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Almeida presume ahora de medidas de Carmena que criticó desde la oposición

La exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y el actual regidor, José Luis Martínez-Almeida.

Carmen Moraga

Madrid —

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En 2015, cuando se le preguntó al entonces ministro de Economía del PP, Luis de Guindos, qué le parecía la promesa del líder del PSOE, Pedro Sánchez, de establecer un Ingreso Mínimo Vital (IMV) si ganaba las elecciones y podía gobernar, respondió con sorna: “Una cosa es estar en la oposición y otra en el Gobierno”. Sánchez cumplió su palabra. Sin embargo, son muchos los políticos –también el propio Sánchez – que se lanzan a prometer iniciativas en campaña que luego no cumplen al llegar al poder. Otros se dedican a denostar las medidas del Gobierno rival de turno, recurriéndolas incluso ante los tribunales, como ha hecho el PP sistemáticamente. Lo raro es ver a algún dirigente que una vez que consigue formar gobierno asume esas políticas que tanto criticó estando en la oposición, e incluso, a veces, las hace suyas.

Un buen ejemplo de ello es el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Durante la campaña electoral de mayo de 2019 el entonces candidato del PP al Ayuntamiento de Madrid prometió eliminar Madrid Central, el proyecto estrella de su antecesora, Manuel Carmena. El aspirante a alcalde se puso como prioridad terminar con la zona de bajas emisiones. “Lo primero, acabar con Madrid Central”, dijo en repetidas ocasiones, entre ellas en una entrevista con El Independiente el 20 de enero de ese año electoral. Cuatro meses después, su equipo empapeló Madrid con el mismo mensaje en medio de una encendida campaña en la que defendió que los madrileños tenían derecho “a circular con libertad” por la ciudad. “Con Almeida, Madrid Central se acaba el 26 de mayo”, decían los carteles que puso por todos los barrios.

Por entonces, el PP ya había interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para pedir medidas cautelares y la suspensión de la Ordenanza de Movilidad de Madrid Central, que el entonces consejero autonómico David Pérez llegó a comparar con el Muro de Berlín.

El PP no ganó aquellas elecciones de mayo de 2019. Las ganó Carmena como cabeza de cartel de Ahora Madrid, pero al no sumar con el PSOE dio la oportunidad a que Almeida lograra armar una mayoría con Ciudadanos, capitaneado por Begoña Villacís. El candidato del PP cerró un gobierno de coalición que dependía de Vox. Javier Ortega Smith, su portavoz, se creyó a pies juntillas la promesa de la derogación de Madrid Central, plasmada en el acuerdo bilateral que pactó con el regidor por escrito, según ha reiterado el dirigente de extrema derecha en muchas ocasiones. Los indicios apuntaban a ello ya que casi de inmediato, el nuevo gobierno decretó una moratoria sobre el protocolo de multas por entrar en la zona, que los tribunales tumbaron.

En julio de 2020, un año después de que Almeida, y Begoña Villacís como vicealcaldesa de Ciudadanos, iniciaran su mandato, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón al alcalde y anuló el área de bajas emisiones con tráfico restringido en el centro de la capital alegando “defectos formales” en la normativa al considerar que “no cumplió con el trámite esencial de información pública y con la imprescindible memoria económica previa a la aprobación de la ordenanza”, como argumentaban los populares.

Mientras tanto el ayuntamiento había seguido aplicando multas a los vehículos que accedían a esas zonas, dinero que fue a engrosar las arcas municipales. Ante la sentencia cabía recurso de casación que en el caso de prosperar iba a suponer el tener que devolver lo recaudado por esas sanciones, que ascendían a más de 35 millones de euros. Ante la disyuntiva, Almeida pidió “informes técnicos y jurídicos” a los servicios del consistorio y del Área de Medio Ambiente y Movilidad. “Mientras la sentencia de Madrid Central no sea firme Madrid Central seguirá en vigor”, subrayó entonces el alcalde.

Poco después llegó la solución al dilema. Almeida no derogó Madrid Central sino que cambió de nombre la normativa denominándola, Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDEP), y lo englobó bajo la estrategia Madrid 360, cuya única modificación era que equiparaba a los 15.000 comerciantes del área con los residentes y retrasaba un año la limitación de acceso a los vehículos de mercancías con distintivo ambiental B y más de 3500 kilos de peso.

