Apoyo, en teoría y en consenso, de Castilla y León a su minería

La teoría ya está impartida: las Cortes de Castilla y León han aprobado exigir al Gobierno de esta Comunidad autónoma y del Estado medidas que apoyen su minería. Ahora sólo faltan realidades y que la exigencia, a la que se ha llegado con el consenso de los partidos políticos con representación regional –PP, PSOE, IU y Unión del Pueblo Leonés (UPL)-, sea efectiva y real, como una esperanza para las cuencas mineras.

En el pleno de las Cortes de Castilla y León, en su jornada de ayer, el PSOE fue el que lanzó la propuesta y rápidamente se sumaron el Grupo Mixto (IU y UPL) y el PP. Este consenso pretende impulsar el abono de las deudas contraídas con los mineros y defender el carbón más allá de 2018.

La procuradora del PSOE en las Cortes regionales, Ángeles Marqués, fue la más contundente, ya que dijo que las cuencas mineras de España “se mueren y agonizan por un Gobierno sordo a la desesperación”. Este argumento fue el utilizado para pedir que la Junta de Castilla y León sea reivindicativo ante el Gobierno de Mariano Rajoy y defienda los intereses de la minería de esta región.

La postura del PP la defendió un “alcalde minero” como Pedro Muñoz, alcalde de Toreno, quien se definió como un político con “la lengua muy larga y poco talento”. Este reconocimiento lo dijo porque a Muñoz se le recordará por llamar “tonto del culo” al ministro de Industria, José Manuel Soria.

Pedro Muñoz tuvo que apoyar la moción del PSOE y lo hizo con convencimiento ya que, como él mismo definió, los impagos de tres nóminas que sufren los mineros están creando en estas zonas “una situación incompatible con la convivencia”. Al mismo tiempo explicó que sabe que esta “batalla” se pierde “con la desunión”, aunque, eso sí, dijo que no sabe cómo se debe ganar.

Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto, José María González (IU), mostró su pesimismo por la situación que vive la minería de Castilla y León y de España, por culpa de “un Gobierno –el central- que quiere liquidar el sector”. Es más, temió que “no quede abierta ninguna mina” y también repartió culpas con el Gobierno castellano y leonés por no haber sabido “mantener vivo el carbón”.

El acuerdo de las Cortes regionales insta al Gobierno de Juan Vicente Herrera a la parte más teórica del acuerdo, realizar un informe con las consecuencias para Castilla y León del “cierre desordenado de la minería”. La parte más práctica que tendrá que realizar la Junta será la ejercer de mediador con los afectados para lograr que se retiren los diversos Expedientes de Regulación de Empleo que han presentado las empresas mineras.

Por su parte, al Gobierno de Mariano Rajoy se pedirá que pague cuanto antes las ayudas al carbón y se retenga a las empresas que corresponda la cantidad por no estar al corriente en la Seguridad Social. Este argumento lo utilizó el ministro Soria para negar esas subvenciones. También se exige modificar con urgencia la resolución de restricción de garantía de suministro para que no perjudique a los intereses de Castilla y León y alcanzar un acuerdo consensuado del Plan del Carbón 2013-2018.

Para los tres grupos de Castilla y León son básicos los siguientes puntos que debe recoger este Plan: garantizar la actividad minera hasta 2018, mantener el carácter de sector estratégico, articular medidas para incentivar nuevos proyectos empresariales, apoyar la formación continuada, mejorar el medioambiente minero, apoyar la investigación de nuevas tecnologías e impulsar un estudio de viabilidad de los yacimientos del carbón autóctono más allá de 2018.