Recursos contra la acogida de menores y rechazo a la condonación: Ayuso agrava su pulso al Gobierno en el inicio de curso

Rechazo a la condonación de deuda, a las derivaciones de menores migrantes, a la reducción de la jornada laboral, a la respuesta de Aena a Ryanair... Isabel Díaz Ayuso ha inaugurado el curso político en una posición de confrontación plena al Gobierno central. El miércoles 27 de agosto la presidenta de la Comunidad de Madrid dio el pistoletazo de salida a su agenda política tras las vacaciones de verano y presidió la primera reunión de Gobierno del curso, que estará marcado por el procesamiento judicial de su pareja, Alberto González Amador, imputado por fraude fiscal e investigado por corrupción en los negocios. Desde entonces, Ayuso ha endurecido su actitud de rechazo a toda iniciativa estatal y ha marcado el discurso del PP en materia migratoria, mimetizándose con las posturas xenófobas de la extrema derecha que relacionan inmigración con delincuencia.

Su primera gran intervención tuvo lugar este viernes, en un mitin orquestado por el PP de Madrid el mismo día de la apertura judicial en el Supremo a la que tanto Ayuso como el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, declinaron ir en protesta por la presencia del fiscal general del Estado y las declaraciones de Pedro Sánchez sobre el 'lawfare', aumentando el pulso al Gobierno. “Gracias por habernos elegido”, trasladó Ayuso a Feijóo al inicio de su discurso.

El primer anuncio del Gobierno regional en respuesta a una norma estatal se produjo hace dos semanas con la interposición de un recurso judicial ante el Tribunal Supremo en contra del decreto aprobado por el Consejo de Ministros que formalizó la obligación de las comunidades de acoger a menores migrantes procedentes de comunidades según sus necesidades. Tal y como explicó el consejero portavoz en una rueda de prensa, Ayuso considera que esta norma “vulnera las competencias autonómicas”, mientras reconoce también que los centros de acogida en la comunidad están “saturados” y pide al Gobierno central los medios necesarios para gestionarlos, obviando las competencias autonómicas en materia de protección de la infancia e inclusión social.

En este rechazo frontal a la acogida de niños y jóvenes que continúan hacinados en Canarias y Ceuta, el Ejecutivo madrileño carga contra la política migratoria de Sánchez, que tilda de “caótica”, y critica la exención de Catalunya y País Vasco para acoger a más menores migrantes según el nuevo decreto que considera que estas dos comunidades cumplieron con sus capacidades de acogida con anterioridad.

Se trata del tercer recurso judicial de la Comunidad de Madrid en este sentido, tras el que interpuso ante el mismo tribunal contra el decreto ley que estableció las normas para el desplazamiento de menores –admitido a trámite la semana pasada– y un primer recurso ante el Tribunal Constitucional contra la reforma de la ley de extranjería. La admisión a trámite del recurso contra el primer decreto, que celebraron el pasado miércoles en la reunión de Gobierno madrileño, es algo muy habitual.

A menos que se haya cometido algún importante error formal, estos recursos se admiten a trámite. Y dado que no han pedido medidas urgentes o cautelares, los tribunales no van a tardar menos de medio año en resolver. El último pronunciamiento del Supremo en este sentido se produjo en el conflicto judicial abierto por el Gobierno de Canarias para denunciar el desbordamiento de sus capacidades y la inacción del Gobierno central. Entonces el tribunal le dio 30 días al Gobierno para dotar de material y personal a las oficinas que tramitan las solicitudes de asilo de un millar de menores y proceder a su traslado otras regiones.

En medio de este periplo judicial, los motivos de Ayuso se han visto empañados por un discurso cada vez más xenófobo y cercano al de Vox, impulsado a partir de la detención el pasado domingo de un menor del centro de acogida de Hortaleza acusado de violar a una niña en un parque cercano. En un tuit esa misma noche, Ayuso se hizo eco de la noticia y acusó a Sánchez de “multiplicar” la llegada de migrantes “cada vez más agresivos” porque “llegan en peores condiciones”. El tono agresivo de declaraciones como esta desencadenaron este lunes un episodio de violencia y racismo en la localidad madrileña, dejando otros tres migrantes heridos por unos encapuchados.

Tras la elevación del tono de Vox, que convocó el martes una concentración frente al albergue para exigir su cierre, el Ejecutivo madrileño se limitó a justificarlo diciendo que es una “hipocresía” llamar racista a quien se concentra “para hablar de un problema”, en palabras del portavoz en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache. El propio Vox acusó a Ayuso de “copiar” sus mensajes en materia migratoria, como aseguró la portavoz ultra de la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino. Sin embargo, el Gobierno de Ayuso intensificó el pasado miércoles esta confrontación con el Gobierno central y solicitó la expulsión a su país de origen del detenido por violación y de otros 46 menores migrantes, a través de unos expedientes de regreso cuya decisión final pertenece a la Delegación del Gobierno en Madrid y a un informe de la Fiscalía.

El discurso del PP en materia de política exterior también lo ha liderado Ayuso, con unas palabras que pronunció el viernes en las que comparó las protestas contra el genocidio en Gaza, producidas la semana pasada en La Vuelta ciclista a su paso por Euskadi, con los atentados terroristas de los Juegos Olímpicos de Múnich del 72, que acabaron con la vida de once deportistas israelíes. Ayuso equiparó estas manifestaciones en contra de la ofensiva militar en la Franja de Gaza con otros episodios antisemitas en los años 40 y 50 en los que se persiguió al pueblo judío. Esta muestra de complicidad de Ayuso con el argumentario israelí que relega toda protesta a un acto antisemita rompe el silencio del PP ante el genocidio y la ausencia de condena ante los más de 64.000 muertos desde octubre de 2023, un tercio de ellos mujeres y niños.