En septiembre de 2021 el Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobaba la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible, que mantenía Madrid Central aunque con algunas modificaciones que criticaron Más Madrid y PSOE al considerar que se trataba de “un retroceso en la protección medioambiental”. Vox se revolvió contra Almeida, al que acusó de “traicionar” su promesa y a los madrileños, mientras Villacís se atribuía el mérito de que el regidor desistiera de acabar del todo con el proyecto estrella de Carmena. “No íbamos a permitir que Madrid fuera la única capital europea sin su zona de bajas emisiones”, defendió.

Tanto en ese final de su primer mandato como en el segundo, ya con mayoría absoluta y sin Ciudadanos, el regidor del PP no ha parado de jactarse de los efectos de esas restricciones a las que se opuso en un principio. “Madrid por fin respira”, ha llegado a decir, olvidando su inicial negacionismo medioambiental.

Burlas por la regulación del tráfico peatonal en el centro

Otra de las medidas de Carmena de las que el PP se mofó y que el alcalde criticó desde la oposición fue la decisión tomada en 2017 por el Ayuntamiento de Ahora Madrid de establecer calles de dos direcciones en las más concurridas y comerciales del centro de Madrid para evitar embudos y aglomeraciones en fechas claves, como el puente de la Constitución o las Navidades. Para tratar de regular ese gran tránsito de personas, la Policía Municipal puso en marcha un protocolo que consistía en usar la calle Preciados y la calle del Carmen como vías de sentido único y así permitir que la gente caminara por ellas en una misma dirección. El PP se lanzó a criticarlo en las redes sociales: “Los madrileños no somos un rebaño al que manejar al antojo de Podemos”, aseguró entonces el partido en su perfil del antiguo Twitter.

En 2016 los populares ya se se mofaron de los cortes de tráfico en la Semana de la Movilidad o los domingos en la Gran Vía, que Carmena al llegar a Cibeles incluso barajó peatonalizar en su totalidad. La protesta la encabezó Esperanza Aguirre –en ese momento portavoz del PP en el ayuntamiento– que se grabó varios vídeos criticándolo. “No estoy de acuerdo con cortar la Gran Vía. ¿Qué hacemos los que vivimos en ese entorno?”, “con prohibiciones no vamos a ningún lado”, sentenció la exdirigente del PP madrileña, que aseguró que esos cortes eran “un horror, una chapuza y una improvisación cutre y esperpéntica”.

Pero con la llegada de Almeida se implementaron también algunas de esas medidas. De hecho, algunos años, durante los fines de semana, hubo cortes puntuales en esa arteria principal de la capital. Y hace unos días el ayuntamiento anunció que las céntricas calles del entorno al mercado de San Miguel se van a peatonalizar.

El dispositivo presentado por el área municipal de Seguridad y Emergencias de este año y el pasado incluyó un protocolo similar al de la época de Carmena: ante la avalancha de personas en el centro, la Policía Municipal limitó el acceso en tramos de la Gran Vía y llegó a fijar un sentido único peatonal por Preciados y el Carmen. Nadie en el PP consideró que se trataba a los madrileños como “borregos”.

Cambios en el protocolo frente al clima adverso

Otra de la medida criticada en un principio por el regidor fue la aplicación del Protocolo de actuación ante la previsión de situaciones meteorológicas excepcionalmente adversas y de gestión de incidencias causadas por el arbolado en los jardines del Buen Retiro de Madrid, que fue aprobado en junio de 2019 durante los últimos días del Gobierno de Carmena a raíz del fallecimiento de un niño como consecuencia del desplome de un árbol. El caso sirvió al ahora regidor para atacar políticamente a su antecesora. “Este gobierno municipal va a tener que asumir responsabilidades políticas”, sentenció el entonces jefe de la oposición municipal en un Pleno celebrado varios días después del trágico suceso al publicar el diario El País declaraciones de madre del pequeño en las que aseguraba que “nadie avisó” a su marido de que el parque se estaba cerrando debido al fuerte viento de ese día.

