¿Cómo pasa un inmueble público a ser gestionado por la comunidad?

El pasado martes, 11 de noviembre, una plataforma de colectivos y asociaciones vecinales del distrito de Arganzuela –agrupadas bajo las siglas EVA, Espacio Vecinal Arganzuela- presentaron ante Participación Ciudadana, del Ayuntamiento de Madrid, el borrador de un proyecto que pretende la cesión del hoy inutilizado Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi u otro espacio municipal (como las naves vacías del Matadero), para uso y gestión vecinal.

El germen del proyecto hay que buscarlo en los colectivos que encontraban cobijo en el Centro Social La Traba, un inmueble okupado durante siete años que fue desalojado por sorpresa y demolido el pasado 20 de agosto.

En el documento presentado se puede leer, a propósito de la gestión, que se solicita “un modelo organizativo entre iguales, coparticipado y democrático, que garantice la participación de todos los colectivos y ciudadan@s a nivel individual.”

Tanto el proceso como la naturaleza de la cesión que pretenden conseguir los colectivos de Arganzuela, remiten irremediablemente a la situación en la que, tras el cambio de propiedad y la amenaza de desalojo, se encuentran los miembros de El Patio Maravillas. El interlocutor también es el mismo: el Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de Participación, con quien la Asamblea de Pez 21 consiguió una reunión recientemente.

Ambas reivindicaciones se enmarcan en un ciclo en el que los Centros Sociales Okupados de Madrid viven permanentemente amenazados. Además del desalojo de La Traba y la amenaza para El Patio, La Morada, en el vecino barrio de Chamberí, también se encuentra inmersa en un proceso de posible desalojo.

¿Es habitual que un espacio público se gestione por una institución o un grupo de ciudadanos?

Existen diferentes casuísticas y modalidades de cesiones de inmuebles de titularidad pública para la gestión privada, pero la respuesta es sí, no es extraño que esto se produzca.

Hasta la fecha, ha sido frecuente la cesión de dotaciones municipales a asociaciones vecinales u ONGs a través de la EMV (a veces a través de alquileres simbólicos). Las entidades deben, a cambio, entregar una memoria detallada de sus actividades. En 2011, según UPyD, el Ayuntamiento tenía cedidos 123 inmuebles y locales.

También es relativamente habitual que la administración ceda inmuebles a instituciones culturales o educativas a cambio de algún tipo de retorno público. En el barrio encontramos al menos dos ejemplos de ello: el Museo ABC de Ilustración y Pintura y el edificio del Instituto Europeo de Diseño (IED).

El Museo ABC ocupa el edificio de la antigua fábrica de la Mahou, que luego fue también Archivo Regional, en la calle Amaniel. Según el convenio que firmaron con el Ayuntamiento de Madrid en 2007, éste pagó 3 millones de euros para la rehabilitación del inmueble (la Fundación ABC se hizo cargo de los costes del proyecto). Posteriormente, recibió subvenciones municipales –hasta el año pasado, cuando recibió 450.000 euros- para asegurar su despegue y funcionamiento. La cesión es por 30 años y la Fundación ABC se hace cargo de los gastos del edificio durante este tiempo. A cambio, el barrio gana una institución cultural con numerosas muestras, cursos y la exhibición pública de la colección de dibujo e ilustración del centenario periódico .

En cuanto al palacete de la calle Flor Alta, en el que está situado el Instituto Europeo de Diseño (IED), el caso fue algo más complejo. La institución docente compró el inmueble en tiempos de José María Álvarez del Manzano, pero el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid se entrometió: el edificio protegido debía tener un uso “público” y “docente”. La solución a la que se llegó es que la institución se hiciera cargo de las millonarias obras de rehabilitación y abriera al público una biblioteca especializada en diseño. A partir del año 2034 el edificio deberá volver a manos municipales.

Los ejemplos anteriores sirven como muestra de que la cesión del patrimonio público es habitual, sin embargo, existen ejemplos más cercanos a la naturaleza de la cesión que pretenden obtener las entidades ciudadanas de Arganzuela y el Patio Maravillas.

Los convenios de cesión de Centros Sociales Okupados son comunes en otros países de Europa, pero encontramos paralelismos sin salir de la ciudad. Actualmente funcionan en establecimientos de titularidad pública asambleas de origen okupa en el Centro Social Seco (Retiro) o la Eskarela Karaola (Lavapiés). El Espacio Vecinal Montamarta (en San Blas) también fue inicialmente okupado, antes de negociar convenios de cesión y uso. No conviene olvidar la experiencia  de autogestión en solares cedidos como El Campo de Cebada (La Latina) o Esto es una Plaza (Lavapiés), ni a La Tabacalera (Lavapiés), probablemente la mayor experiencia de gestión comunitaria en Madrid.

Una de las complejidades legales de estos procesos es que el Ayuntamiento exige tratar con una personalidad jurídica, de común una asociación, por lo que es necesario constituir una legalmente o que una asociación vecinal ya existente se involucre.

En Malasaña se intentó sin éxito en 2011 con el llamado Proceso Corredera, en el que una veintena de asociaciones y colectivos diseñaron un proyecto para hacerse con la gestión de los inmuebles históricos de Corredera Baja de San Pablo 20 y Barco 39. A pesar de que la naturaleza de los edificios era dotacional y de que el proyecto no tenía costes para el Ayuntamiento, Corredera 20 fue desalojado y cerrado a cal y canto. A día de hoy la integridad del inmueble histórico se ha visto comprometida por la falta de mantenimiento y el inmueble ha sido vendido a una sociedad privada.

Sin duda, el asunto alberga complejidades, pero si somos capaces de despojarlo de hojarasca encontraremos un proyecto que ofrece muchas cosas a la ciudad de Madrid y una ciudad endeudada con superávit de espacios vacíos. ¿Llegará a buen puerto el empeño de El Patio Maravillas por continuar su proyecto en un espacio de titularidad pública? Se antoja necesario un plus de buena voluntad para que sea posible.