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Colegio Newman

El Gobierno de Almeida dejó sin demoler un campo de fútbol prohibido en el colegio concertado con un gimnasio ilegal

Campo de césped artificial en el mismo colegio concertado que levantó un gimnasio sin licencia, ubicado en el barrio de San Blas.

Guillermo Hormigo

Madrid —

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Las actuaciones urbanísticas irregulares del Colegio Internacional J.H. Newman no se circunscriben al gimnasio ilegal cuya actividad cesó el pasado enero. El centro, ubicado en el 28 de la Avenida de Guadalajara (en el barrio de San Blas), reformó sin licencia un campo de fútbol de tierra para transformarlo en uno de césped artificial. Una operación que le valió una orden de demolición en octubre de 2019, nunca ejecutada. Estuvo vigente hasta que la entidad responsable del espacio gracias a una concesión municipal, la Fundación Internacional de Educación (FIE), solicitó una nueva licencia urbanística en mayo de 2021. En ella pedía ejecutar la reforma del terreno de juego como si no se hubiera llevado a cabo ya previamente.

Da cuenta de las irregularidades en la actuación original un informe de la Agencia de Actividades (ADA) municipal emitido en enero de 2019, después de que se trasladara una denuncia a este organismo por una actuación culminada ya en 2017: “Dicha obra de acondicionamiento del espacio libre de parcela no dispone de título habilitante y deberá ser legalizada mediante declaración responsable”. En febrero de ese mismo año la ADA otorga dos meses bien para presentar dicha declaración o solicitar la licencia, bien para ajustar el campo a las condiciones de los permisos ya concedidos.

Newman presenta la declaración responsable en abril de 2019, pero la Agencia de Actividades la declara ineficaz por deficiencias en la documentación presentada. Una vez trascurrido el plazo legal del requerimiento e incumplida la resolución, se ordena la demolición de las obras el 30 de octubre de ese mismo año. La notificación se envía el 19 de noviembre. Pero nunca llega a ejecutarse. La ADA no sigue el caso ni efectúa inspecciones.

Mientras, la FIE se moviliza para regularizar la situación. Contrata una Entidad Colaboradora Urbanística (ECU) que le permita obtener una nueva licencia urbanística. Lo hace el 27 de mayo de 2021, después de que transcurriera más de un año y medio con un derribo pendiente. La remodelación del campo de fútbol 7 se incluye dentro del proyecto de ampliación de instalaciones deportivas y aparcamiento contenido en dicha licencia, pese a que ya se había ejecutado completamente cuatro años antes. “La cubierta del aparcamiento se terminará con césped artificial al tratarse de la futura cancha deportiva de fútbol 7”, recoge el documento, en un texto al que ha tenido acceso Somos Madrid.

Fuentes del grupo municipal de Más Madrid concluyen que la legalización tuvo lugar “por la puerta de atrás, aprovechando la solicitud de otra licencia”. Capturas ortográficas de las instalaciones, tomadas antes de que tuvieran lugar las obras asociadas a este permiso concedido en 2021, dan cuenta de que el campo de césped artificial ya estaba finalizado y presentaba un aspecto idéntico antes y después de estos trabajos. Desde el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad que ahora lidera Borja Carabante no responden las preguntas trasladadas por este medio. El derribo quedó pendiente mientras Mariano Fuentes (Ciudadanos) estaba al frente de Urbanismo.

El mismo informe de la ADA cuestiona las actuaciones sobre las dotaciones obligatorias de aparcamiento, pensados originalmente en una zona dirigida a autobuses y otra para el resto de vehículos. La primera de ellas quedaba sobre el campo de fútbol 7, el que protagoniza las sanciones anteriores: “Las marcas delimitadoras han sido eliminadas y la zona se destina a campos deportivos (dos canchas de voleibol y otra de baloncesto). También se observa que el acceso por la calle Sarre no dispone de rebaje de bordillo ni de vado”, detalla el escrito. Según el documento, en el resto de plazas de estacionamiento “también se han eliminado las marcas delimitadoras y se destinan a campos deportivos”.

El largo y conflictivo historial de Newman

La laxitud del Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida a la hora de aplicar una orden de demolición emitida cuando era Manuela Carmena quien ocupaba la alcaldía es otro episodio en los vínculos del Colegio Internacional Newman con los Ejecutivos municipales del Partido Popular. Se asienta en un suelo público propiedad del consistorio madrileño, cedido gratuitamente a la FIE en 2003 y durante 75 años para construir un colegio concertado. El acuerdo alcanzado durante el último mandato de José María Álvarez del Manzano contemplaba la creación de un centro de Infantil, Primaria y Secundaria en una parcela municipal que debía destinarse a dotaciones “de servicios colectivos educativos básicos”.

Los trabajos acabaron en 2005, pero quedó libre una esquina de casi 4.000 metros cuadrados en el terreno. La situación continuó así hasta la llegada de Dos Deporte, cadena gallega que invirtió unos diez millones de euros en la obra. El gimnasio abrió al público sin licencia y enmascarado como centro educativo porque lo iba a utilizar el alumnado del colegio, como adelantó Madridiario. Esta construcción parecía incompatible con los usos educacionales previstos.

Durante meses, el área de Urbanismo comandada por Fuentes afirmó no tener constancia de que la obra se fuera a destinar a un centro deportivo abierto al público. “Se ha concedido una licencia de obras para la ampliación del centro docente, con nuevas aulas para distintas enseñanzas, instalaciones deportivas, piscinas y garaje aparcamiento”, explicó entonces una portavoz del área. “Por tanto, las obras de ampliación solicitadas son para la construcción de un edificio destinado al mismo uso dotacional [...], que es el uso calificado de la parcela”.

Sin embargo el 25 de enero de 2023, con el Centro Deportivo Newman abierto solo unas semanas antes, la Agencia de Actividades dictó orden de cierre por incumplir el uso previsto. El local se enfrentó además a un expediente sancionador con una multa fijada en 60.000 euros por incumplimiento de la Ley de Espectáculos y Actividades Recreativas. Cuando Borja Carabante asumió las competencias de Fuentes tras los comicios de mayo manifestó repetidamente su intención de hacer cumplir la normativa municipal.

Pese a ello, el precinto no se consumó hasta un año después del dictamen de clausura, el pasado 12 de enero. La FIE logró evitarlo después de solicitar medidas cautelares en el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, finalmente revocadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Ya antes de esta disputa, fue un proceso complejo la cesión del suelo al Colegio Internacional J. H. Newman, de un marcado carácter religioso (John Henry Newman fue un santo británico que apoyó la vuelta del país al catolicismo). Para lograrla, sus promotores recurrieron a figuras célebres con capacidad de influencia. No en vano, en 2001 “se dio a conocer una carta del cardenal [por entonces Rouco Varela] al alcalde [Álvarez del Manzano] en la que le ruega que agilice o, al menos, que no paralice la cesión del terreno”. Así lo escribían los propios dueños en la memoria del décimo aniversario del centro, titulada Construir una civilización.

Otra controversia se produjo 2022, cuando la Comunidad de Madrid se vio obligada a ordenar al Newman que en sus admisiones y licitaciones eliminase el punto extra otorgado a las familias que hubiesen donado más de 1.800 euros a una ONG. El Gobierno autonómico reconoció que “suponer una clara discriminación por motivos socioeconómicos y, por lo tanto, impedir el acceso en condiciones de igualdad”.

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