También durante su mandato hubo graves accidentes y sustos con el arbolado, y al final Almeida consideró que debían tomarse mayores precauciones. En el verano de 2022, en plena canícula, decretó el cierre del Retiro y otros ocho parques históricos de Madrid. Pese a las protestas de los grupos de la oposición, se negó a cambiar el protocolo. “Tenemos un alcalde que desafía la lógica. Es de sentido común que los árboles dan sombra y bajan la temperatura. Pero Almeida parece no entenderlo y, con las altas temperaturas, sigue cerrando parques y cortando árboles”, denunció Rita Maestre a través de su cuenta de Twitter, ahora X. Un año después el alcalde cedió y se sentó con los grupos para revisar la normativa y consensuar cambios.

La municipalización de Bicimad

La lista de rectificaciones de Almeida no acaba ahí. Otra ha sido la remunicipalización de Bicimad que otra alcaldesa del PP, Ana Botella, lanzó en 2014 como un servicio de alquiler privatizado, externalizando todo el sistema a una empresa privada (Bonopark) a cambio de un jugoso contrato de cerca de 20 millones de euros. Pero el servicio no arrancó con buen pie: la primera jornada registró numerosos problemas técnicos que se multiplicarían durante los meses siguientes hasta casi colapsar el sistema dos años después.

Con la llegada de Carmena Bicimad pasó a ser de gestión municipal. Para ello la EMT pagó 9,4 millones a Bonopark por la cesión del contrato. La decisión acarreó críticas furibundas del PP e incluso denuncias en los juzgados por parte de Almeida que llegó a pedir a la entonces alcaldesa que reconociera “todas las tropelías que han hecho” y pidiera “perdón a los madrileños” por ello.

“Van a responder ante los tribunales por lo que han hecho”, afirmó en 2018 mientras intentaba, sin éxito, que se abriera en el ayuntamiento una comisión de investigación para ver si había habido posibles sobre costes en la compra del servicio a aquella empresa privada. Las denuncias fueron desestimadas cuando quedaban pocos días para las elecciones de 2019 y tumbadas definitivamente en octubre de ese mismo año.

Pero en julio de 2022, el regidor aceptó que Bicimad debía ser de gestión pública. La Junta de Gobierno aprobó que la Empresa Municipal de Transportes (EMT) asumiera por completo ese servicio por lo que le encargó su expansión a los 21 distritos de la capital triplicando su número de bicicletas. El regidor madrileño apostaba así por una municipalización del servicio poco habitual en gobiernos de su signo político y contra la que luchó cuando estaba en la oposición.

En materia de transportes y movilidad, otra idea que Almeida casi calca de Carmena ha sido la del bus circular nocturno, que en 2018 descartó su actual gerente de la EMT por baja demanda. A principios del pasado mes de diciembre el alcalde presentó el proyecto subido a uno de los autobuses de esas líneas que empezaban a dar circular por la noche, desde donde presumió de que había cumplido una de sus promesas electorales. Pero la idea de este servicio no era nueva. Databa de hace cinco años y fue de su antecesora. Entonces, el actual gerente de la EMT, Alfonso Sánchez, rechazó la idea cuando estaba al frente del Consorcio Regional de Transportes de Madrid y decidió vetarla con la excusa de que había “poca demanda” y sería muy costosa. “Crear una red paralela que solamente funciona los fines de semana supone una inversión y unos problemas organizativos demasiado grandes para una demanda tan baja”, sentenció.

Tras el cambio de criterio, el concejal de Más Madrid, Álvaro Fernández Heredia, que ocupaba el puesto de gerente de la EMT cuando se formuló la propuesta al Consorcio de Transportes, señaló: “Nos alegramos de que el actual equipo de gobierno ponga en funcionamiento nuestra propuesta de una línea búho circular que conecta con los servicios de búho interurbanos”.

El gobierno de Almeida también recuperó los llamados Presupuestos Participativos para Madrid después de un parón de varios años. El equipo de Almeida relanzó la idea que había puesto en marcha Manuela Carmena para dar voz a los ciudadanos con el fin de que plantearan mejoras para la ciudad, después de que la última edición, la de 2021-2022, fuera desarrollada por un área de Ciudadanos durante el primer mandato del alcalde.

La próxima edición de los Presupuestos Participativos se desarrollará a lo largo de 2024 como aparece reflejado en los presupuestos aprobados el pasado mes de diciembre. Dependerán del Área de Vicealcaldía, que ha asumido toda la rama de participación en el ayuntamiento.

