Fin a la ruinosa gestión de la M-30 por la que Madrid gasta 1.100 millones extra: Almeida recompra su empresa mixta

El 1 de enero de 2026 los madrileños circularán por una M-30 que será 100% pública. Los conductores no lo notarán al pasar por la principal vía de circunvalación de la capital, pero las arcas municipales dejarán de gastar a partir de ese momento unos 55 millones de euros cada año. Una cifra equivalente a construir cinco polideportivos municipales con piscina.

Esta cantidad, calculada durante la auditoría sobre la situación financiera de Calle 30 en 2017 y confirmada por fuentes municipales, acumulará hasta el año que viene unos 1.100 millones. Es el montante que el Ayuntamiento de Madrid ha estado pagando de más por haber elegido un modelo de gestión a través de una empresa mixta, con un 80% de propiedad municipal y el otro 20% en manos de varias constructoras. Pero el equipo de Almeida ha decidido poner fin a este gasto extra en el año 2025, cuando el contrato de gestión permite comprar las acciones del socio privado.

El 31 de diciembre de 2025 el consistorio adquirirá la parte de Calle 30 en poder de Empresa de Mantenimiento y Explotación SA (Emesa), que constituyeron Ferrovial, Dragados y Api Conservación en el año 2005 para firmar un contrato junto con Calle 30 que se extiende hasta el año 2040 y da servicio a la vía. Cuando se produzca la recompra, el Ayuntamiento dejará de pagar el IVA de todas sus operaciones, el impuesto de sociedades, así como los dividendos a los que estaba obligada a abonar por haber constituido una empresa en lugar de asumir esta gestión desde lo público.

La decisión, que es irrevocable, ha sido tomada por el área de Obras y Equipamientos, después de un informe del área de Hacienda en el que se recomienda la compra de las acciones privadas por su elevado ahorro para las arcas públicas, explican fuentes municipales a Somos Madrid. El cambio de gestión implica que todas las labores de mantenimiento efectuadas por Emesa tengan que ser licitadas en nuevos contratos de gestión, en los que ya se está trabajando desde el consistorio. Las empresas adjudicatarias estarán obligadas a subrogar los contratos de los más de seiscientos empleados que actualmente posee la compañía.

Una gestión “ruinosa” iniciada por Gallardón

“El modelo de gestión elegido para la sociedad resulta lesivo para las arcas públicas municipales”, explicaba el dictamen final sobre la investigación de Madrid Calle 30, citando otro informe de la Cámara de Cuentas. La investigación puesta en marcha durante la etapa de Manuela Carmena como alcaldesa reveló que la arquitectura de la gestión de esta empresa mixta fue ideada por el equipo de Alberto Ruiz Gallardón para intentar que la deuda generada por el soterramiento de la M-30 no computara al Ayuntamiento. Calle 30 comenzó como una empresa pública en 2004, pero un año después dio entrada al capital privado con el objetivo de evitar los controles de la UE y que el exalcalde pudiera ejecutar la obra a costa de un endeudamiento por entonces no permitido por la instituciones comunitarias.

“La elección del modelo de gestión de la sociedad respondió únicamente al intento de ocultar la deuda producida por las obras y el posterior mantenimiento bajo una sociedad anónima”, explica el dictamen que aprobó en su día el consistorio madrileño, que recordaba que el intento solo duró hasta el año 2011, cuando Eurostat obligó al consistorio a imputar esta deuda como municipal al corresponderse la actividad con una prestación de un servicio público.

El mismo dictamen concluyó que este “modelo de gestión ruinoso” se había traducido hasta el año 2016 en 597.343.885 euros pagados de más por las arcas públicas. Cuando el consistorio recupere la gestión pública, la cifra de gasto extra estará cerca de los 1.100.000.000 euros citados.

"La rentabilidad de Emesa estaba calculada hasta el año 2025. Cada día que pasara hubiera sido dinero regalado"

Samuel Romero — Exconsejero apoderado de Calle 30

“La rentabilidad de Emesa estaba calculada hasta el año 2025, por eso se puso la cláusula. Cada día que pasara sin remunicipalizar hubiera sido dinero regalado”, explica el exconsejero apoderado de Calle 30, Samuel Romero. En conversación telefónica con Somos Madrid, el máximo responsable municipal de su gestión durante la alcaldía de Carmena cree que la gestión de la M-30 ha sido “el mayor negocio para Ferrovial y Dragados de los últimos 20 años, sin duda”.

Romero denuncia que las constructoras “tenían una rentabilidad del 7,053% asegurada por contrato, hicieran lo que hicieran con el mantenimiento” y en ocasiones no cumplían los trabajos a los que estaban obligadas. El Ayuntamiento, por otro lado, contaba con muy pocas herramientas para controlarlo y, aunque durante su etapa se denunciaron varios incumplimientos, el cuerpo de abogados de las constructoras intentó oponerse a la mayoría.

¿Cuánto pagará el Ayuntamiento de Madrid por las acciones?

Una vez tomada la decisión de comprar todas las acciones de Madrid Calle 30, el Ayuntamiento tiene que calcular cuál es el valor contable de la compañía, para abonar el importe de sus acciones a Emesa. En el momento de su constitución como empresa mixta, Calle 30 se valoró en 227,5 millones, de los que el Ayuntamiento de Madrid participaba con 182 millones de euros (el 80%) y Emesa con 45,5 millones (el 20% restante).

Fuentes municipales no quieren dar una cifra todavía de cuánto creen que puede ser el coste para las arcas municipales, pero en cualquier caso la operación está avalada por el área de Hacienda. También evitan criticar el modelo de gestión puesto en marcha por el exalcalde del PP, aunque indican que no lo valoran para ninguna otra empresa puesta en marcha por el Ayuntamiento en el futuro inmediato. La recompra de las acciones se aprobó en un Pleno del año 2022 por unanimidad y el área de Obras anunció que la estaba estudiando el pasado mes de octubre.

Cuando llegue la compra también deberá quedar finiquitada la deuda del crédito subordinado que mantiene el consistorio con Emesa y que actualmente asciende a 111 millones de euros, indican fuentes del área de Obras y Equipamientos. Esta es adicional a la que asumió el consistorio por la construcción de la M-30, que sigue lastrando las cuentas municipales desde hace más de dos décadas, con una deuda acumulada de 1.800 millones de euros y un déficit de 236 en el último ejercicio fiscal.