El enfrentamiento entre Ahora Madrid y el PSOE impide llevar Bicimad fuera de la M30
BiciMad no superará la barrera de la M-30. El ambicioso plan del Ayuntamiento de Madrid para que en 2019 estuvieran funcionando 4.000 bicicletas y más de 350 estaciones en la capital llegando así a los distritos de fuera de la almendra central queda en saco roto esta legislatura. El Gobierno de Manuela Carmena solo implantará este año 42 nuevas estaciones e incorporará 468 vehículos más, que se sumarán a las 2.028 bicicletas y 165 estaciones que hay actualmente.
Los propósitos del Ejecutivo local de municipalizar el servicio de bicicletas de Madrid, y ampliar de golpe el servicio con 1.500 bicicletas más, cuenta con la oposición frontal del PSOE, necesario para que salga adelante por la minoría con la que gobierna Ahora Madrid.
La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) pasó a gestionar el servicio de bicicletas en septiembre de 2016. La fórmula que decidió el Ayuntamiento fue adquirir el contrato por 10,5 millones de euros. Hasta entonces, el servicio de BiciMAD lo ofrecía Bonopark, contratado por el Consistorio anterior liderado por Ana Botella a través de un concurso público. El Gobierno municipal rescató la concesión debido a los problemas financieros de la empresa que ponían en peligro el servicio.
Tal y como explicó entonces la delegada de Movilidad y Medio Ambiente, Inés Sabanés, se trataba de “un acuerdo entre EMT y la concesionaria, Bonopark, para la cesión del contrato” a la empresa municipal. De este modo, todos los valores de Bonopark, desde materiales hasta tecnología, incluyendo la subrogación de los trabajadores, pasaron a manos de la empresa municipal.
En la práctica significa que el servicio aún se rige por el contrato integral firmado en tiempos de Botella. Y ese contrato limita la extensión del servicio a toda la ciudad, impide que haya más de 468 nuevas bicicletas al año e imposibilita cambiar el modelo de vehículos que se tienen que seguir comprando a Bonopark. Para hacer la expansión prometida para este 2019, y romper con las trabas del contrato, la EMT tiene que obtener la gestión directa completa, es decir, municipalizar, de verdad, el servicio. Pero este último paso necesita de aprobación del Pleno del Ayuntamiento.
El Gobierno de Carmena obtuvo el 17 de diciembre de 2018 el informe de la Intervención General del Ayuntamiento de Madrid, que publicó En bici por Madrid, para poder municipalizar el servicio. La Intervención General avala la operación y establece que se cumpliría con la legislación vigente, la Ley de régimen Local. El organismo público certifica que la gestión directa es viable desde el punto de vista económico como obliga dicha ley.
La ley de bases, en su artículo 85, establece que las administraciones locales podrán prestar sus servicios de forma directa o indirecta. La gestión indirecta es mediante contrato. La gestión directa puede ser directamente con sus funcionarios o a través de un organismo autónomo o a través de una empresa pública.
Con el positivo de la Intervención General, un organismo público independiente, el Gobierno de Ahora Madrid trasladó al PSOE su deseo de llevar la municipalización en el Pleno de diciembre o al de enero, según los plazos previstos. Pero los socialistas se opusieron, reconocen a eldiario.es desde el partido.
El grupo municipal socialista argumenta, en contra del criterio de la Intervención General, que además de la ley de Régimen Local, también rige la de Contratos del Sector Público y ésta no permitiría municipalizar el servicio. De votar a favor en el Pleno, sus concejales incurrirían en un delito de “prevaricación”, sostienen desde el PSOE. Según explica el edil socialista Ignacio Benito a eldiario.es, el Gobierno de Mariano Rajoy modificó esta ley y obliga a que la EMT sea “medio propio” para hacerse con la gestión directa, que a grosso modo quiere decir que la deuda de la empresa municipal pase a contabilizar en la del Ayuntamiento como ocurre con la Empresa municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) o Madrid Destino.
Ese cambio no supone ningún problema desde el punto de vista económico para el Consistorio dado que la deuda de la EMT ha desaparecido y las cuentas están saneadas con la llegada de Ahora Madrid al Ayuntamiento. Los socialistas sostienen que es un mecanismo “muy sencillo” ya que la Junta directiva de la sociedad pública solo tiene que cambiar esa condición de sus estatutos. El Gobierno municipal lo desmiente.
Para que una empresa pública pase a ser “medio propio” de una administración, debe estar financiada al menos al 80% por esa administración, según establece la ley de Contratos del Sector Público en su artículo 32. Algo que no ocurre con la EMT que se financia a través del Ayuntamiento de Madrid y del Consorcio de Transportes. “El 90% de la actividad de EMT es para el Consorcio, que es una administración diferente a la que tiene el 100% de las acciones [el Ayuntamiento], así que la condición es del todo imposible”, explican fuentes municipales.
La ley a la que aluden los socialistas se aprobó en noviembre de 2017 y entró en vigor en marzo de 2018. Un mes después, en abril, los socialistas votaron a favor de municipalizar el aparcamiento de Plaza Mayor a través del mismo mecanismo con el que ahora el Gobierno de Ahora Madrid quiere municipalizar BiciMad y rechazan los socialistas.
Dada la negativa del PSOE, el Ayuntamiento de Madrid modificará el contrato actual para ampliar el servicio en 42 nuevas estaciones y 468 bicicletas más, una ampliación que llega con retraso ya que estaba prometida desde hace un año. El Gobierno municipal quiere que esta ampliación finalice en mayo.
Mapa: Ampliación Bicimad 2019