Una de las ideas ganadoras de los procesos participativos de Carmena fue la referida a la remodelación de la Plaza de España, impulsada a través de Decide Madrid, que terminó convirtiéndose en una de las obras más largas afrontadas por el Ayuntamiento de Madrid. No obstante, del proyecto inicial de 2018 del anterior equipo de Ahora Madrid al ejecutado por el del PP sufrió bastantes cambios. El más evidente fue el obligado por el hallazgo de varios restos arqueológicos en el entorno, cuando se empezó a levantar el subsuelo. 

Pero la mayor polémica surgió con el grupo Wanda, que en 2014 compró el Edificio España, una construcción histórica y uno de los primeros rascacielos europeos. La empresa china intentó demolerlo para levantar una nueva y más moderna construcción. La llegada de Carmena frenó en seco estas intenciones. “El debate con Wanda sobre derribar el edificio nos tenía completamente acorralados, nos acusaban de espantar a los inversores, con Begoña Villacís y Esperanza Aguirre protestando a sus puertas”, señaló en 2021 a Somos Madrid José Manuel Calvo, exdelegado de Desarrollo Urbano Sostenible del Gobierno de Carmena.

El emblemático hotel terminó en manos de Trinitario Casanova, propietario del Grupo Baraka, que adquirió a Wanda el inmueble, que se salvó del derribo gracias a un acuerdo con el Ayuntamiento y Ecologistas en Acción, que había ganado una demanda judicial por su conservación..

El Chinatown de Usera, otro proyecto ya pensado

En la lista de medidas de Carmena que a Almeida ahora le parecen bien hay que añadir el proyecto del Chinatown para Usera. Este mismo mes de enero el Gobierno del PP anunciaba que estaba a punto de cerrar el proyecto para crear un paseo de amplias aceras y peatonalizaciones que conectará Madrid Río con el corazón del citado distrito madrileño a través de un recorrido decorado con referencias al país asiático en su mobiliario urbano, pavimentos y señales.

La idea que ahora el regidor ha lanzado a bombo y platillo en realidad se basa en un proyecto ideado por el gobierno de Carmena, como se puede ver es estos planos, dentro de lo que su equipo de Ahora Madrid denominó un “Madrid+Habitable”.

La idea de que Madrid tenga en ese distrito su Chinatown fue anunciada en la pasada legislatura aunque finalmente se parecerá más a la que propuso Más Madrid desde la oposición que la que llevó la Junta de Usera, cuya intención inicial era peatonalizar la calle Dolores Barranco, algo ahora descartado. Al final lo que se ha impuesto es pacificar las calles y eliminar los bordillos del interior de los barrios de Moscardó y Almendrales, lo que fue apoyado por los grupos políticos en el último pleno de Cibeles y que Almeida también llevaba en el programa electoral con el que recibió la mayoría absoluta el pasado mes de mayo.

Otro de los proyectos de la anterior alcaldesa y al que Almeida le puso muchas pegas es la construcción del carril bici de la Avenida de Oporto, en Carabanchel. “Fue 'casus belli' para ellos, incluso llevaron una proposición al Pleno para desmontarlo”, recuerdan en Más Madrid, quienes se alegran de que “después de todos estos años de gobierno aún no lo han tocado”. Almeida También cambió de idea con la cubrición de la M30 a su paso por Mahou-Calderón. “Prometió en su campaña electoral soterrar ese tramo y al final tiró adelante con la cubrición”, señala el grupo de Rita Maestre.

La portavoz de Más Madrid cree que el alcalde “se ha ido apropiando de toda la herencia, de los proyectos y medidas” que pusieron ellos en marcha porque “no tiene proyecto para Madrid”. “El alcalde solo puede sacar pecho de proyectos heredados como Madrid Central, plaza de España, BiciMAD, rescate de Calle 30, hasta los equipamientos son todos heredados, ni uno solo nuevo”. “Almeida criticó mucho nuestro modelo para acabar vendiéndolo como propio. No es la primera vez ni será la última, porque él tiene cero ideas para Madrid”, vaticina la dirigente del principal grupo de la oposición en Cibeles.

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