Parón judicial al derribo del edificio del Baobab después de que un informe desmintiera su falta de valor histórico

Detenido por segunda vez el proyecto hotelero sobre los números 1 y 3 de la calle Cabestreros. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha decretado la paralización de la obra y de su consiguiente derribo, admitiendo las medidas cautelarísimas reclamadas por el PSOE y por asociaciones en defensa del patrimonio, ante la posibilidad de que desaparecieran dos edificios con alto valor histórico.

Un informe pericial firmado por doctor y profesional en arquitectura y patrimonio desmiente la resolución de la Comunidad de Madrid de finales de mayo, en la que descartaba cualquier tipo de protección para los inmuebles. A principios de año, la propia Consejería de Cultura había asegurado que iba a dar protección ambiental al espacio, donde se encontraba uno de los restaurantes senegaleses más famosos de la ciudad, el Baobab, que cerró para dar paso al proyecto de un hostel con 260 camas.

El anuncio de la paralización judicial lo ha hecho el concejal socialista Antonio Giraldo, quien en un vídeo posterior ha explicado que la resolución es temporal, pero con ella el recurso gana tiempo para poder demostrar las incongruencias presentes en la resolución del Gobierno de Ayuso, que sospechan pueden basarse en un informe “de parte”, elaborado por la propia empresa que impulsa la construcción del hotel.

El proyecto hotelero pasó en el año 2020 por la Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico, Artístico y Natural y emitió dictamen favorable a la demolición en el año 2022 “al considerarse que no había ningún elemento que proteger”, indican desde el Ayuntamiento de Madrid. Pero luna denuncia del PSOE y de varias asociaciones al comenzar el derribo, justo después de las pasadas navidades, frenó los trabajos.

En ese momento, el Ayuntamiento de Madrid elevó la consulta a la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid solicitando instrucciones sobre la licencia en vigor y se paralizaron las obras. Entonces el Gobierno regional aseguró que pediría la protección ambiental del edificio, lo que parecía frenar el proyecto hotelero, algo que finalmente no se produjo. La resolución de la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid apuntaba a que los dos edificios se habían visto fuertemente alterados desde su origen, con modificaciones significativas, y que el estudio arqueológico, histórico y arqueométrico concluye que estas edificaciones no son las que aparecen en las planimetrías del siglo XVII y XVIII, sino que tienen su origen “a mediados del siglo XIX”.

El edil Antonio Giraldo avisó en su momento que los posibles valores patrimoniales del edificio y al conocer la resolución de la Consejería de Cultura calificaba de “noticia nefasta para el patrimonio madrileño” la falta de protección del inmueble. No obstante, ya entonces advertía de la existencia de “datos contradictorios en la resolución final” de la Comunidad de Madrid, “y fechas que no concuerdan con elementos arquitectónicos presentes en ambas edificaciones”.