El Tribunal Superior de Madrid ampara la retirada de las placas de Prieto y Largo Caballero pero pide conservarlas a la espera de otra resolución

El Ayuntamiento de Madrid podrá quitar las placas de los históricos dirigentes socialistas Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero, aunque deberá guardarlas hasta que haya una resolución definitiva de la Justicia. Así lo ha establecido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), en una decisión que deja firme el auto del 25 de junio en el que un juzgado revocaba parcialmente una medida cautelar solicitada por UGT para impedir la retirada de las placas.

La decisión se remota al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid para sacar del callejero de Madrid los nombres de los dirigentes socialistas, así como sendas estatuas colocadas en la capital. Entre la cascada de recursos que suscitó la medida, el juzgado de lo contencioso-administrativo número 30 de Madrid impidió de manera cautelar, a petición de UGT, retirar los distintivos, con base en “las molestias y perturbaciones que habrían de producirse a los ciudadanos implicados por el cambio de nombre de las calles afectadas”.

El auto atendía además al caso particular de la placa de Largo Caballero situada en el distrito de Chamberí, cuya retirada provocó daños en la superficie y se encuentra actualmente partida en los almacenes municipales. Sobre este punto, el juzgado obligaba al Consistorio a “su conservación y su custodia, a expensas de lo que finalmente se resuelva en el procedimiento judicial” porque “se halla inventariada como bien de carácter histórico o artístico por el propio Ayuntamiento de Madrid”.

Sin embargo, ese mismo juzgado estimó parcialmente meses después, en junio, un recurso contra esas cautelares presentado por el Consistorio y por la ultraconservadora Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces. Ahora, los magistrados del TSJM, al dejar firme ese fallo, obligan por un lado a que las placas sean retiradas y, por otro, a que la placa conmemorativa de Francisco Largo Caballero de la fachada del edificio de la Junta Municipal del Distrito de Chamberí sea custodiada por el Ayuntamiento en condiciones que impidan su mayor deterioro. Esta custodia deberá mantenerse hasta que haya una sentencia en firme sobre el fondo del asunto.

La resolución recoge que “la ejecución del acto impugnado, en lo que se refiere al cambio de la denominación de las calles, no produce perjuicios irreparables para la parte recurrente, ni determina o puede determinar la ineficacia del recurso que nos ocupa, de manera que los derechos e intereses de la recurrente ni se dañan, ni se perjudican irremediablemente”.

Por el contrario, apunta que se trata de “un acto al que debe atribuirse presunción de legitimidad; adoptado en el seno de una corporación municipal, en función del principio de decisión democrática y por el voto de la mayoría de sus miembros”.

“La autenticidad de este documento se puede comprobar en ejercicio de competencias propias del municipio y que se hace, según se dice, en aplicación de una norma jurídica con rango formal de ley, que es la que determina las potestades de la Administración y sus titularidades”, agrega el auto.

En un comunicado, la Asociación Memoria Histórica Raíces ha destacado a Europa Press que el Ayuntamiento de Madrid está obligado “ahora mismo” a retirar dichas placas con esos nombres pues los actos administrativos son ejecutables y no hay excepción a esa ejecución“.

Además, ha recordado que el propio Ayuntamiento de Madrid ha defendido judicialmente la ejecutabilidad de dicha retirada, por lo que entiende que “no se explicaría que ahora suspendan la retirada de las placas cuando ante los Tribunales han sostenido todo lo contrario”.