Un año sin avances sociales para los futuros desahuciados: “En Luna 32, el único objetivo del Ayuntamiento es el desalojo”

El 21 de noviembre de 2019 a los habitantes del edificio municipal de Luna 32, el conocido como Palacio de la Infanta Carlota, el Ayuntamiento de Madrid les dio 10 días para abandonar sus viviendas. No lo hicieron y se les comunicó que se procedería al lanzamiento administrativo para conseguir echarlos.

A finales de septiembre de 2020, desde el área de Desarrollo Urbano volvieron a insistir. Esta vez la fecha tope que se les notificó a los afectados para que abandonaran voluntariamente las viviendas fue el 24 de noviembre. Las 250 personas que viven en el edificio, entre las que hay 40 niños, tampoco se marcharon y ahora el consistorio tratará de conseguir una orden judicial para ejecutar su desahucio.

Tanto en la intentona de 2019 como en la reciente de 2020 las autoridades municipales anunciaron, sin concretar nada, que junto con el procedimiento para recuperar el Palacio de la Infanta Carlota estaban buscando salidas habitacionales para quienes se quedarían sin casa con su desalojo. 

Así, en 2019, Desarrollo Urbano aseguraba que “las diferentes intervenciones que se realicen en la tramitación del desalojo se harán en coordinación con los servicios sociales municipales”, mientras que desde el distrito Centro decían: “Se están realizando las labores necesarias para buscar solución habitacional a los ocupantes del edificio que, según los criterios objetivos de servicios sociales, tengan derecho a ella”.

En 2020, el delegado de Urbanismo, Mariano Fuentes, cuestionado al respecto, decía en la comisión del área que desde Familia y, muy especialmente, desde los servicios sociales del distrito Centro, se estaba trabajando de manera “minuciosa y concienzuda” en un plan para ayudar a los futuros desahuciados. 

Todos esos supuestos planes de ayudas y soluciones habitacionales que se estarían preparando están rodeados de un poco tranquilizador secretismo y de ellos los afectados dicen saber más bien poco y, en cualquier caso, no tener nada por escrito que les garantice una alternativa de vivienda.

Las 250 personas que viven en el Palacio de la Infanta Carlota carecen de contratos legales de alquiler. Tanto ellos como las asociaciones vecinales y partidos políticos que los apoyan saben que deberán dejar en breve lo que hasta ahora han sido sus casas, dado que el edificio entero es propiedad municipal y el Ayuntamiento quiere recuperarlo, rehabilitarlo y, según ha manifestado, abrirlo a la ciudadanía convertido en espacio dotacional del que se beneficie el barrio. Sin embargo, antes de que eso suceda es prioritario encontrar una solución habitacional para quienes se van a quedar sin vivienda.

Sin novedad en el frente

En el pleno de la Junta Municipal de Centro celebrado el pasado miércoles, una pregunta planteada por los grupos municipales de Más Madrid y PSOE quiso arrojar luz sobre los movimientos que estaba realizando el Ayuntamiento para ofrecer una salida digna a los inquilinos de Luna 32. Lo que se pedía al concejal presidente del distrito era concreción.

A la entrada del edificio donde tiene su sede la Junta Municipal de Centro una representación de vecinos de Luna 32 se manifestaban pidiendo una solución a su inminente falta de vivienda. A día de hoy, siguen sin tener ninguna propuesta por escrito a la que agarrarse.

La información sobre el estado del asunto, facilitada durante el pleno, viene a resumirse de la siguiente manera: los servicios sociales del distrito habrían mantenido contacto con 46 familias, tres de las cuales no quisieron ceder sus datos y, por lo tanto, no se las ha podido atender. Del resto, los casos de 32 están en estudio. A ocho familias se les habría ofrecido en la anterior legislatura una vivienda de alquiler social, que habrían rechazado en su día y se les estaría volviendo a ofrecer. Para todas las demás, en el mejor de los casos en lo que se estaría pensando es en una solución del Servicio de Asesoramiento a la Emergencia Residencial, que podría concretarse en costearles tres meses en un piso compartido o en un albergue. 

Lo anterior viene a exponer que un año después, y una pandemia mediante, poco se ha avanzado en el asunto. No hay prácticamente novedades con respecto a cómo estaba la situación en noviembre de 2019. Para los afectados, cualquier opción que no pase por una oferta de alquiler social para todos ellos no sería ni buena ni aceptable.

“Exigimos una solución habitacional para todos los afectados”

La lectura que de todo esto hace Jordi Gordon, portavoz de las plataformas vecinales del barrio de Universidad SOS Malasaña y ACIBU, que asesoran y apoyan a los habitantes de Luna 32, es que después de un año, y una pandemia mediante, “el único objetivo del Ayuntamiento es el desalojo del edificio. No se ha hecho nada. No se tienen previstas medidas sociales para los afectados. No se ha instado a la Empresa Municipal de la Vivienda a comprar inmuebles ni a recuperar para el mercado del alquiler tradicional y para alquileres sociales viviendas de uso turístico, medidas contempladas en los Acuerdos de la Villa que para la reconstrucción de la ciudad tras la pandemia consensuaron todas las fuerzas políticas. Exigimos una solución habitacional para todas las personas que van a ser desahuciadas de Luna 32”.

En otro orden de cosas, Gordon aprovecha también para señalar que tampoco tiene el Ayuntamiento ni el distrito un plan sobre qué hacer con el edificio una vez que se recupere: “No hay nada más allá de la meta del desalojo”. Sobre este aspecto, desde el distrito se excusan diciendo que mientras que esté ocupado el inmueble no es posible elaborar un proyecto para el mismo.