionar y añade que “el Ayuntamiento está a tiempo de reconducir la Operación hacia un proyecto sostenible ambiental y socialmente”.

3.500 alegaciones

Pero el recurso no es la única oposición con la que el Gobierno municipal tiene que lidiar. La FRAVM, la Plataforma Zona Norte, Ecologistas en Acción y el Instituto para la Democracia y el Municipalismo (DM) presentaron más de 3.500 alegaciones al proyecto Madrid Nuevo Norte. Nunca antes, un proyecto urbanístico había generado tanta oposición vecinal en la ciudad de Madrid.

El plazo de información pública del proyecto concluyó el pasado miércoles 5 de diciembre y el número de escritos de oposición que se han presentado supera con creces al que registró la Operación Chamartín en 2015, con Ana Botella al frente del Ayuntamiento de Madrid. Entonces, se registraron 2.200 alegaciones desde el sector asociativo de la ciudad.

Los colectivos sociales y vecinales aseguran haber detectado “incompatibilidades legales” y exigen por ello que se paralice la tramitación del plan. Unas “irregularidades” que trasladarán ahora al TSJM que ya investiga el proyecto.

25 años paralizado

El Gobierno de Carmena está a las puertas de poner fin a 25 años de bloqueo de la Operación Chamartín. Tras conseguir un acuerdo con Distrito Castellana Norte (DCN), formado por la constructora San José y BBVA, y el Ministerio de Fomento, y aprobar el plan en Junta de Gobierno, queda el último paso: aprobarlo en el Pleno municipal, si la Justicia no lo impide. Y cuenta con apoyos más que suficientes: PP, PSOE y Ciudadanos ya han manifestado que lo apoyarán. La división se producirá en el seno del Gobierno de Ahora Madrid.

El acuerdo de las tres partes supone un hito: un gobierno de izquierdas ha conseguido desencallar el proyecto que el Partido Popular no ha logrado sacar adelante durante más de dos décadas gobernando en la capital.

Una vez enterrada la Operación Chamartín, el acuerdo alcanzado prevé finalmente la construcción de 10.510 viviendas y una edificabilidad de 2.662.500 m², mientras que el proyecto impulsado por los gobiernos municipales del PP, el último de Ana Botella, se pretendía la construcción de casi 18.500 viviendas y 3.371.000 m² de superficie edificable.

El uso mayoritario al sur de la M-30 será el terciario de oficinas (1.220.000 m2), muy vinculado a la propia estación de Chamartín, manteniendo la presencia complementaria de vivienda (260.000 m²). Al norte de la M-30, el uso mayoritario será residencial: 715.030 m² en Fuencarral-Malmea-Tres Olivos (7.150 viviendas) y 75.700 m² en la zona de las Tablas (757 viviendas); pero también contará con presencia localizada de actividad económica, 251.225 m² en la zona de Fuencarral-Malmea-Tres Olivos y 140.610 m² en la zona de Las Tablas.

Posibles cautelares

Este desarrollo urbanístico que Carmena quiere aprobar antes de finalizar su primer mandato puede verse truncado por el recurso del Ecologistas y la FRAMV. Desde estos colectivos advierten de que ya estudian pedir medidas cautelares para paralizar su aprobación definitiva tras su admisión a trámite. El Gobierno municipal quiere aprobar el plan definitivo en el Pleno de enero, aunque la gran cantidad de alegaciones pueden retrasarlo. Ahora también la Justicia puede interponerse en estos tiempos que se han fijado desde el Ejecutivo de la capital.