Hace un par de semanas mi pueblo, Fuente Álamo de Murcia, fue noticia a nivel nacional. Para muchos vecinos no ha sido motivo de orgullo sino de vergüenza. El motivo es la negativa de algunos vecinos del pueblo a cambiar el nombre del colegio que se llama José Antonio en homenaje al fundador de la Falange. El cambio ya ha sido aprobado tres veces por el consejo escolar que según la ley es el único organismo autorizado para decidir el nombre. Pero algunos vecinos no están dispuestos a ello y han tratado de reunir firmas. En otras palabras, están reuniendo firmas para pedir a los partidos que impidan el cumplimiento de leyes.
Para defender esto hacen una apelación a la memoria colectiva y las raíces aunque la mayoría dice desconocer el origen del nombre o niegan la connotación política del mismo. Apelan a la memoria desde la desmemoria. No hay perspectiva histórica pero queremos mantener los homenajes a fascistas para evitar que se “borre la historia”.
No se si alguien aquí si identifica con su ideología, pero me parece muy sintomático no solo de la calidad democrática del país en general, sino de la sociedad murciana en particular. Las sociedades se asientan en leyendas oficiales, en mitologías de los orígenes que afianzan los valores comunes y marcan los comportamientos tolerados.
En la mayoría de los países europeos la memoria de la resistencia es la base fundamental de las democracias actuales. El mito de la lucha antifascista afianza los valores comunes de libertad, igualdad y tolerancia. En una palabra: democracia. En España somos una excepción y no es casualidad, aquí los fascistas vencieron y construyeron su propio relato; un relato que no solo no se ha desmontado sino que ha encontrado su propio espacio amparándose en la libertad de expresión.
Pero no es un relato más, es una falsificación de la historia para legitimar un golpe de estado y la consigiente dictadura, es la legitimación de un estado totalitario basado en el ejercicio de la violencia.
Esta anomalía histórica ha hecho no solo que mantenga dicho discurso, sino que ha impedido construir un imaginario común que se asiente en valores democráticos. La memoria democrática queda por tanto arrinconada, nuestro mito de fundación no es la construcción de la democracia desde la lucha antifascista, sino un pacto de transición basado en la amnesia colectiva. Y esto es peligroso porque nos impide consensuar unos valores comunes que cimenten la democracia. La memoria no solo es posible sino que es legítima y necesaria.
No es una cuestión personal, de bandos o de venganza. Es una cuestión de valores, colectivos y de legitimidad. Todas las sociedad construyen una narrativa histórica y unos símbolos comunes, nunca es casual, es un modo de apuntalar al sistema. Cuando se niega el derecho a verdad y la reparación a las víctimas se legitima a sus opresores puesto que se les niega el estatuto de víctimas (lo que significa que su asesinato fue legítimo).
Cuando se mantienen los honores y los homenajes a personajes históricos como Franco o José Antonio se normaliza su discurso y sus actos (legitimando el golpe de estado, la represión, el terrorismo de estado y el genocidio). Eliminar las calles con sus nombres no es una venganza ni tratar de borrar la historia, es negar la legitimidad de su discurso, es negar la legitimidad de su violencia, es afirmar valores democráticos. No se puede mantener como una opinión más la defensa de un dictadura totalitaria, o la apología al uso de la violencia porque dicho discurso es un ataque directo al estado democrático.
En el caso del colegio de mi pueblo mantenemos el homenaje a José Antonio gracias al PP y Ciudadanos. Para conseguirlo votaron a favor de incumplir dos leyes (educación, y memoria histórica). Ya conocemos la posición del PP en este asunto (al menos a nivel nacional), la que sorprende es la de Ciudadanos. No puede pasar por normal que un partido político (que además se dice constitucionalista, regenerador y democrático) se salte los mecanismos legítimamente establecidos para mantener la apología al fascismo. Es evidente no solo lo insólito de dicha conducta, sino lo irresponsable. Si un partido no cumple las leyes, no sé porque deberían hacerlo los ciudadanos.
Para defender su postura han alegado que no es algo que la ciudadanía demande, como si fuese normal que los partidos defiendan saltarse todo el marco establecido porque alguna gente esta en contra de una ley. Supongo que en este punto deberían recordar que la opinión que se tenga de las leyes no exime de su cumplimiento, y que como parte de las instituciones su función es velar por estas, de hecho el incumplimiento de la ley de memoria puede conllevar sanciones.
Algunos no verán la gravedad del asunto, la cuestión es que supone la normalización de conductas antidemocráticas que se nos han hecho tan cotidianas que ni nos sorprenden. Es la misma lógica por la que se apartan los fiscales incómodos, se gobierna por decreto ley, se reparten las contratas a dedo, o se niegan a dar explicaciones a los ciudadanos.
La democracia es el mejor sistema si sirve a mis propósitos, si no me la salto, la retuerzo, la maquillo, y la transformo hasta hacerla irreconocible. Total si es legítimo defender un golpe de estado y los asesinatos masivos si no te gusta lo votado por el pueblo, cómo no va a ser legítimo hacer cualquier cosa para acomodar las instituciones a tu servicio. El estado y las instituciones solo son intocables mientras el que las degrade sea el contrario.
En breve se votará de nuevo en pleno municipal el nombre del colegio. Está claro lo que hará el PP, lo que suceda dependerá de Ciudadanos y ha llegado la hora de que expliquen su posición. Mi pueblo no es un caso aislado. Se han negado a cumplir la ley de memoria histórica en lugares como Calatayud o Alicante. Ya que esto supone incumplir leyes y en teoríaa una vez aprobada una ley su único papel es hacer que se cumpla deberían de dar explicaciones sobre una posición tan inusual.
Impedir que se cumplan leyes, desobedeciendo los cauces legales y negándoles su legitimidad degrada las instituciones. Solo un imperativo ético o humanitario muy poderoso podría explicar algo así en un estado de derecho. Es totalmente legítimo estar en contra de una ley pero hay cauces establecidos para cambiarla, el papel de los partidos políticos es establecer el marco legislativo y hacer que se cumpla, de forma que si ese es el problema pueden luchar por la derrogación en lugar de desautorizar al Parlamento que la aprobó.
*Ana Paloma Luján Rojo es licenciada en Historia por la Universidad de Murcia
