La Justicia condena a seis personas por hostigar a la directora del colegio Blas de Lezo de Madrid hasta forzar su dimisión

Seis personas vinculadas al colegio público Blas de Lezo, en el barrio madrileño de Las Tablas, han sido condenadas a pagar multas de 1.810 euros por llevar hasta el hostigamiento, según los jueces, sus protestas contra el nombramiento de su directora en 2019 por parte de la Comunidad de Madrid. La Audiencia Provincial, según ha podido comprobar elDiario.es, ha aumentado sus condenas económicas por delitos de coacciones y lesiones junto con una indemnización de 28.000 euros para la afectada mientras dos de los condenados están investigados por otro juzgado por hechos similares, aunque de menor intensidad, relacionados con otro colegio público, el Josep Tarradellas de Fuencarral.

El Blas de Lezo fue inaugurado hace más de una década y su primer director fue Javier Montellano. El conflicto arrancó en 2019 cuando llegó el momento de revalidar ese puesto y la viceconsejería de Organización Educativa de la Comunidad de Madrid terminó dando el puesto a otra persona, Ana Van Oosterzee. Los sindicatos, que defendían la permanencia de Montellano, llevaron ese nombramiento ante la Justicia al entender que era irregular por haber suspendido por unas pocas décimas el proyecto de Montellano y nombrar finalmente de forma discrecional a una candidata que ni siquiera —denunciaron las familias— cumplía con los requisitos para ocupar el cargo.

El nombramiento del Ejecutivo que entonces dirigía de forma interina Pedro Rollán, unas pocas semanas antes de que empezara la primera legislatura de Isabel Díaz Ayuso, se convirtió en una batalla judicial y también de protestas. Los jueces de lo contencioso-administrativo terminaron avalando el nombramiento de Van Oosterzee tras un recurso fallido de los sindicatos, recordando que “el director anterior también fue nombrado” de forma discrecional por la misma administración. Las familias, en paralelo, llevaron su malestar a las calles, la puerta del Blas de Lezo y las redes sociales.

Durante meses las familias de los alumnos se concentraron a las puertas del colegio y en ocasiones también frente a la Consejería para exigir la vuelta de Montellano. Más de un centenar de familiares y alumnos se encerraron durante varios días en el centro al terminar la fiesta de fin de curso de ese año 2019. Pancartas, recogidas de varios miles de firmas y mensajes en X –entonces todavía Twitter– para reclamar la vuelta de un proyecto, declaraban entonces a elDiario.es, mucho más “innovador e inclusivo”.

Ahora los tribunales han determinado que una parte de estas protestas superó los límites del Código Penal y ha elevado a 1.810 euros en total las multas impuestas a seis personas, una de ellas integrante entonces del Consejo Escolar, por delitos de coacciones y lesiones. El primero por impulsar o protagonizar quejas que terminaron por forzar su dimisión en 2021 y el segundo por las secuelas psicológicas sufridas por Van Oosterzee, que tuvo que recibir tratamiento por ansiedad, tal y como alegó en el proceso. Su sucesora en el cargo se incorporó escoltada por antidisturbios, según relató El País, aunque no se registró ningún incidente.

La exdirectora del centro llevó todo el asunto a los tribunales representada por los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid, que llegaron a pedir varios años de cárcel. La Audiencia Provincial, tal y como estableció previamente un juzgado de lo penal, entiende que los condenados y más personas no identificadas pusieron en marcha un “plan preconcebido” para forzar su salida del centro. Un “plan” en el que los jueces incluyen concentraciones, peticiones de dimisión en las reuniones de las familias y campañas en internet pero también cartas amenazantes y “pasquines” con una foto suya sacada de su Facebook. Varios miembros de la dirección del centro, explican los tribunales, dejaron de ir a trabajar para evitar el conflicto.

“Inepta con tintes psicópatas”

Un juzgado de lo penal condenó a los seis acusados y cinco de ellos ni siquiera recurrieron ante la Audiencia Provincial de Madrid. Solo lo hizo uno, que buscaba reducir la condena y la Fiscalía, que pidió aumentar las sanciones por un delito de acoso. La Comunidad de Madrid, que según fuentes del caso pidió varios años de cárcel para cada uno, se limitó a pedir que las multas fueran confirmadas.

Los jueces responden a este condenado que recurrió que formó parte de un “plan preconcebido” que, además de solicitar la dimisión de la directora incluyó mensajes como: “Vete a tu casa, que igual te quieren ahí, o quizás, sea ese el problema, que ni ahí te quieren”. También insultos como “inepta con tintes psicópatas”. Todo eso, dice la sentencia, desbordó “los cauces legítimos admisibles” para protestar contra su designación.

La Audiencia Provincial de Madrid rechaza tanto este recurso como las alegaciones de la Fiscalía para que los seis sean condenados por acoso y no por coacciones. Sí estima uno de los argumentos del Ministerio Público: que las multas deben ser más altas. De esta forma, el total de las sanciones económicas que debe pagar cada uno sube hasta los citados 1.810 euros, además de la indemnización de 28.000 euros que cada uno debe abonar a la exdirectora del centro de Las Tablas.

Fuentes del caso explican que existe otra investigación contra varias personas, algunas de ellas también condenadas en estas diligencias, por hechos similares aunque de menor intensidad en torno al Josep Tarradellas de Fuencarral.