En Salamanca –y en Castilla y León- bien sabemos que el invierno es muy duro y largo. Y si nos trasladamos a la época de Fray Luis de León, siglo XVI, el frío era helador en las aulas de la Universidad salmantina; claro, sin calefacción ni estufas ni cristalerías, con los témpanos suspendidos de las barandillas de los ventanales del claustro. Por eso, en aquellos tiempos se permitía que antes de comenzar las clases magistrales, los capigorrones (estudiantes con menores recursos económicos) calentasen el asiento a los compañeros más pudientes, situados estos en los primeros bancos, por privilegio del poder del dinero. Luego los alumnos más pobres cedían a los ricos el uso de aquellos bancos, ya templados, mientras que ellos debían sentarse en el fondo sobre unos pupitres muy fríos, teniendo que patalear, con permiso de los profesores, para entrar en calor. Ahí nació el derecho al pataleo. Patalear, dar patadas en el suelo en actitud de enfado o protesta.
Sin embargo, derecho al pataleo, en el lunfardo argentino popularmente significa: “inútil actitud de protesta que adopta el que se siente defraudado en sus derechos, derecho de expresar desacuerdo, reclamo.” Y es aún más frustrante la definición en el Diccionario de la RAE: “última y vana actitud de protesta que adopta el que se siente defraudado en sus derechos”.
Por eso a veces, muchas, demasiadas veces, el derecho al pataleo ya no es suficiente, aunque hay que hacerlo valer. Pataleemos. A veces, decisiones políticas y regímenes sin legitimidad, se han hundido por presión social (Ucrania, Gamonal de Burgos). Pataleemos, como lo ha hecho la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) y extendamos a toda España su modelo reivindicativo. Pataleemos contra el Gobierno del PP, sin proyecto, que nos gobierna a golpes de los deseos vampíricos de la Troika. La mayoría de los movimientos populares que cambian regímenes y leyes lo forman grupos variopintos, mareas de ciudadanos, fuera del control de los partidos de la oposición y del gobierno.
Como ha expresado recientemente uno de nuestros escritores y académicos: “Hemos llegado a un punto en el que la ”desobediencia civil“ está justificada. Si este Gobierno ha roto el contrato social, y la baraja, los ciudadanos no tenemos por qué respetarlo, ni que intentar seguir jugando… El Gobierno del PP y de Rajoy, en sólo dos años, ha hecho trizas el contrato social”.
Se están “cargando” todo lo público para privatizar la sanidad, la educación, la investigación I+D+i…La desobediencia civil es ya un deber del ciudadano, casi más que un derecho, dadas las circunstancias represoras de algunos partidos políticos y del gobierno. Por suerte hay ya muchas personas conscientes de su responsabilidad social. Y para los que se asustan y se rasgan las vestiduras porque la ciudadanía adopte en la práctica el concepto de desobediencia civil, el desacato, diremos que ley y justicia no es lo mismo. Existen leyes injustas que solo se han derrocado –o modificado- gracias a la presión social que va más allá de una protesta y/o comparecencia parlamentaria. La historia está plagada de luchas para derrocar leyes muy injustas y anacrónicas.
Bien podríamos empezar practicando contra las prebendas del campo financiero, de la gran banca y las grandes cuentas en los paraísos fiscales. Desenmascarar a esos que son estafadores del pequeño ahorrador, del jubilado, de las personas dependientes. El primer ataque del desacato social seria contra la mecánica de funcionamiento de los bancos y de los financieros, con sus normativas escritas con letras minúsculas, minimalistas y de contenidos engorrosos y engañosos. Es urgente ya el inminente emprendimiento de acciones para que se tome en cuenta nuestra opinión en el impago como legitima defensa, en la paralización de los desahucios, en impedir las quitas y los abusos de las comisiones bancarias…
El desprestigio de los política en España viene dado fundamentalmente por la hipocresía de algunos partidos y responsables políticos, por el incumplimiento electorales y por la falta de ética y sensibilidad social. Políticos, empresarios, funcionarios públicos, corruptos: un amplio trueque de enchufes, prebendas, regalos, cohechos e información confidencial sin que los partidos castiguen a los implicados.
No estamos llamando a la revolución ni al populismo radical; estamos reclamando algo más que el derecho al pataleo y a la protesta simplona. Respetamos el sistema democrático, cómo no: pero ya nos han engañado demasiadas veces con sus falsas promesas. La desobediencia civil es un arma legal de los ciudadanos cuando nos están tocando algo más que las “pelotas”, o sea, el bolsillo, la jubilación, la libertad, la salud, el trabajo, el futuro familiar, la vida en definitiva.