Contra el perdón de la deuda autonómica

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes la condonación parcial de la deuda a las comunidades autónomas por un importe de 83.252 millones de euros, con la garantía de una quita mínima del 19 % para todas las regiones. Se trata de un compromiso alcanzado entre el PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez y, aunque es extensible a las comunidades autónomas, las comunidades del PP se oponen al considerarla una cesión al independentismo y un agravio que rompe la igualdad entre los españoles. La Comunidad de Madrid lideró esta oposición frontal, que ya explicitó rotundamente Feijóo el lunes, tras lo que el secretario general del partido, Miguel Tellado, marcó el camino a sus barones: “No podemos estar de acuerdo”.

La Comunidad de Madrid sería la cuarta comunidad más beneficiada por la condonación de la deuda que alcanzaría los 8.644 millones, detrás de Andalucía (18.791), Catalunya (17.104) y Comunitat Valenciana (11.210). La verdadera diferencia es que la administración que preside Isabel Díaz Ayuso no tiene deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), sino con bancos y otros acreedores, en total cerca de 37.000 millones de euros, un 12,1% de su PIB (Producto Interior Bruto). 16.000 millones son préstamos bancarios. “Siete de cada diez euros que se condonan, son en comunidades gobernadas por el PP”, explicó la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En cambio, Ayuso ha advertido a sus compañeros presidentes de mantener la “unidad” contra la medida, ante las dudas planteadas por algunos barones del PP, y ha asegurado que la medida forma parte del proceso de “fabricación de una nación paralegal” en Catalunya y una “república federal”, a pesar de que la catalana no sea la única comunidad beneficiada por la medida.

Así, ha acusado al Ejecutivo de intentar “buscar el enfrentamiento entre las comunidades gobernadas por el PP”, con una medida que, dice, permite que “todos los españoles” paguen al “independentismo para que siga cometiendo crímenes”. A pesar de rechazar la asunción estatal de grandes deudas autonómicas de gobiernos del PP, como Andalucía, Madrid o Comunitat Valenciana, el PP insiste en la negociación de un nuevo modelo de financiación basado en la “solidaridad”.

El portavoz parlamentario del PP de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ya dijo el miércoles que la región es “solvente” y “se financia en los mercados”, a pesar de los sucesivos recortes en los servicios públicos y las peticiones de recursos al Gobierno central para prevención y extinción de incendios o para la acogida de menores migrantes, ambas competencias autonómicas. Unas horas más tarde, el consejero portavoz, Miguel Ángel García Martín, aseguró que van a “llegar hasta el final” contra este perdón de la deuda, sin descartar la elevación a los tribunales: “Nos parece una barbaridad. Es un paso más hacia la ruptura de nuestro país”.

Así, el Gobierno de Ayuso anunció que presentará alegaciones en la Cámara regional y, un día después, el secretario general del partido en Madrid, Alfonso Serrano, dijo que también interpondrán mociones en todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid para pedir la retirada del anteproyecto. Lo trasladó el jueves durante la clausura de las Jornadas del Grupo Parlamentario Popular en Arganda del Rey, un acto en el que Díaz-Pache elevó el tono contra el jefe del Ejecutivo y respaldó los insultos dirigidos este verano a Pedro Sánchez que se han popularizado, a los que calificó como “hit del verano”: “Cuando alguien grita Pedro Sánchez, ya hay tres palabras que resuenan en todas nuestras cabezas”. Serrano también aprovechó su intervención en las jornadas para descalificar, esta vez el físico de Sánchez: “Espero que este verano hayáis descansado, yo os veo buena cara. En todo caso, si creéis que tenéis mala cara, mirad a Sánchez que siempre vais a salir ganando”.

Con el plantón de Feijóo, Ayuso y Almeida al rey, el PP convirtió la apertura de los tribunales en un acto contra el Gobierno y en una declaración de intenciones en este inicio de curso político cuyo parón ha estado marcado por reproches y críticas a la gestión estatal de la ola de incendios. Aun así, la Comunidad de Madrid estuvo representada este acto anual en el Supremo por el consejero de Presidencia y portavoz, Miguel Ángel García.

Ni la reducción de jornada, ni la gestión de Aena

MIentras tanto, la líder madrileña cargó también contra la reducción de la jornada laboral impulsada por el Ministerio de Trabajo, y contra la propuesta de avanzar hacia la jornada semanal de cuatro días. Ayuso asegura que “lo que pretenden” es generar un choque entre empresario y empleado para que este último diga “ya veré si trabajo o no trabajo”. A pesar de que la jornada en España está por encima de la media europea y los índices de productividad por debajo, insiste en que “los jóvenes quieren que se les diga la verdad y trabajar para poder prosperar”.

En cuanto a la relación de las empresas con el Gobierno, durante su intervención la líder popular madrileña hizo un guiño a Ryanair tras el paso de un avión por encima de la zona del mitin, debido al conflicto con Aena por el que la compañía aérea ha recortado el número de vuelos en algunos aeropuertos españoles. “Cuando caiga el turismo y las visitas internacionales a quién van a culpar?”, ha cuestionado, para añadir que el Gobierno “va al choque con las empresas”. Ryanair pedía a la gestora aeroportuaria una reducción de las tarifas para las compañías y un favorecimiento para que las operadoras operen en aeropuertos regionales, lo que Aena tomó como un chantaje. “Ryanair se burla de los políticos elegidos democráticamente y pide el cambio de leyes a su favor porque considera que la toma de decisiones de los gobiernos debe doblegarse a los intereses de las empresas”, aseguró en el último comunicado.